«A los tribunales de EEUU no les interesa demasiado hacer justicia»

Kammer pertenece al Georgia Resource Center, organización sin ánimo de lucro establecida en 1988 para ofrecer asistencia legal gratuita a indigentes condenados a muerte.

«Me sorprende mucho que el Tribunal Supremo no haya actuado. Es claramente ilegal ejecutar a un discapacitado mental. Pero desde hace años sostengo que los tribunales están obsesionados con el procedimiento, las reglas, la finalidad, etc., mientras que no les interesa demasiado hacer justicia», dijo.

Kammer explicó que «parte de la evidencia llegó a nosotros con el caso avanzado. Por ejemplo, los tres médicos del Estado que habían testificado que Hill tenía las habilidades cognitivas intactas concluyeron más tarde que efectivamente era un discapacitado intelectual, pero recibimos su testimonio en 2013, y el tribunal no quiso considerarlo». La ejecución de Hill ha levantado una polémica sin precedentes en EEUU. Entre los que suplicaron clemencia esta la Asociación Americana para el Progreso de las Personas de Color y la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo.

El Tribunal Supremo dictó en 2005 que es anticonstitucional ejecutar a un discapacitado mental, pero permite que sean los Estados los que definan la incapacidad. Con un coeficiente mental de 70, los fiscales arguyeron que Hill, acusado de asesinar a otro interno en la cárcel donde cumplía condena por un asesinato previo, era autosuficiente, y podía, por tanto, ser ejecutado.

Le preguntamos a Kammer cómo se explica que EEUU fuera el quinto país que más personas ejecuto en 2013, sólo por detrás de China, Irán, Irak y Arabia Saudí. «La pena de muerte en este país tiene una larga historia, especialmente en el Sur. Existe un nexo histórico entre las ejecuciones y los linchamientos, que se usaron tras la Guerra Civil para aterrorizar a la población negra. Con el tiempo las élites y el resto de la sociedad comprendieron que era poco civilizado, así que adoptan la pena de muerte, que es más aceptable. Básicamente hay seis Estados que siguen ejecutando, y los seis están en el Sur».

Según el abogado «casi todos los reos sentenciados a muerte en EEUU son pobres, un caso así cuesta cientos de miles de dólares, necesitas expertos legales e investigadores para montar un caso, y es muy caro». Desde que se restituyó en 1976 y hasta 2014 en EEUU se ha ejecutado a 1379 personas.

Kammer también participó en la defensa del veterano de guerra Andrew Brannan, ejecutado el pasado 13 de enero en Georgia. Brannan había asesinado a un policía en 1998. Los psiquiatras dictaminaron que sufría estrés postraumático como consecuencia de sus experiencias mientras combatía en Vietnam.

«En cuanto a Brannan, su crimen también tuvo mucho que ver con su discapacidad intelectual, pero no logramos que los tribunales lo tuvieran en cuenta», dijo. «Este es el síntoma de un sistema enfermo, un sistema roto, que se ha olvidado de que tiene que defender a la humanidad».

Respecto a la posibilidad de que la pena de muerte sea abolida en un futuro, comentó que «probablemente veremos menos casos, entre otras cosas porque en EEUU el número de crímenes violentos ha descendido de forma dramática, pero también porque cada vez está más claro que se trata de casos muy costosos, que consumen muchos recursos, y serán paulatinamente sustituidos por la cadena perpetua. Entre los conservadores está creciendo la oposición a la pena de muerte precisamente por eso, por los costos, pero no por una cuestión humanitaria».

Hoy, jueves 29, está prevista en Texas la ejecución de Robert Ladd, con un 67 de coeficiente intelectual. Según explica el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte, «Texas permite la ejecución de un discapacitado mental si se demuestra que planificó previamente la comisión del delito. Texas es el único Estado que opera así, a pesar de que los criterios que maneja carecen de base científica».