La historia de la Unión Europea es la historia de las necesidades del capital financiero e industrial de Europa occidental. En el Tratado de Roma de 1957 se plasman las necesidades de reestructuración de los Capitales de Europa. En aquella primera época no se escondía el carácter primordialmente económico de la iniciativa, que se pretendía inicialmente mejorar las relaciones económicas entre los países miembros y expandir sus mercados. En la segunda mitad de los 70, el Neoliberalismo, política más favorable a las élites financieras, es aceptada por las élites industriales como única vía para salvar el capitalismo de la inestabilidad económica y la inflación. Consenso agotado en los últimos años y que será reformado, esta vez en detrimento de los financieros, rebajando los niveles de deuda para salvaguardar el sistema económico de nuevo. En 1976, de la mano del laborista James Callaghan y a través del FMI, el Neoliberalismo aterriza en Europa. A Callaghan le sucedió el gobierno de Thatcher en 1979 que continuó aplicando las recetas neoliberales de una manera más radical aun si cabe. La elección de Ronald Reagan en noviembre de 1980 fortaleció la tendencia liberal y monetarista que era representada principalmente por Inglaterra, y en segundo lugar por Alemania. Poco a poco en la primera mitad de los 80 todo el norte de Europa occidental, con la excepción de Suecia, se unió de forma clara al bloque liberal monetarista. A partir de 1980, coincidiendo con el consenso neoliberal, comenzó la expansión de los mercados de la entonces CE hacia el sur de Europa produciéndose la incorporación al mercado común de Grecia, Portugal y España. A pesar de que los presidentes de estos tres países Papandreu, Soares y González consiguieron el apoyo del movimiento obrero y popular presentándose como una alternativa a Thatcher y Kohl, aceptaron e implementaron el modelo neoliberal europeo en sus respectivos países y convirtieron a los revolucionarios de los 70 en reformistas anhelantes de un estado social europeo que nunca habían conocido.
En 1985 la Comisión elaboró el Libro Blanco del Mercado Interior que iniciaba el proceso para el establecimiento del mismo a través del Acta Única, que se firmará en 1986 y entrará en vigor en 1987.
El acuerdo más importante alcanzado en el Acta Única es el Mercado Único que tenía como objetivo eliminar todas las trabas internas a la libre circulación de mercancías para 1993, al tiempo que ampliaba la circulación sin restricciones a los servicios, los capitales y las personas. Se trataba de eliminar las fronteras al comercio, al movimiento de los capitales y a las personas para el 1 de Enero de 1993. Con el Acta Única se empezaron también a dar los primeros pasos en la privatización de ciertos servicios públicos a la producción, como comunicaciones y energía, proceso que se expandió fuertemente en la década de los noventa.
El Mercado Único supuso que los países más potentes de la Comunidad pudieran operar sin ninguna traba en todo el territorio comunitario, lo que se tradujo en un duro golpe para la industria de los países más atrasados como España.
La desaparición de las fronteras internas está en la base de un profundo reajuste de la estructura productiva española, que esta llevando de forma permanente a debilitar el tejido productivo español y convertirlo en una estructura fuertemente especializada en unas pocas líneas de producción y servicios de escaso valor y explotación intensiva del trabajo.
Una estructura productiva de esta naturaleza supone una dependencia muy fuerte en pocos sectores, que además están estrechamente vinculados a otros países, con un desarrollo tecnológico de segundo orden, también dependiente, y con altas tasas de paro.
Las consecuencias del Acta Única son graves y permanentes. Fruto de la implantación de los estos requisitos de entrada de España en la UE, el paro estructural en España se consolida en el 10% y durante el periodo de 1986 a 1991 se mantuvo por encima del 20%. Dos millones de personas quedaron excluidas para siempre en el estado español.
En 1989 se presento el Informe Delors para la transformación de la CE en la Unión Económica y Monetaria (UEM). A través de este Plan la CE profundiza en el esquema neoliberal. Entre los elementos más importantes del Plan, que se tenían que cumplir antes del final de 1993, se tiene que destacar la liberalización de los movimientos de capital en 1990. Es decir, dejar de regular las transacciones en dinero entre diversos países y que éstas tengan lugar según ‘los mercados’.
A partir del Informe Delors los estados dejan de poder financiarse en condiciones ventajosas en sus respectivos Bancos centrales para acudir obligatoriamente a los capitales privados.
En la década de los 90 se continuó implementado el esquema neoliberal y consolidando el germen del modelo económico actual con el Sistema Monetario Europeo, el pacto de estabilidad, el Banco Central Europeo. Todo ello encaminado a la construcción de una moneda internacional de reserva, el Euro, cuyas consecuencias siempre son nefastas para los pueblos que las soportan, como hemos podido sentir en los últimos años los pueblos que formamos parte Unión Monetaria.
En paralelo y tomando como base el informe coordinado por Delors en 1996 “La educación encierra un tesoro”, la UE adopta como estrategia de competitividad en el libre mercado mundial la economía basada en el conocimiento dentro de la que los sistemas educativos estaban llamados a tener un papel preponderante.
Este proceso comienza declarando el mercado de la educación en 1999 con la declaración de Bolonia. En el año 2000 la agenda de Lisboa establece como objetivo macroeconómico que:
La Unión se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.”
Lisboa. Consejo Europeo. Marzo 2000.
La construcción del capitalismo del conocimiento, continuó a lo largo de la década con las declaraciones de Praga en 2001, de Berlín en 2003 y de Bergen en 2005. En la segunda mitad de la década y con la crisis económica de por medio, lejos de considerarse fracasada, la estrategia se reformuló en varias ocasiones hasta aparecer reforzada en la estrategia Europa 2020.
¿Dónde queremos que esté Europa en 2020?
El núcleo de Europa 2020 debería estar constituido por tres prioridades:
Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva.
Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial.
Estas tres prioridades se refuerzan mutuamente y ofrecen una imagen de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI.
Estrategia Europa 2020. Comisión Europea. 2010.
Modelo económico y mercado de trabajo.
A partir de los años ochenta las sociedades industriales pasan de considerar prioritario el problema del pleno empleo a otorgar primacía a la estabilidad monetaria. Ésta tiene como objetivo la reducción de la inflación, y en su desarrollo aparecen dos factores: la política presupuestaria y la estructura de los mercados de bienes y trabajo.
Los grandes propietarios de capitales que invierten sumas enormes de capital en el mundo entero tienen que convertir sus dólares en las monedas de los países a los que acuden, para poder operar en los mismos. Si los precios suben en estos países, las monedas pierden valor, con lo que los grandes capitales, si quieren marcharse de ese país y volver a recuperar las monedas de origen, pierden dinero por la diferencia de cambios. Como los grandes capitales financieros invierten a corto plazo quieren entrar y salir de los países sin perder dinero, por lo que es necesario controlar que los precios no suban. La inflación también supone por un lado la depauperación de aquellos sectores sociales que viven de rentas y de conceder préstamos, y por otro somete a las grandes fortunas a una elevada presión para revalorizarse y perpetuarse.
Por esto, la inflación se convierte en el objetivo principal de la política económica neoliberal en todos los países. Si a eso se añade que la parte productiva de la economía pone un gran peso en las exportaciones, y si los precios suben más que en otros países es más difícil exportar, se puede entender que para la estrategia económica neoliberal la inflación sea el mayor enemigo para controlar, por el cual hay que sacrificar cualquier otro objetivo, especialmente el del empleo.
Desde el Neoliberalismo se impone como diagnóstico de la crisis anterior la regulación de los mercados y que la atenuación de los mecanismos de libre mercado está en el origen de la inestabilidad económica. Se produce la sustitución de lo que se denominó un modelo rígido por uno flexible. La flexibilidad tiene un contenido preciso: la puesta en marcha de formas de regulación nacidas autónomamente del mercado. Comienza a hablarse de capitalismo desorganizado.
Durante la década de los 80, al igual que la UE, la mayoría de países fueron asumiendo la liberalización de los intercambios comerciales y los movimientos de capital, consolidándose este proceso en la década de los 90 con lo que vino a llamarse globalización. Sus consecuencias comenzaron a notarse ya en los noventa con las crisis de deuda como la de México en 1994, la del sudeste asiático en 1997, las de Argentina y Brasil de 1999 o las del sur de Europa en los 2000.
La teoría es la de la división internacional del trabajo de David Ricardo que llega a la actualidad sin grandes modificaciones en lo esencial. Cada país debe especializarse en aquellas actividades en las que disponga de alguna ventaja comparativa y competir sin restricciones con el resto en un mercado mundial. Según la teoría neoliberal, aunque en un primer momento puedan producirse desequilibrios, se alcanzaría un equilibrio óptimo y un equitativo reparto de la riqueza.
La realidad ha sido otra, los países mas ricos han terminado arrasando al resto y adueñándose de los mercados y la libre circulación de capitales, lo que ha hecho que esta situación se mantenga en el tiempo destruyendo los tejidos productivos de los países mas débiles, provocando un fuerte endeudamiento y condenando a la miseria a grandes capas de la población.
La globalización y la competitividad internacional provocan acelerados cambios en el entorno y en el interior de la empresa. Para reducir la incertidumbre y obtener una mejor adaptación a las necesidades cambiantes nacidas del mercado, la Flexibilidad se convierte en pieza clave para la supervivencia de la organización empresarial.
La flexibilidad alude básicamente a la adaptación de la organización de la producción a las condiciones cambiantes del mercado. Flexibilidad es la respuesta implícita en la puesta en primer plano de la competitividad. La flexibilidad se plantea en tres momentos: Primero el acceso o entrada al proceso productivo, tanto de bienes como de fuerza de trabajo, que deben permanecer libres de toda constricción. En segundo lugar, la organización de la producción, que implica tanto la movilidad de la fuerza de trabajo y la innovación tecnológica sin restricciones como el aumento de la velocidad de producción. Esto requiere flexibilidad en la organización. En tercer lugar flexibilidad en la salida, tanto del puesto de trabajo como de las mercancías.
El acceso o entrada al proceso productivo
Para aumentar la competitividad en el mercado las empresas necesitan disponer en tiempo y cantidad de los recursos productivos que en ese momento demande la organización, al menor precio posible.
Con el enfoque neoliberal de subvención de la oferta los poderes públicos se centran en garantizar la existencia en exceso de dichos recursos para asegurar el menor precio. Se pasa del objetivo político del pleno empleo a presentar el trabajo como un bien escaso.
Se impone la teoría de Friedman, de la tasa natural de paro o desempleo estructural. Esta teoría, gracias a la cual dos millones de personas en el estado español han quedado permanentemente excluidas, nos dice que cuando el desempleo se reduce o intenta reducirse por debajo de un determinado nivel provoca tensiones inflacionistas, por lo que siempre ha de existir un numero suficiente de desempleados que garantice una estabilidad de precios.
En un primer momento la creación del “mercado de trabajo” con mayor cantidad de personas ofreciéndose para trabajar que empresas demandando trabajo contribuye a la flexibilidad de entrada, a disminuir la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras activos, a disciplinar las plantillas por miedo al desempleo y a presionar sobre salarios y condiciones a la baja. Pero pronto esta medida por sí sola deviene en ineficaz.
En primer lugar, a medida que aumentan las cualificaciones específicas de un núcleo de trabajadores, aumenta su poder de negociación, independizándose éste de las condiciones exteriores. En segundo lugar, las cualificaciones y capacidades profesionales de las personas en desempleo permanente o de larga duración se devalúan frente a la de las personas activas, por lo que el poder de negociación de estas últimas se mantiene intacto a pesar del desempleo. Además, las políticas deflacionistas producen un aumento constante del desempleo, incluso en periodos de crecimiento, y centran las políticas de formación empresariales en la formación interna aumentando así el poder de negociación de los grupos con empleo estable.
Frente a este problema de subida de salarios y por ende de pérdida de competitividad y capacidad exportadora, desde la óptica neoliberal caben dos soluciones: La primera es un regreso a fórmulas de organización anteriores, descualificando los puestos de trabajo, algo inviable en el sector industrial actual de especialización flexible; la segunda consiste en el desarrollo de sistemas de formación profesional que produzcan en cantidad suficiente de individuos con las cualificaciones necesarias. Se impone aquí la necesidad de la formación permanente y de un sistema educativo que genere sujetos con la capacidad de adquirir las cambiantes habilidades de forma rápida.
De este modo, la intervención del estado en el área de formación reduce los cuellos de botella del mercado, anulando las tensiones inflacionistas y garantizando los márgenes de beneficio empresarial situados entre el salario y los precios de venta.
“Un salario «realmente percibido» más elevado incentiva el empleo de los trabajadores poco cualificados, a la vez que, en un determinado nivel de salarios, los empleadores cubren más fácilmente las vacantes si se reduce la presión salarial. Sin embargo, al establecer las prestaciones en el empleo deben evitarse las trampas que conllevan los salarios bajos. Se alcanzan efectos positivos cuando existen disparidades de ganancias significativas en la parte inferior de la distribución de los ingresos.”
Hacia una recuperación generadora de empleo. Comisión Europea. 2012.
Formación y desempleo.
En este contexto, en un primer momento se teoriza la voluntariedad del desempleo. En un mercado de trabajo solo quedan fuera del acceso aquellas personas que sobrevaloran su fuerza de trabajo, es decir, aquellas personas que quieren cobrar más por su tiempo de lo que las empresas están dispuestas a pagar. Solo se considera desempleo involuntario el de aquellas personas que están dispuestas a trabajar por un precio inferior al del mercado y aun así no pueden hacerlo.
A partir de aquí el problema del desempleo se focaliza en las rigideces del mercado de trabajo. El derecho del trabajo, los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras estables con poder de negociación, el Salario Mínimo….. hacen un mercado menos competitivo y detraen la inversión de capitales y por tanto la creación de empleo.
Este diagnóstico mezclado con la insuficiencia de la tasa natural de desempleo para presionar a la baja los salarios dan lugar a las políticas de solidaridad activa y a las políticas activas de empleo. Sendos eufemismos de flexibilidad que impulsan la precariedad de masas y colocan el motivo del desempleo, además de en lo anteriormente mencionado, en su falta de cualificación.
Progresivamente, desde las políticas de subvención de la oferta se ha ido articulando un segundo ejército de reserva, clave para la devaluación interna, constituido por un número de individuos similar al desempleo estructural, que están en continuo bucle de paro-actualización de competencias-contratos temporales.
«-Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos- Esto significa a las personas mediante la adquisición de nuevas cualificaciones con el fin de que la población activa actual y futura se adapte a las nuevas condiciones y a potenciales cambios de carrera; reducir el desempleo; e incrementar la productividad laboral adaptar el marco legislativo a las nuevas modalidades del trabajo (por ejemplo, jornada laboral, trabajadores desplazados).”
Iniciativa de la Estrategia Europa 2020.
Las políticas activas, además de ser un lucrativo negocio en sí mismas para las ETT´s, sindicatos, fundaciones y demás entidades que paulatinamente van privatizando el Servicio Público Estatal de Empleo, proporcionan de forma continuada al sistema productivo una abundancia de recursos humanos con competencias actualizadas y adecuadas a cada innovación del sistema productivo, dispuestos a trabajar por bajos salarios y por tiempo limitado.
Un ejemplo paradigmático de estas prácticas de subvención directa e indirecta a través de la formación es el contrato de apoyo a emprendedores formulado en la última reforma laboral:
Se establece un subvención directa para la empresa de 3000€ por el primer trabajador si es menor de treinta años. Adicionalmente el empleador tiene derecho al 50% de la prestación por desempleo que le quede por percibir al trabajador. El importe quedará fijado en el momento de la contratación y no se modificará por circunstancias posteriores. El trabajador permanecerá contratado 3 años y podrá completar su salario con un 25% de su prestación a costa de consumir futuros derechos. De entrada supone que trabajadoras y trabajadores estén dispuestos a reducir su salario un 25%.
No se establecen límites al encadenamiento de este tipo de contratos, solo un periodo de carencia mínimo de tres meses entre ellos, lo imprescindible para reciclar competencias en alguna ETT.
Gestión del proceso productivo y de la mano de obra.
Un entorno de competencia mundial, sometido a importantes y profundos cambios continuos, hace necesario para la supervivencia de la organización empresarial reforzar el poder de la gerencia en lo que se refiere a tiempos de adaptación de la organización a nuevas condiciones, fomentar la autonomía del individuo, aumentar la productividad mediante la innovación del producto y de los procesos, evitar el conflicto interno y una recualificación permanente de la fuerza de trabajo.
La adaptación rápida a las necesidades cambiantes del mercado exige la flexibilidad en la gestión para que la organización no se rompa. La flexibilidad de la gerencia es condición necesaria para hacer frente a los cambios. Esta flexibilidad debe ser correlativa a la flexibilidad de la fuerza de trabajo. En esta alusión a la flexibilidad están implícitos dos elementos.
El primero es la posibilidad de modificar la organización de la producción, adaptándola a los cambios del mercado, lo que hace necesario el aumento de la capacidad de mando de la gerencia. En cada cambio normativo vemos como aumenta el contenido del ius variandi del empresario. Ante la inestabilidad del entorno, la gerencia se independiza de la negociación colectiva recuperando así su autonomía para imponer de forma rápida los cambios organizativos que permitan mantener la competitividad.
La puesta en primer plano de la competitividad hace imprescindible la ausencia de conflicto. En modelos anteriores ya vemos la atenuación del conflicto capital-trabajo, con el paso del sindicalismo revolucionario a la paz social a cambio de participación en los beneficios. En la actualidad el conflicto se desplaza del interior de la empresa al entorno, se da una adhesión total gerencia-trabajador alrededor de la competición por la conquista de mercados de una empresa contra otra o de un estado contra otro. Este control ideológico es uno de los fines perseguidos en la formación en el espíritu empresarial encomendado por los desarrollos normativos da la agenda de Lisboa a los sistemas educativos.
El segundo es la necesidad de autonomía del trabajador/a. La flexibilidad resulta incompatible con una regulación de todos los aspectos de la producción, así como la asignación rígida de tareas. El individuo ya no debe realizar tareas simples, repetitivas y descualificadas en una cadena de producción en masa. La flexibilidad en la producción exige que el individuo sea capaz de hacer frente a los imprevistos, a los cambios y que pueda realizar por si mismo diferentes tareas de cierto grado de complejidad.
En este modelo de forma automática se impone la necesidad de la formación continua, que se ha ido desarrollando en las sucesivas reforma laborales. Por ejemplo el Real Decreto-ley 16/2013 de medidas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores (última reforma laboral) dentro del epígrafe «Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores» en materia de Formación Profesional, reconoce, con cargo a la empresa, el derecho del trabajador a la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. Asimismo, reconoce a los trabajadores con menos de un año de antigüedad en la empresa un permiso retribuido de 20 horas anuales para la formación vinculada a su puesto de trabajo. También crea una cuenta de formación asociada al número de afiliación a la Seguridad Social, en la que se inscribirá toda la formación recibida por el trabajador o trabajadora a lo largo de su vida laboral.
Desde la entrada en vigor de esta reforma se amplia hasta los 33 años la edad de los contratos formativos. De esta manera, puede realizarse a la misma persona más de un contrato formativo por la misma empresa cambiando el puesto de trabajo y permitiendo que la formación teórica inherente a este tipo de contratos se dé en la propia empresa por entidades de formación no reconocidas oficialmente por el sistema nacional de empleo y la ley de formación profesional. Además, se permite formar en materias no reconocidas oficialmente por la ley orgánica 5/2002 de formación profesional. La consecuencia es clara, negocio redondo sin ningún tipo de control.
Cabe recordar que el salario de las personas trabajadoras sometidas a este tipo de contratos es del 75% del SMI (480€ ) el primer año y del 85% el segundo y tercer año (544 €).
Pero esta formación no representa una garantía suficiente de desarrollo de la autonomía necesaria en el marco de la especialización flexible. Bajo esta presión de la búsqueda de una flexibilidad máxima, la tarea se traslada a todos los niveles del sistema educativo.
Desde la primera década de los 2000 en la búsqueda de una contribución óptima del sistema educativo al modelo económico y productivo, se introdujo un nuevo concepto de “competencia” en el que sólo cuenta el resultado productivo final: no importa lo que el alumno haya podido memorizar, entender, dominar, sistematizar… con tal de que demuestre su capacidad de llevar a cabo una tarea que se le haya confiado. El acto de enseñar, se transforma entonces en una especie de evaluación permanente de los alumnos, en situaciones potencialmente inéditas para ellos. Se trata de adiestrar al futuro individuo trabajador en la adaptabilidad desde la infancia.
“Las competencias clave resultan esenciales en una sociedad basada en el conocimiento y garantizan una mayor flexibilidad de la mano de obra, lo que le permitirá adaptarse más rápidamente a la evolución constante de un mundo que se caracteriza por una interconexión cada vez mayor. Estas capacidades constituyen también un factor esencial de innovación, productividad y competitividad, y contribuyen a la motivación y la satisfacción de los trabajadores, así como a la calidad del trabajo.”
Comisión Europea. Informe del Consejo Europeo sobre Educación. Febrero 2001.
Dentro de este modelo la competitividad y la productividad no solo aumentan por el abaratamiento y la adaptabilidad del factor trabajo, existe otro factor clave que es la innovación. A su vez, la innovación consta de dos partes: la innovación de productos y la innovación en los procesos. La creación de un nuevo producto o de una nueva tecnología abre un nuevo nicho de mercado de alto valor añadido. En un primer momento el mercado se expande creando posibilidades de negocio y empleo, en un momento posterior el mercado se satura y comienza una carrera por la supervivencia de las empresas basada en el aumento de la productividad vía innovación en el producto, y en un tercer momento el nicho de mercado deja de ser un negocio atractivo. Dentro de este modelo el papel protagonista en la tarea de suministrar estas continuas innovaciones se ha otorgado a la educación superior. Surge así la nueva misión de las Universidades como nuevos centros de formación profesional algo más entrenada. A lo que debe añadirse la creación y transferencia de conocimiento, que transforma a las universidades en un Departamento de Innovación del sector empresarial a costa del erario público. La misión del estado es garantizar un marco de seguridad jurídica para las empresas en el que micro empresas innovadoras puedan ser creada rápidamente y sin trabas, con acceso a capital y posibilidad exportadora. Se hace esencial disponer de mano de obra con las competencias necesarias o que las adquiera de forma rápida puesto que la relación laboral dura lo mismo que la rentabilidad del producto en el mercado y después al sistema de reciclaje. Aquí es donde entraría la segunda misión del espíritu emprendedor, personas que pusieran en el mercado estas innovaciones, asumiendo todos los riesgos pero siempre bajo el yugo de los fondos de capital. La función de suministro de mano de obra corresponde principalmente a la formación profesional reglada a pesar de que desde la implantación del EEES los grados universitario se han convertido en una suerte de formación en competencias profesionales de ciclo largo. Aun así la apuesta decidida es por la formación profesional reglada. En este sentido el Gobierno expresó en el Anteproyecto de la LOMCE que:
“Para el objetivo del fomento de la empleabilidad, se propone canalizar una mayor proporción de estudiantes a la formación profesional.”
y en Plan Nacional de Reformas de 2012 que:
“Para llegar al año 2020 en términos de similitud entre el nº de alumnos que optan por Bachillerato y por la FP, sería necesario un descenso anual, desde el curso 2012/2012, del 1,9% de alumnos en Bachillerato con un aumento simultáneo de un 8% de alumnos en ciclos formativos de grado medio”.
La razón es que desde el punto de vista del modelo económico, es positivo que exista sobrecualificación en los puesto de trabajo porque ayuda a la innovación en el proceso productivo. Pero una sobreabundancia, en primer lugar, es un gasto inútil del estado en educación y, en segundo lugar, es un peligro inflacionista puesto que presiona los salarios al alza.
Un ejemplo concreto: Universia.
En julio de 2000 el Banco Santander crea Universia con el apoyo de 35 universidades españolas, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre 2000 y 2005, Universia se establece en 11 países iberoamericanos, completando su presencia en todos los países en el año 2010.
En la actualidad está formada por 1.262 universidades socias de 23 países iberoamericanos, que representan a 16,2 millones de profesores y estudiantes universitarios. Un desmesurado monstruo que controla y financia la creación de conocimiento e innovación adecuado al modelo.
Veamos alguna de sus líneas de acción:
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Conocimiento: Motor de innovación. Conectar la investigación con la empresa, utilizando tecnología para difundir el conocimiento y promoviendo la formación a lo largo de toda la vida.
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Colaboración: Vínculos entre universidades y empresa. Crear espacios para el debate y la relación interuniversitaria, y posicionar a los profesores universitarios como agentes del cambio empresarial.
A la par que Universia, el Banco Santander tambien creó UNINVEST, es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo creada para potenciar la transferencia de conocimiento desde centros públicos de investigación a la Sociedad a través de la creación de empresas.
“Nuestro lema, “Financiamos el Conocimiento” resume nuestra razón de ser: impulsar la creación de empresas promovidas por investigadores universitarios y/o basadas en tecnologías desarrolladas en la Universidad, aportando capital riesgo en las fases iniciales y dando apoyo al equipo promotor de la empresa.”
También el Gobierno y los sindicatos pactaron en el acuerdo económico y social de febrero de 2011, en el apartado «Creación de empleo en el marco del nuevo modelo productivo» el lanzamiento de un nuevo Fondo de Capital Riesgo:
Con esta iniciativa se trata de dar respuesta a un déficit histórico de nuestra economía, posibilitando que los emprendedores económicos dispongan de los recursos necesarios para la creación y consolidación de empresas viables, que atraigan la inversión internacional e impliquen la contratación de trabajadores cualificados.
El Fondo contará con una dotación pública y prevé una captación adicional de recursos privados en régimen de coinversión mayoritaria, contemplando inversiones directas en fondos especialistas y empresas de alto contenido tecnológico.
Ésta no será la primera ni seguramente la última vez que se vea a la izquierda parlamentaria y a los sindicatos «combatir» el neoliberalismo con más neoliberalismo. Un claro ejemplo de las consecuencias de aplicación de este modelo en el que los fondos de Capital Riesgo y los grandes fondos de pensiones controlan la producción de conocimiento y su comercialización, lo podemos encontrar en la fabricación del medicamento Sovaldi, capaz de curar la Hepatitis C enfermedad que mata a más de 50.000 personas al año en la Unión Europea. Según los cálculos de la farmacéutica Pharmasset el coste del tratamiento asciende a unos 50 euros por paciente, pero los fondos buitre que controlan la comercialización de Sovaldi han decido vender el tratamiento a 20.000 euros por paciente. Lo que ha generado 11.000 millones de euros de beneficio para los fondos de capital en 2014 y la muerte de miles de personas por no poder costearse el tratamiento. ¿Qué hubiera pasado si Alexander Fleming hubiera descubierto la penicilina en la sociedad del conocimiento?. En definitiva, nos encontramos ante un modelo económico criminal diseñado para crear una burbuja de cada avance científico, técnico o humano que reporte altas tasas de beneficio a corto plazo. A su vez, se necesita moldear a las personas para que sean funcionales a este nuevo modelo productivo. El capital nos necesita cualificados, reciclables, flexibles, adaptables, competitivos, innovadores, baratos… en una palabra, explotables. A este fin sirven todas las reformas que estamos viendo en las distintas etapas de la educación, reglada o no, secundaria y superior. En especial, se necesita reducir la sobrecualificación teórica, reducir los tiempos de formación y aumentar la competencias técnicas básicas de modo que faciliten una especialización técnica muy concreta en cada momento y una rápida recualificación posterior, tantas veces como sea necesario, es decir, mantener un alto grado de explotabilidad y funcionalidad al modelo durante toda la vida.
Acción Social y Sindical Internacionalista marzo 2015