El Estado argentino nunca salió de este Tratado que lo afecta
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7-09-14.-El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial que recepciona reclamos de las multinacionales, condenó esta semana al Estado argentino a pagar más de 40 millones de dólares a una empresa francesa por la nacionalización de Obras Sanitarias de Mendoza (OMS) en septiembre de 2010.
Luego de un extenso litigio entre los inversores que controlaban la concesión y la provincia de Mendoza, el tribunal con sede en Washington (Estados Unidos) resolvió “condenar a la República Argentina por un monto de 39.990.111 de dólares a favor de Saur International”, más las costas (686.500 de dólares) y gastos de defensa de la demandante (casi 1.500.000 de euros).
La sentencia recae sobre el Estado nacional debido a que el país aún se encuentra asociado al Banco Mundial y por ende oficia de agente jurídico que debe responder ante un litigio que afecte a alguna de las provincias argentinas.
La condena es en carácter de compensación por daños generados a través de la “violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (APPRI)”, sostiene el fallo.
Asimismo, el tribunal alega que la expropiación de la inversión estuvo marcada por un “trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur”, aunque descartó el tercer argumento de los litigantes, basado en la violación de la “protección y seguridad”.
Originalmente, el tribunal atendió el reclamo del grupo francés por un desembolso de 114 millones de dólares en concepto de resarcimiento, frente al cual la Procuraduría del Tesoro de la Nación -previendo la sentencia desfavorable- apeló a pagar un tercio de la cifra inicial. Luego el tribunal consideró que se trataba de una “expropiación directa” de una inversión equivalente al 32 por ciento del capital social de la empresa, más dividendos y derechos como operador, además de la participación accionaria de Saur en la empresa, equivalente a unos 20,6 millones de dólares.
Finalmente, en el resumen de la sentencia los jueces decidieron que conceder 39,99 millones “es una cifra a todas luces razonable, teniendo en cuenta que es algo más de la mitad de lo que invirtió 15 años atrás”.
En septiembre de 2010, el entonces gobernador Celso Jaque rescindió el contrato a la empresa y la Legislatura aprobó la creación de Aysam Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), lo que avivó un juicio en el CIADI que ambas partes arrastraban desde 2003.
Antecedente
En enero de 1998, en el marco de las políticas neoliberales de entrega de los bienes comunes naturales a multinacionales, el Gobierno de Mendoza, a cargo Arturo Lafalla, puso en licitación internacional el 70 por ciento de las acciones de OSM, incluyendo también las acciones de capital, conformando un atractivo paquete para los consorcios internacionales.
De esta manera, se constituyeron como nuevos dueños del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia un grupo de inversores conformado por empresas extranjeras y un conjunto de grupos locales también propietarios de emprendimientos inmobiliarios -quienes necesitaban extender la red de agua para ampliar su negocio-.
Entre los accionistas se encontraban South Water, Saur Internacional, Societa Italiana per il Gas per Azioni, Presidente S.A. y DALVIAN S.A., las cuales accedieron a la concesión a un precio vil, que no se correspondía con el valor de la empresa, que por entonces se encontraba en perfectas condiciones. Asimismo, Saur Internacional quedó como operador técnico del servicio.
Posteriormente, el grupo económico solicitó un préstamo al BID por un monto mayor al que pagó por OSM, sumado a que dejó de pagar el canon de concesión y no cumplió con el plan de obras. Además, sólo brindó agua potable y cloacas en lugares rentables, dejando sin acceso al servicio a las zonas más carenciadas, al tiempo que no realizó inversiones indispensables provocando un colapso sanitario por la antigüedad y el abandono de las redes.