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25 Sept. 2014 – Cientos de trabajadores argentinos se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en su país exigiendo que la empresa estadounidense de Autopartes Lear Corporation los reinstale en sus puestos de trabajo, de donde fueron despedidos recientemente. Otra empresa estadounidense RR Donneley cerro sus puertas. Sucedió también en Venezuela con Clorox.
Al mismo tiempo la empresa gráfica de capitales estadounidenses RR Donneley también cerró sus puertas dejando 400 personas son trabajo ante un aparente «toma de ganancias» por reestructuración global de la empresa, siendo uno de sus gerentes argentinos procesado y con orden judicial de no abandonar el país (los demás ya huyeron). Los trabajadores de la imprenta Donnelley cortaron la avenida Callao y Marcelo T. de Alvear, frente a las puertas del Juzgado Comercial N18, en el barrio porteño de Recoleta, para exigir “el pago de salarios y la habilitación de la cooperativa” que conformaron.
Por su parte en Venezuela la transnacional CLOROX, ha cerrado sus operaciones dejan cientos de trabajadores en la calle, hechos que configuran una probable situación de ataque empresarial «terrorista», tal lo definiera la presidenta argentina Cristina Kirchner en su alocución de la ONU, ayer, haciendo referencia a quienes realizan maniobras económicas y financieras que generan desestabilización de la economía nacional.
En venezuela empresa gringa Clorox cerró y dejó a sus trabajadores en el aire
El delegado Jorge Medina explicó que “desde que la multinacional Donnelley cerró de un día para el otro con una quiebra fraudulenta, dejando a más de 400 familias en la calle, los trabajadores seguimos produciendo bajo nuestra gestión, defendiendo nuestros puestos de trabajo, manteniendo la continuidad de la fábrica y garantizando los pedidos de los clientes”.
“Sin embargo, a pesar de que estamos trabajando, y ya entregamos una producción de más de 4 millones de pesos, el juez Gerardo Santicchia y los síndicos Risso y Plastina retienen los cheques y no nos dejan cobrar, actuando igual o peor que la patronal buitre que nos dejó en la calle, transformando nuestro trabajo en esclavo, ya que no vemos ni un centavo de lo que producimos”, añadió.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo encargado de regular las cooperativas, habilitó el lunes la inscripción de la cooperativa MadyGraf pero ahora falta el visto bueno del juez a cargo de la quiebra.
“Exigimos que autoricen a la cooperativa a cobrar los trabajos que estamos produciendo y entregando”, dijo René Córdoba, también delegado.
Los empleados también piden la “liberación de los fondos millonarios que tenía Donnelley a la fecha del pedido de quiebra: 22 millones de pesos en cuentas bancarias, y 300.000 mil dólares en una cuenta de ahorro en el Banco CITY de Estados Unidos».