El 26 de junio pasado, tres defensores de derechos humanos y de la Madre Tierra, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fueron secuestrados por agentes de la empresa distribuidora de electricidad ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS). Luego, detenidos ilegalmente y encarcelados injustamente sin que existiera orden de captura alguna en contra de ellos. Aquel acto criminal fue consumado en la comunidad de Capellanía, Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a unos 300 Km al noroeste de la ciudad capital de Guatemala.
El encierro inmoral e ilegal de Don Mauro Vay, de 60 años de edad, defensor incansable de derechos humanos, fundador y coordinador nacional de CODECA; Doña Blanca Ajtún, defensora de 36 años de edad, madre de hijas menores, Vice Presidenta de CODECA; y Don Mariano García, dirigente local de su comunidad, demuestra no sólo el grado de corrupción en el que naufraga el sistema judicial de Guatemala, sino, sobre todo, a quién obedecen los operadores de justicia en este país donde el cumplimiento de la Ley es una excepción, y su trasgresión, una costumbre constante en el tiempo y a todo nivel.
En estos tres meses del intento del “descabezamiento” de CODECA (uno de los movimientos sociales más activos y extensos de la Guatemala contemporánea), indígenas y campesinos intentaron todos los mecanismos jurídicos establecidos para liberar a sus defensores, pero el Juez de Primera Instancia, el Tribunal de Sentencia, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad declararon improcedente todos los recursos. Las y los afiliados de CODECA, acuerpados por la expresa solidaridad nacional e internacional, se movilizaron en protesta legítima exigiendo la libertad de sus defensores, pero la prepotencia y la “capacidad” financiera de ENERGUATE pudo más que la básica racionalidad jurídica, y el elemental sentido de dignidad y soberanía guatemalteca.
Así fue cómo estos tres heroicos defensores de derechos soportaron con tesón y dignidad los 93 días de humillante encarcelamiento injusto. Día tras día, semana tras semana, empobrecidos indígenas y campesinos los frecuentaron en las cárceles. Unas veces, llevándoles comida. Otras veces, noticias sobre la situación de la organización. Y otras, únicamente en silencio, para nutrirse de las palabras sabias de sus defensores mayores presos, a quienes jamás se los pudo quitar la libertad interior. Incluso se vieron, por momentos, a embajadores de estados europeos, a defensores internacionales de derechos humanos, frecuentándolos en los presidios, porque el sentido de humanidad y la defensa de los derechos no sufren fronteras.
Los liberan al no poder fabricarles pruebas, pero los ligan a proceso penal
Cumplido el período de la investigación concedida al Ministerio Público (MP), el día lunes 29 de septiembre se celebró la audiencia intermedia donde el Juez declaró la libertad bajo fianza a favor de los secuestrados-encarcelados, y trasladó el caso al Tribunal de Sentencia, aunque el expediente conclusivo de la investigación del MP, de cerca de 300 páginas, no muestra ningún elemento probatorio convincente, mucho menos el cuerpo del delito, que ligue a los acusados con los delitos de estafa y actividades en contra de la seguridad interna de la nación.
En el sistema judicial de Guatemala aún rige el principio de vox domini vox Dei (la voz del patrón es la voz de Dios), por eso el juez de Primera Instancia de Huehuetenango no se atrevió a sobreseer a los defensores, porque ello significaba desobedecer la voluntad de ENERGUATE. Eso sí, la empresa extranjera exigía cárcel permanente para los defensores detenidos, o un millón de quetzales (cerca de 125 mil dólares) por la libertad condicional de cada uno de los defensores encarcelados. Pero los abogados defensores, jurisprudencia y Ley en mano, obligaron al juez establecer una fianza económica de 20 mil quetzales (cerca de 2,500 dólares) por cada uno de los defensores encarcelados.
Lecciones que dejan este secuestro y encierro de defensores de derechos
En la violenta Guatemala neoliberal, el ejercicio de la defensa de derechos es una de las dedicaciones más peligrosas. Especialmente cuando los anti sujetos o predadores de derechos son corporaciones internacionales. Éstos avaros son capaces de demoler cualquier estructura jurídica, por más sólida que ésta fuese en su constitución ética, cuando sus intereses económicos peligran.
Si las y los defensores de derechos se articulan entre sí, a nivel nacional e internacional, tejiendo multicolores redes de solidaridad efectiva, el nefasto principio de vox domini vox Dei no siempre tiene cabida. Si las comunidades organizadas, ante el secuestro y encierro de sus defensores mayores, lejos de desbandarse perseveran, profundizan y amplían las luchas, entonces, con el tiempo, las voces y las voluntades de los pueblos son la voluntad de los dioses/as. La criminalización y judicialización de las luchas sociales desgastan momentáneamente a los movimientos sociales, pero también los fortalecen a la larga.
La cárcel de los patrones no come, ni corrompe a la gente digna. Mucho menos a defensores de derechos convencidos de su misión. Don Mauro, Doña Blanca y Don Mariano, al igual que muchos otros heroicos defensores/as encarcelados, convirtieron la prisión en una escuela de resistencia creativa para sí y para los demás. La espiritualidad y la mística fecunda de la resistencia de las y los empobrecidos y saqueados son el baluarte infranqueable contra el cual no pueden hacer nada los heraldos de la muerte.
Finalmente, cuando nuestras luchas sociales están fundadas y orientadas en los derechos humanos y los derechos de nuestra Madre Tierra, la razón y la moral nos asiste. Ellos, los demonios de la muerte, podrán prostituir a operadores de la justicia. Podrán acopiar ingentes ejércitos de agentes civiles y militares para anularnos. Podrán tener toda la fuerza física y el dinero del mundo. Pero, mientras haya defensores con conciencia Tierra y humana, jamás podrán derrotarnos/as.