Francisco José Bustos Carpio
Rebelión

Con los procesos de industrialización y modernización y su consiguiente fragmentación social y división del trabajo, se produce una diversificación de la economía que genera la aparición de variados sectores y grupos con intereses múltiples y en continuo cambio. Son estos intereses los que funcionarán como punto de partida para dar respuesta a la necesidad de trazar elementos que los defiendan a través de los cauces que la democracia facilita. Surge el lobbying moderno.

Los teóricos de este nuevo pensamiento político, asaltador del racionalismo puro y del individualismo abstracto de las democracias liberales surgidas a raíz de la Revolución Francesa, defienden que esta nueva ‘’democracia de grupos’’ – en contraposición a la ‘’democracia de individuos’’ imperante hasta el momento- es consustancial al régimen democrático. Y esto es así porque, en palabras de Antonio Pineda Cachero, ‘’ el cabildeo equivaldría a ofrecer una oportunidad para poner en práctica los derechos políticos que rigen las democracias occidentales; un acto que, en cierto modo, quiere hacerse pasar por democracia directa y eliminar el distanciamiento inherente al sistema representativo’’.

Pero las distintas visiones teóricas y la historia del pensamiento político no siempre han mostrado benevolencia por los grupos de presión y los lobbies. Cierto es que en este sentido, surgen personalidades significativas de la política y la filosofía moderna, como el propio Rousseau, que consideraba la práctica de estas facciones sociopolíticas como un auténtico atentado a la idea de la voluntad general. Lo que hoy día se traduce en críticas centradas, no tanto en la existencia en sí de estos grupos, sino relacionadas con el oscurantismo con que se producen sus actividades y con el temor de que se produzca una apropiación de los poderes del Estado por parte de los grupos más poderosos, cuyo sostén lo constituye el enorme poder económico que albergan. De ahí la necesidad de transparentar el proceso que ha de regir como medio de presión política.

El lobby es una actividad que tiene imagen pública negativa. Existe en la actualidad una demanda férrea de una regulación jurídica del cabildeo, dado que permitiría eliminar la llaga del tráfico de influencias que la opinión pública asocia al lobbying, así como a depurar las connotaciones peyorativas que giran en torno a este concepto. Lo que Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, defiende –curiosamente- cuando dice que ‘’si los ciudadanos supiesen quiénes son y a quienes representan los grupos de interés aumentaría la seguridad en que sus actividades estarían reducidas exclusivamente tanto al campo de la información como de las propuestas’’.

Resulta, no más conveniente, pero sí más morboso, centrar el análisis en aquellos grupos que buscan ventajas materiales para sus miembros frente a los que defienden causas filantrópicas o morales. Ello, básicamente, porque los medios de que disponen para actuar sobre el entramado estructural del sistema son, sin duda, mucho más efectivos e influyentes.1 Cada vez más, las críticas vertidas contra los grupos de presión se construyen sobre la opacidad de sus acciones, de las que no tienen conocimiento los ciudadanos y que, en última instancia, pueden ocasionar un falseamiento del interés general.2

Las vías de procedencia de los profesionales lobistas son múltiples: dirigentes de las asociaciones privadas; especialistas de publicidad y relaciones públicas; periodistas y, por supuesto; antiguos miembros del Parlamento o del Gobierno. Es esta última distinción la que merece una sólida denuncia y que, en cierto modo, está despertando un malestar poblacional respecto de lo que se ha conocido bajo la rúbrica de revolving doors ­–en su acepción anglosajona- o práctica de las puertas giratorias, que consiste en el hecho de que altos funcionarios o representantes populares pasen a formar parte de la dirección de firmas de negocios. 3 Antonio Castillo Esparcia, en ‘’Lobby y Comunicación’’, así lo afirma: ‘’el reclutamiento de personalidades públicas por parte de los grupos de presión es uno de los principales mecanismos de selección de su personal. ’’. Es de destacar, en nuestro país, los casos de los expresidentes Felipe González y José María Aznar, quienes terminaron formando parte del consejo de administración de Gas Natural Fenosa y como asesor de Endesa, respectivamente.

La utilización del poder financiero por parte de los grupos de presión más pudientes es uno de los modos de actuación con los que cuentan. El dinero es un medio empleado para obtener favores y la complicidad de los poderes decisores. No es extraño, por tanto, que en 2011estallase uno de los mayores escándalos de corrupción de la UE, sacando a la luz la historia de Adrian Severin, Ernst Strasser y Zoran Thaler, parlamentarios que se comprometieron a presentar enmiendas para cambiar una legislación a cambio de dinero. 4

Las organizaciones patronales ocupan un peso específico en el proceso productivo, lo que les atribuye una gran fuerza de acción, acrecentada además por la importancia de los peculios para poder realizar todo tipo de actuaciones. El ejercicio de la presión se enviste de un desequilibrio de fuerzas e instrumentos entre los diferentes grupos. El autor anteriormente citado habla de ‘’una situación en la que no se exhibe una facilidad uniformizadora del acceso asociativo a las autoridades públicas’’. Parece evidente poder afirmar que los poderosos tienen mayor facilidad de acceso al poder público.

Esto explica que unas quinientas grandes empresas tengan sus propias oficinas de lobby en Bruselas (Microsoft, Deutsche Bank, BP, Coca Cola, entre otros)5. O que, mientras la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar no tenga los medios para situarse en el Barrio Europeo, sí pueda hacerlo Aqualia, cabecera de FCC, y recientemente constituida como gestora del flujo hidráulico de la localidad de Alcázar de San Juan. 6

Así por tanto, desde una perspectiva puramente democrática, sobre la cual conviene hilar el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos con el reconocimiento de las coligaciones sociales como medio para dirigirse a los poderes decisores, se hace necesaria una regulación tendente a facilitar al público y los poderes públicos el derecho a conocer las organizaciones e individuos, los fondos que se utilizan y los medios de acción y actuaciones empleadas para alcanzar sus objetivos. Ello sumado a la necesidad de garantizar una igualdad de oportunidades a todos los individuos y organizaciones para hacer llegar su voz a los poderes públicos.

Llama la atención que la Comisión Europea pretenda crear una guía exógena para la actuación de las organizaciones sin ánimo de lucro, mientras que a las que persiguen el mayor beneficio económico posible se les otorgue la capacidad para desarrollar una guía de forma endógena, es decir, por las mismas asociaciones. Bien sabido es que el actual registro de transparencia europeo no es de carácter obligatorio7, lo que podría explicar que no tengamos información veraz y detallada sobre lo acordado por los lobbies de la industria financiera en las 74 reuniones mantenidas con los miembros del grupo de los conservadores ingleses en la primera mitad de 2014, por ejemplo. 8

Parece importante poner de relieve la actividad lobbista respecto del Tratado de Libre Comercio (TTIP) que Bruselas y Washington comenzaron a negociar en julio de 2013 para crear la mayor área comercial del mundo. Según el Observatorio Corporativo Europeo (CEO) entre enero de 2012 y abril de 2013, antes de comenzar las negociaciones oficiales entre EEUU y la UE sobre el TTIP, el 92% de los encuentros auspiciados por Bruselas al respecto tuvieron lugar entre la Comisión y los lobbies privados, y sólo el 4% de los encuentros tuvieron a los representantes de la sociedad civil como protagonistas9, lo que pone en evidencia lo antes señalado sobre la desigualdad de armas comunicacionales entre las grandes corporaciones y el resto de asociaciones.

De igual forma, queda patente el remedio que significaría la consecución de un registro transparente imperativo que reflejase las actuaciones llevadas a cabo en el seno del proceso de negociación en que se halla inmersa la Unión Europea con Estados Unidos. Proceso que, si por algo se caracteriza, es por el oscurantismo, la opacidad y el secretismo10 con que se está tramitando, así como la imposibilidad consecuente de participación ciudadana en la toma de decisiones de un tratado entre cuyos elementos primordiales destaca la armonización de las normas reguladoras del mercado –tengamos en cuenta que EE.UU. no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la OIT, o que la normativa europea sobre seguridad sanitaria, medioambiental o de consumidores quedaría obsoleta-; y la posibilidad de que las grandes compañías reclamen indemnizaciones a los Estados ante tribunales de arbitraje si ven afectados sus beneficios económicos o expectativas de ganancia por leyes o políticas de un país en el que han invertido.

Las políticas económicas neoliberales, tendentes a concentrar la riqueza sobre la base de las privatizaciones y la especulación y el juego del fraude fiscal, constituye un peligro ya denunciado por el fundador de Common Cause –el definido como lobby contra los lobbies-, John Gardner, ante la creciente capacidad de influir en el sistema público a través del dinero. Armarse de los elementos jurídicos idóneos para plantar cara a ese intento de expropiación de la democracia por parte de unos pocos es crucial para asegurar la viabilidad del sector público y la defensa del interés general. De ahí la necesidad de acometer definitivamente un Registro de Transparencia de carácter imperativo sobre las asociaciones lucrativas que trace un marco de participación ciudadana en el derecho de todos a recabar información sobre las relaciones de nuestras instituciones políticas con los grupos de interés, además de redistribuir los medios y cauces para que, de manera equilibrada, todos los sectores de la socioeconomía vean hacer llegar sus demandas a los decisores finales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PERO DE CALIDAD.

Pareciera que la democracia de grupos se ha convertido en una especie de orden político donde los individuos asociados apelan al interés privado sobre el campo de batalla de los órganos decisores. Esto, siempre desde la observancia de la caída de la democracia de individuos rousseauniana, quizás asolada tanto, de una parte, por las demandas de una mayoría social aquejada de falta de libertades de actuación conjunta –como se desprende de la General Combination Act y la Seditious and Treasonable Societies Act británicas de 1799, que tipificaban como asociacionismo ilegal la relación directa o indirecta entre los miembros de diferentes sectores sociales, o la ley francesa Le Chapelier (1791)- y, por otra, por la necesidad creciente de articular canales de participación y confrontación política con las capas sociales acomodadas sobre la base de los poderes públicos.

Los grupos se constituyen así como el estrato intermedio entre Estado e individuos. Una situación que implica una retirada necesaria del estricto y acotado concepto de democracia representativa, del que pudiera desprenderse un espacio en blanco de desconexión entre representantes y representados. Esto es así porque la democracia representativa adolece de una falta de implicación social en la toma de decisiones. Algo que no acontece con una auténtica democracia participativa, donde los elementos de conjunción de intereses y demandas juegan un papel decisivo en su transporte y defensa. Así, por tanto, los grupos se configuran como bloques con la capacidad necesaria para canalizar los deseos e intenciones de individuos integrantes que requieren hacerlos llegar a quienes tienen atribuido el poder para tomar las decisiones.

Ahora bien, ¿queremos una implicación de los grupos en la adopción de medidas políticas? Sí, pero con una cuidadosa y definida regulación de carácter obligatorio. Esto quiere decir que, efectivamente, los canales de participación anteriormente mencionados; los modos de actuación; los actores activos y pasivos; los medios económicos empleados; el control público de este ejercicio; sus limitaciones; y las sanciones pertinentes, deberán regularse mediante ley de manera minuciosa. Todo ello, con la sana intención de evitar la apropiación y el falseamiento de la democracia y el interés general, al que nos exponemos mientras perdure el oscurantismo y el secretismo con que las asociaciones se dirigen a quienes adoptan las decisiones que determinan el devenir de la mayoría.

James Madison, quien, además de Presidente de los Estados Unidos ejerció de teórico político, ya expresó su preocupación por el ‘’vicio peligroso’’ de las ‘’facciones’’ (lo que hoy denominamos ‘’grupos de presión’’). Madison creía que era consustancial a la naturaleza humana la búsqueda de intereses diversos, pero que al existir diferencias entre unos sectores y otros, y que estas pueden determinar –y determinan- situaciones de conflictividad, la labor de la legislación y del gobierno debe consistir en regular esos intereses en litigio. Como vemos, la preocupación antes mencionada de apropiación de la democracia por parte de unos pocos, no es nueva. Ya existía una voluntad de acotar el sobreespacio de actuación de los grupos, sin más objetivo que el de garantizar una democracia rica, variada y con una auténtica igualdad de oportunidades de ejercicio para todos los sectores de la vida socioeconómica.

BIBLIOGRAFÍA

  • Castillo Esparcia, A. Lobby y comunicación. Ed. COMUNICACION SOCIAL EDICIONES Y PUBLICACIONES, eBook, Mar 1, 2011, 194 p., ISBN 9788492860241 [s.l.]

  • Corporate Europe Observatoy (CEO), Jesús da Silva; Patricia Puente; Lorena Espí; Pamela Matar; Paulina Cardinale; traductores, Bruselas. El barrio europeo, Rue d´Edimbourg 26, 1050, Bruselas, Bélgica, 2011.

  • Hernández Vigueras, J., Los lobbies financieros, tentáculos del poder Financiero, ed. Clave Intelectual, Madrid, 2013, 258 p., ISBN 9788494074110

Notas:

1 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192542

2 De ahí que muchos críticos hayan definido a estos grupos como auténticos gobiernos en la sombra.

3 Para conocer casos concretos dela incorporación de excargos públicos a consejos de administración de grandes empresas como extensión del clientelismo político: http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_pol%C3%ADticos_y_familiares_en_consejos_de_administraci%C3%B3n

4 Journalistic spoof traps MEPs in bribery affair http://www.euractiv.com/future-eu/journalistic-spoof-traps-meps-br-news-503281

5 Corporate Europe Observatoy (CEO), Jesús da Silva; Patricia Puente; Lorena Espí; Pamela Matar; Paulina Cardinale; traductores, Bruselas. El barrio europeo, Rue d´Edimbourg 26, 1050, Bruselas, Bélgica, 2011.

6 El Ayto. de Alcázar desoye a sus vecinos y privatiza Aguas de Alcázar. http://www.abc.es/videos-espana/20140721/ayto-alcazar-desoye-vecinos-3688678206001.html

7 http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?redir=false&locale=es

8 Solo el grupo de los conservadores ingleses, compuesto de 25 miembros, ha mantenido 74 reuniones en la primera mitad del año en curso con lobbies o representantes de la industria financiera tales como JP Morgan (7 reuniones), Citygroup (4 reuniones) y Goldman y Sachs (3 reuniones). Con un promedio de 12 reuniones mensuales, o sea, una cada tres días. El parlamentario europeo Sven Giegold, de los verdes alemanes, declaró haber recibido en un lapso de dos años, 142 pedidos de reuniones por parte de organizaciones de la industria financiera y de otros lobbies. (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183886)

9 http://www.publico.es/politica/533938/los-lobbies-dominaron-el-92-de-las-reuniones-preparatorias-de-la-alianza-comercial-ue-eeuu

10 http://www.publico.es/internacional/482427/expertos-critican-el-secretismo-de-bruselas-en-la-negociacion-del-tratado-de-libre-comercio