Ángel Guerra Cabrera
El plan golpista denominado Operación Jericó fue abortado por los órganos de seguridad bolivarianos los días 11 y 12 de febrero pasados. Entre los objetivos contemplados por el plan estaba el ataque o bombardeo al Palacio de Miraflores, el Ministerio de Defensa y Telesur. Dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad y ya Estados Unidos ha tenido que sufrir varias veces importantes derrotas mediáticas, como en el golpe contra el presidente Hondureño Manuel Zelaya, gracias a las verdades difundidas por Telesur desde el terreno. Los principales implicados en la conspiración fueron detenidos, entre ellos militares retirados y en activo. Sus declaraciones y la investigación de los hechos condujeron días después al arresto y encausamiento de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas.
Hace alrededor de un año también fue detenido Leopoldo López, quien poco antes había llamado desde Miami a «adelantar la salida del gobierno… y que Nicolás Maduro tiene que salir antes que tarde de la Presidencia de Venezuela…como vamos a esperar seis años más… no podemos asumir una actitud propia de un sistema democrático». López es el responsable del desencadenamiento en enero de 2015 de «La salida», un plan desestabilizador que inició con protestas estudiantiles de universidades privadas y rápidamente tomó un cariz de extrema violencia, que costó la vida a 43 personas, entre ellas militantes chavistas y miembros de los cuerpos de seguridad. En las llamadas guarimbas (barricadas donde se utilizaba una violencia feroz contra simpatizantes chavistas, miembros de cuerpos de seguridad o simples transeúntes) intervinieron activamente mercenarios, incluyendo paramilitares colombianos, entre ellos francotiradores que con sus disparos ocasionaron varias muertes. En el caso de los graves disturbios en la ciudad de San Cristóbal fue fundamental la actuación de los paracos colombianos y de delincuentes pagados.
He visto en Caracas el indignado reclamo de miembros del Comité de Víctimas de las Guarimbas por que se haga justicia a los responsables de esos actos de violencia.
Ledezma, es el prototipo del político sin escrúpulos del viejo partido Acción Democrática. Como López, fue partícipe del derrotado golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez de 2002, pero ambos se beneficiaron de la generosa amnistía del comandante. De modo que sus actividades golpistas los convierten en reincidentes.
Al igual que Atilio Borón, cabe preguntarse si estos personajes hubiesen corrido igual suerte en Estados Unidos de haber intentado allí el derrocamiento del gobierno (www.cubadebate.cu/opinion/2015/02/22/conspirar-en-estados-unidos).
En su Doctrina de Seguridad Nacional de febrero de este año dice el presidente Obama: «Nosotros apoyamos a ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos». He aquí la explicación del extraordinario incremento de las acciones golpistas contra la Venezuela bolivariana, uno de los países más democráticos del mundo desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia.
El golpismo se intensificó sobre todo a partir de la elección del presidente Maduro en abril de 2013. Washington y las oligarquías decidieron a echar toda la carne al asador para destruir a la Revolución Bolivariana, aprovechando la muy sensible ausencia física de su líder histórico. Desde ese momento la violencia brota periódicamente con el telón de fondo de una colosal campaña mediática internacional de descrédito contra el gobierno bolivariano, aún mayor que la llevada a cabo desde la primera campaña electoral de Chávez(1998) hasta su deceso. Sus protagonistas principales son los principales diarios y televisoras de Estados Unidos y Europa, El País de Madrid y sus homólogos de la Sociedad Interamericana de Prensa, CNN en español, Televisa y sus iguales de la región.
¿Quién pagó y sigue pagando mercenarios por realizar acciones violentas en Venezuela?
La oposición venezolana detesta la democracia pero las instrucciones de Washington la llevan a transitar descaradamente de reiterados y –últimamente- constantes intentos de derrocar al gobierno bolivariano, al usufructo del «mejor sistema electoral del mundo» según la definición del ex presidente de Estados Unidos James Carter. La oposición gobierna en unos cuantos estados, en numerosos municipios y tiene una importante, aunque minoritaria, representación en la Asamblea Nacional.
Parte importante de las acciones golpistas ha sido el desabastecimiento, provocado por los grandes empresarios que acaparan o contrabandean hacia Colombia los productos subsidiados de la canasta básica que compran con dólares vendidos a precio preferencial por el gobierno venezolano.
En la planificación del golpismo contra Venezuela participa activamente Estados Unidos y sus embajadas en Caracas y Bogotá. El gobierno bolivariano presentó un intercambio de correos electrónico entre el embajador yanqui en Colombia y la líder opositora María Corina Machado en que se evidencia un importante financiamiento enviado por aquel a esta para romper los «anillos de seguridad», presuntamente del presidente Maduro y otros líderes revolucionarios.
Washington utiliza también a fundaciones como el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Nacional Republicano o solicita la colaboración de personajes de confianza como los ex presidentes Álvaro Uribe, Sebastián Piñera, Andrés Pastrana o Felipe Calderón para encubrir su liderazgo golpista. Renglón aparte merecen los legisladores cubanoestadunidenses Ileana Ross_Lehtinen, Mario Díaz Balart, Marcos Rubio y Robert Menéndez, todos distinguidos militantes de la contrarrevolución en Venezuela.
El propósito de los planes golpistas, si no tuvieran éxito a corto plazo, es crear una situación de angustia y disgusto en el pueblo venezolano que propicie la pérdida de la mayoría parlamentaria por el chavismo en las elecciones de este año y así crear un clima de anarquía e ingobernabilidad al presidente Maduro. Están jugando con fuego y se les pueden quemar las manos.