Modesto Emilio Guerrero
El asesinato del joven y popular diputado chavista Robert Serra y su asistente, cometido este jueves 2 de octubre, es una señal premonitoria de la tendencia analizada en este escrito, que siendo previo, marca las coordenadas en la que se debate el riesgo de la revolución bolivariana.
La oposición y el Departamento de Estado se tomaron un breve descanso de pocos meses, desde la rebelión de febrero y marzo, cuando dejaron en las calles de cuatro ciudades 43 personas asesinadas, más de 600 heridas, cerca de 1000 detenidos temporales, destrucción masiva de bienes públicos y privados, quemas masivas de alcantarillas, árboles y basura domiciliaria, envenenamiento de aguas servidas, una suma de destrozos calculados en más de 3.000 millones de dólares. Lo más parecido a una guerra civil.
Hacia finales del mes de septiembre ya son suficientes los elementos, indicios y conductas que señalan un serio intento de volver, como si nunca se hubieran ido de esa lucha feroz, irremediablemente violenta y anti democrática, contra el gobierno chavista de Nicolás Maduro.
El nuevo proyecto reaccionario acude a cinco instrumentos de guerra: una sistémica campaña mediática, la continuidad del descalabramiento comercial iniciado en julio de 2013, preparativos terroristas encubiertos, una reorganización de la oposición y algunas acciones de calentamiento de calle.
LA DERECHA NO PARA: Como si fuera un país en estado de guerra, el 28 de septiembre fueron decomisadas 24 mil toneladas de carne acaparadas en un local comercial de otro rubro en el barrio de Catia, al oeste de Caracas. Esperaban a ser sobrepreciadas a diez, quince o veinte veces más del valor comercial correspondiente al dólar de importación que recibieron del Estado. Entre mediados de agosto y finales de septiembre, la Alcaldía de Caracas incautó más de 80 mil kilos de alimentos primarios inflados de esta manera, que además, estuvieron desparecidos semanas enteras de los anaqueles.
El gobierno ejecutó 1.362 fiscalizaciones en la Gran Caracas y 10.136 en todo el territorio nacional, desde abril. 80 supermercados fueron fiscalizados sorpresivamente.
A comienzos de septiembre, el ministro del Interior, general Rodríguez Torres, anunció la puesta en marcha de una nueva conspiración. Se origina en Colombia, orientada y parcialmente financiada por la Fundación Internacionalismo para la Democracia, presidida por el expresidente Uribe Vélez.
Esta denuncia incluyó las pruebas documentales de video que muestran a Uribe compartiendo con el joven terrorista venezolano Lorent Gómez Saleh, entrenado en Bogotá y Medellín, miembro de uno de los grupos proto fascistas orientados por Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma. “Esta conspiración en particular se dejó saber que se inició en el año 2010, cuando empezaron a congregar muchachos universitarios integrantes de grupos como Javu, el Movimiento 13, de la Universidad de Los Andes, allí estuvo Lorent Saleh quien luego se separa de Javu y crea Operación Libertad”. Y alertó el ministro: “Entiendan, quienes nos ven, que ese movimiento no está exclusivamente dedicado a Venezuela, en sus conversaciones hablan de que tienen que hacer las células de esa naturaleza en Bolivia, Ecuador y otros países de Sudamérica”. (Aporrea, 23/9/14)
En las mismas semanas, apareció un insecto tropical llamado Vikuncunya. Aunque algunos autores no descartan que haya sido inoculada “como un instrumento de guerra bactereológica contra Venezuela, como hicieron varias veces con Cuba”, lo indudable es el uso mediático dado por la prensa internacional contra el gobierno de Maduro. La CNN, NTN y ABC la compararon con el ébola, y aseguraron que Venezuela “está en una crisis humanitaria que el gobierno no puede atender” (CNN, 19/9/14), ocultando que el maldito bichito no tiene patria y ha enfermado a más gente en Honduras, Guatemala y países del Caribe, que en Venezuela. Y que además también está en Miami.
La agencia noticiosa venezolana AVN mostró a un grupo de sicarios colombianos, “Capturados por las autoridades de inteligencia venezolanas y que tenían como objetivo realizar el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, cobraron unos 20 millones de pesos colombianos (10.600 dólares), informó el ministro Miguel Rodríguez Torres”. La gravedad del asunto condujo al funcionario hasta el Palacio de Nariño, en Bogotá, para tratar con las autoridades de ese país “sobre el caso de magnicidio contra el presidente Maduro”. (VTV/AVN, 18 de septiembre)
El 22 de septiembre, las 32 agrupaciones opositoras organizadas en la MUD, Mesa de Unidad Democrática, eligieron nuevo jefe, superando la tercera quebradura, cuando el 30 de julio se levantara de la Mesa su Secretario Ejecutivo, el circunspecto abogado Ramón Guillermo Aveledo, “En medio de un agrio debate interno sobre la mejor estrategia para enfrentar al Gobierno de Maduro” (Reuter, 1° de agosto). Aveledo sostiene que no hay condiciones para una salida violenta, impulsada por Ledezma, Machado y López. El nuevo jefe de la MUD es un popular periodista radial llamado Jesús Torrealba, un hombre que aparece en la lista publicada por la abogada norteamericana Eva Golinger, por haber recibido de la USAID 45.800 dólares para mantener su programa Radar de los Barrios. (Golinger, Eva. El Código Chávez, página 217, 2003)
NUBARRONES: Esta vuelta de la ultraderecha se produce en un ambiente nacional delicado, muy sensible, donde la polarización política se cruza, por primera vez en casi 15 años de gobierno bolivariano, con un estado de angustia que tiende a superar el límite de lo soportable.
Tanto el sector de la población colocada a la derecha desde el año 2002, como la parte que sostiene al gobierno heredero de Nicolás Maduro , por ahora mayoritaria, han comenzado a identificarse peligrosamente en algunos sentimientos comunes: desazón, angustia, incertidumbre y duda.
En algunas capas estos elementos desestructurantes se convierten en desquicio social. Y aunque no significan lo mismo debido a las opuestas condiciones de clase, podrían converger como un solo elemento social desestabilizante. Sobre todo si la situación actual es asaltada por un proceso electoral, donde el voto disuelve diferencias clasistas y emborrona sentimientos de coyuntura.
Las causas son tan complejas como materiales. Ambas partes de la sociedad venezolana sufren los estragos de la especulación comercial, el acaparamiento empresario de productos primarios y sus efectos en la inflación, o la devaluación. Es una desquiciante cacería de artículos de uso diario que aparecen y desparecen como si alguien hiciera funcionar un diagrama.
Por supuesto, ni el desquiciamiento psíquico ni el costo social se paga por igual. Las clases trabajadoras sufren estos daños bajo un estado de indefensión varias veces mayor. El peligro radica en su efecto político-electoral. En términos sociales el estado de sensación es el mismo, o casi el mismo. Nadie va al mercado en calidad de chavista o anti chavista.
La derecha internacional y local, con un sistema de medios bien sistémico, saca provecho y hace propaganda reduciendo algo tan complicado a un simple mensaje maniquea: hay un gobierno “culpable” y un “pueblo” “víctima”.
La derecha anuncia “el final” de un “gobierno débil e inservible” (Capriles Radonski, 5 de agosto), mientras Maduro, defensivamente, tiende a apoyarse más en las Fuerzas Armadas Bolivarianas y en sus propias decisiones ejecutivas para garantizar la gobernabilidad y la sensación de ella.
Esto lo hace sin apartarse de las necesarias concesiones a una masa y vanguardia empoderadas desde el triunfo revolucionario de 2002, con una suma de conciencia política adquirida en década y media, que aspira ir más allá de lo alcanzado en medio de la crisis actual.
Una concesión por izquierda, muy difundida, es la conformación de los Consejos Consultivos del Poder Comunal, a nivel nacional y local, integrados por Ministros y voceros de las Comunas. No deciden nada vinculante, pero los comuneros se van de las reuniones con la sensación de que están realizando el mandado póstumo del comandante Chávez en 2012, conocido como Golpe de Timón: reemplazar el actual Estado, burocrático y corrupto, con un Estado comunal que impulse la transición al socialismo.
Otra medida, mucho más efectiva, fue la decisión de acompañar a los trabajadores de la transnacional Clorox en la ocupación y control productivo de la empresa, abandonada el 22 de septiembre por sus patronos. “Empresa abandonada, empresa tomada por la clase obrera con el apoyo del gobierno revolucionario”, respondió Maduro, acompañado por todo el gobierno, enviando en el mismo acto, un mensaje al más fuerte capitalista venezolano, Lorenzo Mendoza, de Empresas Polar: “Yo estoy personalmente atento a ese tema y no voy a aceptar ningún reto contra el pueblo de ningún sector de la burguesía. Que lo sepa la burguesía. Vamos a defender a este pueblo al costo que sea”(Aporrea, Caracas, 29 de septiembre)
En medio de esa tensión de fuerzas sociales y soportando una economía que no cambia su carácter rentístico, Maduro hace los equilibrios indispensables para no ser arrollado y terminar su mandato.