Manuel Alejandro Ramírez Solorio
En 2010 la periodista chilena Mónica González Mujica fue galardonada con el Premio UNESCO/Guillermo Cano de Libertad de Prensa. González realizó distintitos trabajos de investigación durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo que la llevó al exilio durante un período considerable y a estar recluida en prisión dos años. A la tiranía le desagradaba la más mínima oposición, la labor de la periodista representaba una verdadera afrenta.
Al ser entrevistada por el servicio de prensa de UNESCO, la galardonada señalaba los peligros de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico de la siguiente manera: «Hay dos problemas que conducen a una amenaza creciente y acelerada sobre el derecho de la sociedad a informarse (…) En muchos países se observa un modelo que conduce a esa concentración de la propiedad, que va aparejada con otro fenómeno: los grupos que se apropian de varios medios, concentrando televisión, radio y prensa escrita, a su vez tienen intereses en otras áreas de la producción: agricultura, minería, servicios, inmobiliaria… Se produce por lo tanto una asfixia informativa impresionante, porque el medio no puede informar objetivamente de las empresas donde su propietario tiene inversiones. Eso es gravísimo y los periodistas están perdiendo autonomía, dignidad, prestancias… convirtiéndose en simples testaferros.»
El acaparamiento mediático por grupúsculos del poder económico es para González una grave problemática que mina el derecho a la información y el que los periodistas puedan ejercer su oficio de forma independiente. Los periodistas dejan a un lado su ética y objetivo profesional convirtiéndose en propagandistas de los dueños de los medios de comunicación, la gran mayoría de las veces aliados de la clase política en el poder. Al final de cuentas, las opciones de información son reducidas y las masas tienen que conformarse con una sola versión de los hechos, aquella que conviene a los intereses de la élite dominante.
En México la concentración de los medios de comunicación es palpable. Televisa y Televisión Azteca dominan el 98% de las opciones televisivas, en radio 13 grupos controlan el 80% de las emisoras, en prensa escrita la situación es un poco distintita, no obstante la nula pluralidad informativa genera un discurso homogéneo siempre cómodo al sistema. Las pocas voces distintas son acalladas con la agresión física, la muerte o bien la coacción con estímulos económicos.
Haciendo referencia al documento “La Fallida Actuación del Estado Mexicano para Proteger y Prevenir a Defensores y Periodistas” emitido por el Tribunal Permanente de los Pueblos- Capítulo México, se indica que en el presente escenario, en la nación mexicana se violan los derechos de expresión, además citando a la organización Artículo 19 se relata que de 2000 a la fecha 79 periodistas han sido asesinados y 18 desaparecidos, con lo cual se obstaculiza en gran medida el ejercicio periodístico.
En pocas palabras, la libertad de expresión está subordinada al poder, los trabajadores de la comunicación atados a los intereses de sus patrones, el discurso unificado no deja lugar a divergencias, la reproducción cultural preserva el statu quo, sin verdadera denuncia; la injusticia, la violencia, impunidad, nepotismo son consagrados valores cotidianos. El sistema antagónico utiliza a los que deberían ser medios de comunicación entre las personas, como medios de difusión de propaganda. La agenda informativa es la que marcan el poder político y económico. En esa agenda las luchas de los pueblos por la defensa de sus derechos están relegadas a espacios minúsculos y en ocasiones nulos.
En la democracia posmoderna, no existe más derecho que los de la élite gobernante. La democracia es solo para unos, creando una contradicción semiótica solamente atenuada con la tergiversación del lenguaje actual, medida muy utilizada para esconder sus verdaderos fines.
Los medios comunitarios. Resistencias a la hegemonía
La lucha por el control de la información no admite la mínima concesión para los poderosos, en 2011 al aplicarse modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión, que permitían la existencia de radios comunitarias, la imponente Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión impugnó tales reformas. Además las pantallas y espectros radiofónicos sirvieron para emprender una campaña de desprestigio contra las comunitarias.
El 18 de agosto la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” denunció en su comunicado número 10 los constantes actos de acoso contra las radios comunitarias, quienes carecen de marco legal que las protejan. El Estado a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones los amedrenta e inclusive utilizan la fuerza pública para intimidarlas como en el caso de “La voz del Pueblo de Zacatepec” y “Radio Axocotzin”, radios indígenas de Tlaxcalantzingo, Puebla, quienes curiosamente habían denunciado actos de devastación ambiental por parte de particulares.
La política estatal es en favor de los medios privados, sus aliados en realidad y contra todo medio que pueda dar a conocer una voz distinta a la oficial.
Para los “testaferros”, presupuesto público para adular a los administrativos en turno y cubrir con la mentira las tropelías de los empresarios transnacionales y nacionales. A fuerza de falacias pintar un país democrático y basto de libertades.
En contra parte, a pesar de las limitaciones legales y los riesgos, las radios comunitarias son una alternativa de información democrática e independiente del poder hegemónico para el siglo XXI. Un ejemplo encomiable lo dan los países y gobiernos progresistas del sur del continente americano.
Así Venezuela siendo criticada tendenciosamente por las grandes corporaciones mediáticas multinacionales, y sus filiales (junto a algunos defensores de los derechos de los periodistas mal informado o bien guiados por un análisis simplista de lo que pasa en el país sudamericano) por la “falta de libertad de expresión”, da una muestra encomiable hacia la pluralidad informativa, ya que junto a la creación de alternativas estatales cono Venezolana de Televisión, VIVE y otras, el Estado Bolivariano en los últimos tiempos ha creado redes de medios comunitarios para el ejercicio de información alternativa y popular.
Son más de 300 medios comunitarios promovidos por la Revolución Bolivariana en beneficio de la comunicación alternativa. Apenas un granito de arena, donde todavía un número importante de la información es manejada por privados, aquellos que vociferan en Caracas por libertad, pero curiosamente en otras latitudes sus similares las sofoca, invocando a la legalidad.
Retomando el diagnóstico de la periodista González y analizando la actual situación, la presencia de medios de comunicación comunitarios y alternativos, es condición necesaria para la pluralidad de concepciones, es requisito para diversificar el discurso en búsqueda de una mayor democracia y libertad de expresión. Para el siglo XXI ante el latente fracaso de programa unipolar, la comunicación comunitaria es espacio social para el encuentro dialógico hacia la construcción de paradigmas sociales más avanzados. Un verdadero reto para los ciudadanos, periodistas y gobernantes populares.
*El autor es Licenciado en Docencia en Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California, Profesor de Educación Básica y Media Superior.
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