| Interrogatorios arrojaron datos de inteligencia que salvaron vidas, alega el jefe de la CIA. Procesos abiertos en tribunales europeos pueden prosperar: Centro por Derechos Constitucionales. |
Con más llamados a que los responsables de la tortura documentada en el informe del Senado sobre el programa secreto de in- terrogaciones y detenciones de la CIA sean llevados a la justicia, el gobierno de Barack Obama está intentando manejar los daños y maniobrar para lograr que el autoproclamado país campeón de los derechos humanos no sea acusado de ser un defensor más de la impunidad.
Estados Unidos firmó la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y tiene la obligación de investigar y enjuiciar a todo violador de esa ley internacional, afirma un coro creciente de penalistas, defensores de derechos humanos y expertos.
El relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, declaró este jueves que «el informe del Senado debe ser un primer paso para cumplir otras obligaciones de la Convención contra la Tortura, o sea, combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas, al investigar y fiscalizar a los responsables».
Méndez afirmó que «como una nación que frecuentemente llama a la transparencia y rendición de cuentas en otros países, Estados Unidos debe cumplir con las normas que ha establecido tanto para sí mismo como para otros».
Las principales organizaciones de derechos humanos del país insisten en que no es suficiente sólo difundir un informe sobre las prácticas de tortura del gobierno de George W. Bush, sin asegurar que esos crímenes no queden impunes.
«Este informe deja claro que se cometieron violaciones a derechos humanos en nombre del pueblo estadunidense. Su difusión es un paso importante hacia la transparencia. Ahora tenemos que trabajar por una rendición de cuentas», afirmó Kerry Kennedy, presidenta del Centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos.
El gobierno de Obama afirma que el Departamento de Justicia ya realizó una investigación y determinó que no existían suficientes elementos para fincar cargos, y que corresponde a esa dependencia toda decisión para reabrir el asunto. Todo indica que no es algo que se esté contemplando.
Ante ello, algunos insisten en que se requiere de fiscalización internacional. Michael Ratner, presidente emérito del Centro por Derechos Constitucionales (CCR), recordó que el centro tiene casos pendientes sobre este asunto ante tribunales en España, Suiza y Alemania, y ahora, con el informe del Senado, estos podrían prosperar. «No creo que los tribunales del mundo se hagan a un lado mientras el país que afirma ser protector de derechos humanos se vuelve ejemplo de violador de derechos humanos. Bush y su gente no deberían pensar en visitar el Prado próximamente, a menos que quieran acabar en una cárcel española», advirtió.
La defensa
Mientras tanto, John Brennan, jefe de la CIA y uno de los asesores más cercanos a Obama, el jueves, en sus primeras declaraciones públicas desde que se difundió el informe, defendió a su agencia insistiendo en que sus antecesores hicieron muchas cosas bien en momentos muy difíciles después de los atentados del 11-S. Aunque reconoció que algunos oficiales emplearon «técnicas que no eran autorizadas, abominables», insistió en que no es posible saber si la agencia necesitaba emplear esas «técnicas».
Sin embargo, reiteró su defensa general del programa, afirmando que produjo inteligencia útil que ayudó a Estados Unidos a frenar planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas. Navegando ante una creciente presión para la rendición de cuentas –incluso llamados a que renuncie por mentiroso por el senador demócrata Mark Udall, quien también demandó el cese de todo oficial de la CIA que haya participado en este programa o que lo haya encubierto–, Brennan dijo que su ferviente esperanza es que «el país ponga a un lado este debate y siga adelante para enfocarse en temas que son relevantes para nuestro desafío de seguridad nacional actual».
Brennan, junto con otros defensores, afirmó que la abrumadora mayoría de los trabajadores de la agencia hizo lo que se le pidió hacer en servicio a nuestra nación. Otros ex altos funcionarios de la agencia han insistido en que todos siguieron órdenes que les habían asegurado eran legales.
Aunque el informe del Senado concluye que la CIA engañó de manera rutinaria a la Casa Blanca y otras partes del Ejecutivo, como también al Congreso, una larga lista de declaraciones públicas, memorias, entrevistas y más dejan claro que Bush, su vicepresidente Dick Cheney, su secretario de Defensa Donald Rumsfeld y su asesora de Seguridad Nacional y después canciller Condoleezza Rice –junto con las esferas más altas del Departamento de Justicia– no sólo autorizaron el programa, sino sabían específicamente de algunas de las técnicas, sobre todo el waterboarding.
En días recientes, varios de ellos continúan defendiendo el programa y disputando el informe como una investigación parcial que injustamente condena la labor patriótica de oficiales de la comunidad de inteligencia. Cheney comentó en entrevista con Fox News ayer que el informe está «lleno de mierda».
Hoy, tres de los ex directores más recientesde la CIA –George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden– escribieron un artículo en The Wall Street Journal denunciando que el informe «estaba viciado por errores de hecho e interpretación». Vale recordar que Tenet –director de la CIA al inicio de este programa– respondió enfática y repetidamente que «no torturamos gente» en entrevista con el programa 60 Minutos de CBS News en 2007.
Por otro lado, el argumento de que el empleo de tortura por el gobierno de Estados Unidos es excepcional y sólo producto de una emergencia nacional fue puesto en duda esta misma semana. Un día después de que el Senado emitió su informe sobre el programa de la CIA, en Brasil la Comisión Nacional de la Verdad emitió su propio informe final sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar en el cual documenta que oficiales estadunidenses capacitaron durante años a sus contrapartes brasileñas en técnicas de tortura.
Según reportó O Globo (y, también, The Washington Post), el informe relata cómo más de 300 oficiales brasileños fueron capacitados en la entonces llamada Escuela de las Américas donde, según el informe, tuvieron lecciones teóricas y prácticas sobre tortura.