Tras seis años de austeridad, un rescate, recortes en servicios públicos y subidas de impuestos, la introducción de una nueva tasa sobre el agua ha impulsado las protestas más multitudinarias de las últimas décadas. La fuerza de la oposición de la ciudadanía a este nuevo impuesto quedó patente en una manifestación nacional celebrada el pasado 11 de octubre a la que asistieron más de 100.000 personas. Y el 1 de noviembre 150.000 personas participaron en más de 100 manifestaciones locales a lo largo y ancho del país.
El compromiso con este nuevo impuesto surge del memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno precedente y la troika en 2010. Mientras que el Ejecutivo afirma que este acuerdo le obliga a imponer este impuesto, la oposición argumenta que a la troika no le importa de dónde se obtengan los fondos para pagar el rescate. Como dice Richard Boyd Barrett, diputado de People Before Profit, “la troika hubiese estado de acuerdo con la introducción de un impuesto sobre el patrimonio en vez del impuesto sobre el agua, si así se hubiesen recaudado los fondos necesarios”.
Los defensores del impuesto afirman que Irlanda es uno de los pocos países –o quizás el único– donde los ciudadanos no pagan por el agua. Los opositores argumentan que los irlandeses sí pagan por el agua, pero de una manera diferente a la mayoría de países, a través del sistema general de impuestos en vez de pagar por la cantidad consumida. Esta modalidad, argumentan, es más justa, ya que los ciudadanos pagan en función de su nivel de renta, mientras que en otros países se paga en función de la cantidad que se usa. Con la introducción del nuevo impuesto, los manifestantes argumentan que se pagará por el agua dos veces, a través de los impuestos generales y a través de la nueva tasa.
Escándalos
El Gobierno defiende que el pago basado en el consumo es necesario para fomentar el ahorro de agua. Los opositores argumentan que servirá de poco para solucionar la problemática infraestructura de agua de la República. De hecho, el sistema de canalización pierde hasta un 40% de agua tratada antes de que ésta llegue al usuario final, por lo que es difícil considerar la instalación de contadores como la prioridad principal para la conservación de agua.
Al mismo tiempo, la empresa creada para gestionar la infraestructura de agua y el nuevo impuesto, Irish Water / Uisce Éireann, ha sido presa de numerosos escándalos. La empresa ha sido acusada de asegurar puestos de trabajo para una camarilla privilegiada. También ha salido a la luz que la empresa ha gastado 86 millones de euros en consultorías, además de contar con jugosas primas para su personal directivo. Tales excesos han sido conocidos cuando la factura del agua para un hogar promedio se calcula en torno a los 280 de euros al año.
Además, la empresa encargada de instalar los contadores, Siteserv, es una de las muchas que pertenecen a Denis O’Brien, el hombre más rico de Irlanda. Siteserv se adjudicó el contrato a pesar de la existencia de otras ofertas más bajas. El multimillonario ya ha sido acusado de haber formado parte de una trama de corrupción cuando hizo su fortuna con la privatización de empresas públicas de telecomunicaciones. O’Brien es también el mayor propietario de medios de comunicación del país, con intereses sustanciales en televisión, radio y prensa. La empresa encargada de instalar los contadores, Siteserv, es una de las muchas que pertenecen a Denis O’Brien, el hombre más rico de Irlanda
El agua se ha convertido en un tema clave de cara a las próximas elecciones. El principal partido de la oposición, el Sinn Fein, se ha comprometido a abolir el nuevo impuesto si llega al poder. Además de manifestaciones multitudinarias, la campaña ha estado acompañada por la profusión de bloqueos de la instalación de contadores de agua y escraches a los ministros del Gobierno en sus viajes por el país. En respuesta, el Ejecutivo ha utilizado los medios de comunicación para desprestigiar la campaña, afirmando que está infiltrada por izquierdistas y nacionalistas extremistas, mientras que la policía utiliza cada vez más la violencia contra manifestantes pacíficos. A pesar de estas afirmaciones, las protestas son indicadores de que la famosa somnolencia de la población irlandesa está llegando a su fin. Las protestas no son protagonizadas exclusivamente por curtidos activistas políticos, sino que son representativas de la población en general.
Activistas de izquierda y de sectores republicanos proporcionan gran parte de la columna vertebral de la organización de las protestas, pero también hay que destacar el papel de los sindicatos. La campaña Right2Water, a la que están afiliados la mayoría de los grupos locales, ha sido creada por una gran mayoría de los sindicatos del país.
La campaña ya ha hecho retroceder al Gobierno, con un creciente número de voces que piden un referéndum que enmiende la Constitución para blindar el suministro de agua como servicio público. El siguiente paso de Right2Water es una manifestación nacional que se celebrará en Dublín el 10 de diciembre, que ya se prevé como la más multitudinaria hasta la fecha.
Cronología de las protestas del agua
Diciembre de 2010. Como parte del rescate, la troika y el Gobierno irlandés, formado entonces por Fianna Fail y Los Verdes, acuerdan introducir un nuevo impuesto sobre el agua.
Marzo de 2011. A pesar de haberse opuesto a esta medida mientras estaban en la oposición, el nuevo Gobierno de Fine Gael y Partido Laborista se compromete a implementar el impuesto.
Agosto de 2013. Se instalan contadores de agua por todo el país. Aumentan la oposición al impuesto y las protestas.
Principios de 2014. La nueva empresa de gestión del agua es presa de varios escándalos sobre excesivos gastos en consultoría, altas primas a sus directivos y prácticas de contratación inadecuadas.
Otoño de 2014. Dos grandes protestas tienen lugar en oposición al nuevo impuesto del agua. Alrededor de 100.000 personas asisten a una manifestación nacional en octubre y alrededor de 150.000 se unen a un día de manifestaciones locales en noviembre.