Ricardo Beltrán
Los poderes reales que operan en la Argentina han elevado un escalón en su guerra de baja intensidad por medio de la muerte inducida del fiscal Alberto Nisman, quien fuera instigado a quitarse la vida al no dejarle alternativa entre su vida y la de su familia o tal vez fue víctima de un killer.
Esta muerte generó un terremoto político que va propagando su onda expansiva con el paso de los días y que tiene como agentes de propagación a los medios de comunicación privados Clarín, Nación y sus medios asociados para mantener en vilo a la población.
Tanto las empresas transnacionales estadounidenses y europeas como sus servicios de inteligencia, se hicieron presentes en los medios radiales y televisivos como una estrategia de culpar a la policía y a los servicios de inteligencia argentinos, aunque por la argumentación presentada por estos supuestos especialistas en seguridad personal, seguridad informática o periodistas, fueron algunos de sus empresas privadas de servicios de inteligencia los que participaron en esta muerte de un fiscal de la nación, para luego cargar la responsablidad al gobierno.
Estas empresas de servicios de seguridad son empresas tercerizadas de la CIA, el FBI, Mossad, MI5, BND, Franceses o el SGRS y están presentes en Argentina tanto en sus embajadas como en sus oficinas clandestinas, disfrazadas bajo fachadas, o empresas legalmente constituídas que realizan servicios de asesoramiento, seguridad, chantajes, extorsiones, secuestros o asesinatos, de acuerdo a las órdenes emanadas de la «superioridad».
Con este nefasto panorama no llama la atención los acontecimientos que se han sucedido en los últimos años en el país, desde el secuestro de Julio López, aún desaparecido, el golpe blando parlamentario del año 2008, que tomó a la presidenta por sorpresa y sin tiempo de reaccionar por falta de información propia y por el accionar de estos servicios extranjeros en el país, el asesinato de Mariano Ferreira, el hackeo de correos electrónicos, escuchas telefónicas a funcionarios, la obtención ilegal de datos para iniciar causas penales contra la presidenta, el vicepresidente y algunos ministros.
Estas verdaderas mafias operan en el país y se mantienen intactas, aumentando su poder de influencia en la policía, las aduanas y aeropuertos, las fuerzas armadas, el poder judicial, los estudios de abogados, escibanías, inmobiliarias, empresas de construcción, bancos, casas de cambio, hoteles, empresas de transporte, petroleras, farmacéuticas, mineras, alimenticias, salas de cine, discográficas, diarios, TV, internet.
Este impresionante poderío parece haber sido subestimado en el caso de la muerte del fiscal, pues se ha iniciado en el año electoral una guerra de IV generación sobre el gobierno de Cristina Fernández que se encuentra en minoría numérica, falta de información veraz y oportuna, pocos analistas eficaces y eficientes, colaborados con poca experiencia en contra-inteligencia y guerra psicológica inversa, y en seguridad informática.
Un golpe mafioso esta amenzando seriamente al gobierno