Sputnik
26-11-14.- Amnistía Internacional se ha unido a otras organizaciones y expertos independientes que cuestionan el proyecto de ley antiterrorista, publicado este miércoles por el Gobierno británico.
«Es peligroso introducir apresuradamente este abanico de medidas sin un escrutinio apropiado o el debido debate», denuncia Rachel Logan, asesora legal en la división de Reino Unido de la organización mundial en Derechos Humanos.
La ministra del Interior, la conservadora Theresa May, está decidida a tramitar sus polémicas propuestas contra el islamismo extremo y en prevención de la radicalización de los musulmanes británicos en un tiempo récord parlamentario.
De acuerdo con el calendario de May, las nuevas medidas antiterroristas deberían ser ley antes de las elecciones generales de mayo de 2015.
Amnistía Internacional pone en duda la legalidad y efectividad de una serie de propuestas que están particularmente enfocadas a impedir el retorno a Reino Unido de ciudadanos británicos sospechosos de haberse unido al Estado Islámico (EI) en Siria o Irak.
«El gobierno necesita investigar a cualquier sospechoso de una actividad criminal, pero medidas como invalidar pasaportes y excluir a ciudadanos británicos de su propio país exceden los límites de la legislación internacional», sostiene Logan.
La misma postura crítica de los planes del Gobierno ha tomado el supervisor oficial en legislación antiterrorista, el abogado David Anderson.
El reconocido letrado, que fue nominado a su cargo por la actual administración que lidera David Cameron, ha advertido hoy que las propuestas de May carecen de una base firme legal.
Anderson ha reconocido al Comité Parlamentario en Derechos Humanos que deben buscarse vías «más sensatas y razonables» para resolver el problema de los supuestos combatientes islamistas que desean retornar a casa.
El proyecto de ley del Ministerio del Interior británico incluye medidas para responsabilizar a universidades, escuelas o prisiones de la radicalización de estudiantes y presos.
Las aerolíneas o las empresas de redes sociales digitales entran también en el objetivo del gobierno británico para combatir a los grupos radicales islamistas.