antonio lago díaz
farodevigo.es
Solamente voy a hablar de las patentes de las medicinas, porque por su precio pueden influir directamente en la vida o muerte de las personas. Antes de otra cosa quiero resaltar que, según comentarios, los laboratorios dedican una tercera parte de sus gastos a la investigación y dos terceras partes a la propaganda y comisiones. Las patentes están redactadas para que se pueda resarcir el investigador del esfuerzo realizado para obtener el medicamento descubierto, lo cual apruebo, pero siempre dentro de ciertos límites.
Si un laboratorio descubre un medicamento nuevo es porque se ha dedicado a estudiarlo, pero también porque ha habido antes otros investigadores que han llevado a la ciencia a un grado de avance tal que hace posible ese descubrimiento, y si este laboratorio o persona no hubiera existido otros más adelante también llegarían a descubrirlo.
Por lo tanto el mundo avanza con independencia de una persona física en concreto, y los inventos se suceden porque la comunidad internacional ha llegado a tal punto de adelantos que permiten a otros hacer este descubrimiento, y si no lo descubriese esta persona el avance en Medicina como está ya a punto lo descubrirá otra persona. O sea, el inventor se ha valido de los avances que anteriormente han hecho otros, y si no es él otro surgirá para descubrirlo.
Está muy bien proteger al descubridor, pero no hasta el punto que pueda él determinar qué personas pueden vivir y cuáles deben morir, y esto es lo que la actual legislación de patentes medicinales permite al poner en sus manos los precios a que va a salir al mercado el medicamento que, con la legislación actual, solo depende de la voluntad del descubridor, con lo cual muchas veces la gente normal no tiene acceso al mismo por el precio abusivo que le asigna, condenando a muerte a muchos seres humanos por no poder pagarlo.
Para dar respuesta a los derechos del investigador y también dar la posibilitar de su uso y beneficio de forma inmediata a todos los que necesiten este medicamento, una vez patentado debía poder ser comercializado por todas las personas o empresas que lo solicitasen, pagando un precio o canon justo por unidad fabricada al descubridor. El precio unitario del canon sería fijado y supervisado por la Administración en función de unos parámetros a desarrollar mediante una ley que tenga en cuenta los posibles beneficios del descubridor y en función de las tiradas previsibles que se vayan a comercializar y, en ciertos casos, si hubiera un fallo de estas previsiones, con objeto de que nunca pueda salir perjudicado el descubridor, aportar la Administración el dinero necesario para evitar este posible perjuicio. Esta fórmula incluso sería beneficiosa para la Administración, al pagar siempre un precio justo al adquirir cualquier medicamento patentado.
Esta proposición es equitativa para ambas partes, pues hace que el producto lo pueda fabricar cualquiera, entrando en juego el mercado de la competencia, sin descuidar el beneficio lícito del investigador, que incluso pudiera ser mayor al que tenía previsto, ya que el cargo total de la patente estaría repartido entre un mayor número de beneficiarios. A los usuarios le resultará el producto por unidad a un precio mucho más económico por dos motivos: ser menor el cargo unitario de la patente y entrar su fabricación en la competencia de precios.
Actualmente ha salido al mercado un medicamento contra la hepatitis C, que cura esta enfermedad, pero que el laboratorio le puso un precio tan alto que solo unos pocos lo podrán pagar, y en el caso de que lo incorpore la Administración para aplicar a todo que lo necesite, tendrá esta que desembolsar un precio totalmente abusivo que siempre será sufragado en último término por nuestros bolsillos.
Lo inadmisible de la legislación actual es que en ciertos casos, como el descrito, permita al descubridor por su avaricia ser el árbitro para designar quién debe vivir y quién morir.