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Madrid, 26 de noviembre 2014. – La ministra de Sanidad de España, Ana Mato, presentó su dimisión después de que un juez la involucró indirectamente en la famosa trama de corrupción «Gürtel», que investiga el pago de comisiones durante décadas al Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy.
Mato, de 55 años, es la primera alta funcionaria del gobierno conservador que renuncia desde que salió a la luz una ola de casos de corrupción política, y su dimisión llega justo cuando Rajoy tiene previsto dar mañana un discurso en el Parlamento sobre las medidas para contener el problema.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz aseguró hoy que Mato podría ser participe a «título lucrativo» –responsable civil- de presuntos delitos de corrupción cometidos por su ex marido Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, un municipio cercano a Madrid.
Aunque el magistrado no la imputó, la ex ministra debe designar un abogado y presentarse en el juicio al que serán llevados 43 implicados en el caso «Gürtel», entre ellos los tres ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Angel Sanchís.
En el comunicado en el que anunció su dimisión, Mato afirmó que «en ningún caso» el juez le imputa «ningún delito» ni tampoco le atribuye «responsabilidad penal alguna». Asimismo, señaló que no tuvo conocimiento de «ningún delito que se haya podido cometer».
No obstante, añadió que no quiere, «bajo ningún concepto», que su presencia en el cargo «pueda ser utilizada para perjudicar al gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular».
Según el juez, Mato «habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de su familia, de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular», que provenían de la trama Gürtel.
A raíz de su incorporación en la causa, las principales fuerzas opositoras del Parlamento español reiteraron su pedido de dimisión a Mato, quien ya estaba salpicada por este escándalo de corrupción, considerado el mayor de la historia de España.
Tras la renuncia de la funcionaria, alguno de ellos reclamaron también la marcha de Rajoy.
La resolución judicial, que es el paso previo a la apertura de juicio oral, se conoció justo un día antes de que el jefe del Ejecutivo español y máximo líder del PP comparezca en el Congreso de Diputados para explicar sus medidas contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática.
Desde el opositor Partido Socialista (PSOE), el diputado Antonio Hernando, había pedido a Rajoy que relevara a Mato para «tener un poquito de credibilidad para hablar de corrupción».
Por su parte, la líder del partido de centro derecha UPyD, Rosa Díez, había afirmado que la ministra «prestaría un servicio a la democracia dimitiendo», mientras el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dijo «compartir» el criterio del juez Ruz.
Según fuentes partidarias, Mato tomó la decisión de dimitir para no perjudicar a Rajoy, quien hasta ahora no había forzado la renuncia de ningún ministro pese a que sus nombres se hayan visto manchados por escándalos de corrupción.
El nombre de Mato se relacionó en varias ocasiones con la trama Gürtel, que le habría pagado viajes, hoteles de lujo y hasta fiestas de cumpleaños a sus hijos, pero la ministra siempre defendió su inocencia y Rajoy la protegió.
La mega trama de corrupción Gürtel fue destapada en 2009 por el ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado posteriormente por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales implicados en el caso y sus abogados.
Bárcenas, ex tesorero y senador del PP, quien se encuentra actualmente en prisión a la espera del juicio, apareció en el centro de la red liderada por el empresario Francisco Correa y su «número dos», Pablo Crespo, ex secretario general del PP de Galicia.
Correa comenzó a desplegar su actividad empresarial en los años 90, durante el gobierno de José María Aznar, y siguió haciendo negocios con la administraciones regionales y locales del PP en los años posteriores.
La red Gürtel «se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del PP, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el partido para conseguir adjudicaciones públicas», señaló el juez.
En el marco de la investigación, a mediados de enero de 2013 el juez Ruz descubrió que Bárcenas había acumulado hasta 22 millones de euros en Suiza –luego él reconoció que eran 38 millones y finalmente la policía descubrió 48,2 millones-, y días después el diario El País publicó unos documentos manuscritos de una contabilidad B del PP atribuida a él.
El magistrado, que también investiga esa contabilidad B del PP, señala que Bárcenas se apropió de fondos de su partido, al llevar una «caja B» entre 1990 y 2008 «nutrida de donativos o aportes ajenos a la contabilidad oficial y que fue destinada al pago de gastos generados en campañas electorales, complementos de sueldos, y pago de distintos servicios», como los realizados por las empresas de la red.
Las causas tiene «vasos comunicantes», aunque aún no se ha establecido la dimensión del vínculo entre ambas redes de flujos de dinero irregular. De la contabilidad B del PP se desprende una presunta financiación del partido de Rajoy el pago de sobresueldos, incluido su líder y actual presidente del gobierno.
Estos y nuevos escándalo de corrupción, como el de las «tarjetas en negro» de la entidad Caja Madrid, están minando de forma acelerada el apoyo político del PP de Rajoy, que a un año de los comicios generales se hunde en las encuestas.
Mientras la principal fuerza opositora, el PSOE, no es ajena a los casos de corrupción y también está en caída, el descontento es capitalizado por el partido Podemos, nacido del hartazgo de ciudadanos indignados, que quieren una verdadera regeneración política.