Lea Ross.
Se cumple el primer aniversario del acampe que bloqueó el funcionamiento de la planta de la multinacional Monsanto, en la provincia de Córdoba. Las responsabilidades gubernamentales que se pagan con la salud de los habitantes de Malvinas Argentinas.
El 15 de junio de 2012 en Nueva York, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía frente a directivos de distintas multinacionales, luego de terminar su plato del almuerzo: «Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz». Y agregó: «Aquí tengo –y esto la verdad, se lo quiero mostrar porque estoy muy orgullosa – el prospecto de Monsanto. Vieron que cuando hacen prospecto es porque ya está hecha la inversión, sino no te hacen prospecto», explicó la mandataria.
El 17 de julio de 2012 en Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota decía en Canal 12 de Córdoba: «Algunos dijeron: ‘¡Uh, va a producir agroquímicos, va a contaminar!’. Nada que ver. Van a producir semillas de alta calidad para mejorar los rindes agropecuarios de no solamente Córdoba, esta planta va a ser la más importante de América Latina. Y se va a radicar en Malvinas Argentinas» y todo, mientras sostenía su sonrisa.
El 18 de septiembre de 2013 en Malvinas Argentinas, Córdoba, vecinos de la localidad y organizaciones sociales se mantuvieron en pie de lucha contra la construcción de la planta procesadora de Monsanto. El bloqueo-acampe permaneció por tiempo indeterminado. «El poder nacional, provincial y municipal nos obligó a tomar ésta decisión. Porque la salud no se negocia», sostuvo Sofía Gatica, integrante de Madres de barrio Ituzaingó, que integró el bloqueo.
El pueblo
A 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Malvinas Argentinas está comunicada mediante la ruta nacional 19 y la provincial A-188, la misma que lleva directamente al establecimiento de Monsanto.
«El tema de las fumigaciones por ahí se invisibiliza por la magnitud de la empresa de Monsanto, pero es otro pueblo fumigado como muchos otros», señaló Edgardo, vecino de Malvinas.
Un informe presentado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba en 2013, apunta que Malvinas Argentinas se encuentra en estado de grave vulnerabilidad. Las enfermedades más recurrentes son las dermatológicas, patologías respiratorias, problemas reproductivos, abortos espontáneos, cáncer y tumores, malformación congénitas, entre otras asociadas a la presencia de agrotóxicos en el territorio.
El mayor número de casos se concentra en la población que vive cercana a los campos que se fumigan. Por su parte, en mayo de 2014, se confirmó que parte de los habitantes de Malvinas Argentinas tienen presencia de agroquímicos en sangre. Se trata de los resultados de análisis de sangre realizadas a diez pobladores que habitan en esa localidad, de los cuales siete, tuvieron resultados positivos. En el trabajo que fue realizado por la UBA, los análisis determinaron que la sangre de esos siete pobladores contenía residuos persistentes de plaguicidas, actualmente prohibidos. Entre ellos, el DDT.
La fábrica
La planta que quiere instalar Monsanto es la procesadora de semillas más grande de América Latina. Tanto como para necesitar una inversión de 1.500 millones de pesos, 60.000 toneladas de producción por año, bajo una capacidad de 3,5 millones de bolsas de semillas para la siembra. Está conformada en su aviso de proyecto por 240 silos.
Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM), argumentó: «Al establecerse en Córdoba –y ampliar sus actividades en Argentina- consolidaría aún más la agricultura industrial para exportación. El dilema queda planteado. Los 400 puestos de trabajo previstos por Monsanto para la planta representan indudablemente un atractivo en zonas con desempleo crónico. Pero las actividades de la acondicionadora de semillas también tendrían efectos indeseados, como la consolidación del modelo extractivo, con su secuela de morbilidad y mortalidad, y la pérdida de puestos de trabajo en actividades incompatibles con los cultivos transgénicos».
Por su parte, para Medardo Ávila Vásquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, «este nuevo maíz, ‘Intacta’, también quedará indemne bajo la lluvia de glifosato para el que tiene dos nuevos genes que le dan la capacidad de sobrevivir, y además será resistente a un segundo herbicida: el glufosinato, que comenzará a llover sobre los 12 millones de personas que viven en las zonas de cultivos transgénicos del país», alertó con urgencia. «Intacta es híbrido, nadie podrá guardarlo para volver a sembrarlo: ya no vuelve a crecer; inevitablemente contaminará genéticamente a otros maíces vecinos y las empresas multinacionales cobrarán derechos de propiedad genéticas a los productores; ya nada será como antes».
Golpes y mazazos
Durante un año, ocurrieron tres hechos de violencia en el acampe y uno en la ciudad de Malvinas, donde participaron la Policía cordobesa y patotas sindicados de la Uocra, entre otros. A pesar de la violencia represiva con disparos de balas de goma, piedrazos y palos, ninguno evitó levantar el bloqueo.
«El acampe se mantiene. No nos vamos. En estos días se han retirado más empresas contratistas y la construcción de la obra civil está totalmente detenida», sentenciaba Vaniva, vecina de Malvinas, en aquel entonces.
El 8 de enero de 2014, la Cámara en lo Laboral del Poder Judicial cordobés, ordenó la prohibición de continuar con las obras de Monsanto. La decisión declaró como arbitraria e inconstitucional la resolución que aprobaba la construcción de la obra y dos ordenanzas del Municipio de aquella localidad que otorgaban el aval del proyecto. Un mes después, la Secretaría de Ambiente de la provincia rechazó el estudio de impacto ambiental de la planta. El punto más cuestionado en el estudio de la multinacional fue no dejar en claro el destino de todos los residuos que generaría la planta. Hasta el día de hoy, la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida exige que se presente el estudio de impacto ambiental rechazado sin éxito alguno por las variantes burocráticas. Además, los vecinos señalan que la planta quiebra la Ley Provincial de Uso de Suelos, ya que está ubicada en lo que se denomina un Área de producción agropecuaria no contaminante y/o área recreativa.
Al mismo tiempo, distintos sondeos -privados, universitarios y del CONICET- señalaron que el rechazo a la planta de Monsanto, de parte de los habitantes de Malvinas Argentinas, rondaría en un 58 por ciento mientras que a nivel provincial, superaría el 60.
Hoy, la planta está paralizada. Hasta el momento, donde se sabe, Monsanto no presentó todavía un segundo estudio de impacto ambiental. El último trascendido, publicado en el diario La Voz del Interior, indica que la empresa lo presentaría para 2015, después de las elecciones. De cualquier manera, el acampe cumple su aniversario de existencia. Y si bien como bloqueo cumple por el momento una función simbólica, no deja de ser ese refugio que denuncia y enfrenta a los diferentes estamentos del poder en Córdoba.