Mientras que a los medios de comunicación les encanta publicar artículos sobre la recuperación del mercado inmobiliario, el valor total de las viviendas en propiedad en EE UU sigue siendo 3,6 billones de dólares inferior al nivel que había alcanzado hace ocho años. Casi cada quinto propietario de su vivienda tiene una hipoteca que supera de lejos el valor de mercado actual (está “devaluada”) y por eso es más probable que no pueda pagarla. (Véase “Underwater America”, Haas Institute for a Fair and Inclusive Society, informe de la Universidad de California Berkeley, 2014.)
Dada la elevada tasa de paro existente en Detroit, donde la renta media por hogar es de tan solo 26.955 dólares –alrededor de la mitad de la renta media nacional– y el 47% de todos los propietarios de su vivienda tienen hipotecas que superan el valor de mercado actual de aquellas, nuestra ciudad sufrió por lo menos 5.000 desahucios por impago de hipotecas en 2013. Para este año se prevé una cifra similar. Y precisamente por el hecho de que las hipotecas superan de lejos el valor de mercado, el impuesto municipal de bienes inmuebles aplicado a las viviendas en propiedad se basan en valores desorbitados. Este año, 29.000 propietarios han recibido avisos de lanzamiento por impago de impuestos y se enfrentan a la subasta de sus viviendas en otoño.
Diversos proyectos de “revitalización” de Detroit insisten en que el municipio destine una suma considerable a la reducción de las “zonas deprimidas”. De hecho, desde el fin de la administración de Coleman Young, los alcaldes de Detroit vienen prometiendo que derribarán miles de viviendas “devaluadas” cada año, y todos lo han hecho. Pero no se ve la luz al final del túnel, ni se verá mientras prosigan los desahucios. Normalmente, apenas una semana después de que se haya abandonado una casa, los revendedores las desmantelan metódicamente. Después, muchas son pasto de las llamas.
La solución: que los propietarios puedan quedarse en sus casas reduciendo la hipoteca y el impuesto municipal con arreglo al valor de mercado.
La Asociación Hipotecaria Nacional, un programa patrocinado por el Estado conocido por el nombre de Fannie Mae, se creó en 1938 para conceder hipotecas a entidades de crédito, dotándoles de mayor liquidez para que puedan prestar a más compradores. De este modo, Fannie Mae y otra agencia similar, Freddie Mac, constituyen un mercado hipotecario secundario, de modo que su política fija el listón en el sector. Aunque han vendido viviendas desahuciadas por debajo del valor de mercado, se niegan a aplicar el mismo criterio a los propietarios hipotecados, declarando que esto “premiaría” un comportamiento irresponsable.
Cuando el ayuntamiento de Richmond, en California, decidió el año pasado hacer uso del derecho de expropiación para ayudar a 624 propietarios de viviendas con sus hipotecas “devaluadas”, la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (Federal Housing Finance Agency, FHFA) emitió una declaración en que amenazaba con acciones legales contra los municipios que recurrieran a este procedimiento para reestructurar las hipotecas.
Plataforma anti-desahucios; testimonio de actividades
Soy miembro de Detroit Eviction Defense (http://detroitevictiondefense.org), que trata de impedir los lanzamientos combinando la defensa judicial con la acción directa. Constituida originalmente como grupo de trabajo de Occupy Detroit, la plataforma ha atraído a otras organizaciones que luchan contra los desahucios. Colaboramos con propietarios de viviendas para tratar de convencer a los bancos o a Fannie Mae/Freddie Mac de que tienen que recudir el principal de la hipoteca en el caso de las viviendas “devaluadas” o revender las viviendas desahuciadas a los antiguos propietarios a precios de mercado. Repartimos folletos instando a los vecinos a que llamen a los bancos o a Fannie Mae y los inunden con correos electrónicos.
Organizamos concentraciones junto a la vivienda desahuciada, bloqueamos le entrada de sucursales bancarias locales, convocamos reuniones en las que los propietarios y otros miembros de la comunidad pueden escuchar testimonios, facilitamos asistencia letrada, nos coordinamos con asociaciones de vecinos y publicamos todos los desahucios. Algunos de los miembros más activos de la plataforma son personas cuyas viviendas han sido defendidas por la plataforma. Hemos realizado piquetes delante de algunas casas para impedir que el agente judicial coloque un contenedor (indicando que todo lo que quede dentro de la vivienda al cabo de un par de días acabará en el contenedor cuando se expulse a los ocupantes y se cambien las cerraduras).
Nuestra plataforma se enteró de que los Garrett corrían peligro de ser desalojados de su vivienda en el noroeste de Detroit, donde esta pareja ya entrada en años llevaban viviendo durante más de treinta años. El banco se había negado a negociar con ella y el lanzamiento estaba previsto para pocos días después. El fin de semana celebramos una reunión de urgencia en su casa y hablamos con los vecinos. El lunes por la mañana pusimos a personas de guardia desde las seis de la mañana. Aparcamos coches en la calle para que no hubiera sitio para el contenedor, y cuando vimos que lo traían, les cerramos el paso. Al cabo de unos minutos, el conductor, irritado, fue a llamar a la policía, pero dado que era un asunto civil, esta se negó a venir a la casa y enfrentarse con nosotros. Mientras tanto, la señora Garrett y otro grupo fueron a la oficina del banco en el centro de la ciudad y pidieron hablar con el encargado. Ella se sentó en el suelo y declaró que no se iría hasta que el personal del banco se aviniera a tratar su caso. Así que los empleados se comprometieron a estudiar el expediente y al cabo de pocos días el banco aceptó vender la vivienda a los Garrett a precio de mercado.
Jennifer Britt no pudo poner a su nombre la vivienda que era propiedad de su marido tras la muerte de este. El banco vendió la hipoteca a Fannie Mae y la gestionaba para la agencia. Esta estaba dispuesta a aceptar sus pagos de liquidación, pero cuando Jennifer perdió su empleo y no pudo atender las cuotas mensuales, Fannie Mae no mostró ningún interés en vender la vivienda e interpuso demanda de lanzamiento. La plataforma Detroit Eviction Defense informó al vecindario y organizó piquetes que vigilaban la vivienda familiar cinco días a la semana durante 12 horas. Celebramos nuestros encuentros semanales en el jardín y organizamos varias comidas populares allí mismo. Después de enviar a dos asesores a inspeccionar la casa, Fannie Mae aceptó venderla a una entidad sin ánimo de lucro, Grandmont-Rosedale Development Corporation, que a su vez la revendió a Jennifer Britt a precio de mercado.
Los Cullor contrataron a un abogado para que renegociara su préstamo hipotecario cuando se demoraron en el pago de las cuotas y supusieron erróneamente que el abogado les ayudaría a conservar la casa. Una mañana, un vecino llamó para avisar que habían colocado un contenedor junto a su casa. Puesto que el contenedor ya estaba ahí, la gente decidió que lo mejor era llenarlo hasta arriba. Era otoño y en los alrededores había muchas bolsas llenas de hojas pendientes de ser recogidas. Cuando aparecieron los agentes judiciales, vieron que el contenedor estaba lleno de bolsas y hojas; dijeron que iban a encargar dos contenedores más esa misma mañana. Mientras, uno de los abogados de la plataforma acudió al juzgado para solicitar una moratoria de la orden de lanzamiento. Cuando llegaron los nuevos contenedores ya contábamos con la moratoria y no hubo desahucio. Informamos al vecindario y convocamos una concentración delante de la casa de los Cullor. Fuimos todos juntos a la sucursal del Bank of America y repartimos panfletos delante de la puerta. Aunque no dejaron que ninguno de nosotros entrara en el banco, un empleado telefoneó más tarde y se comprometió a elaborar un acuerdo con los Cullor, que siguen viviendo en su casa.
La lucha de la familia Hernández
La familia Hernández empezó a retrasarse en el pago de las cuotas de amortización de su hipoteca cuando el padre, Ludim, perdió su empleo en el sector de la construcción. Nationstar, la filial de concesión de créditos de Fannie Mae, no se comunicó con Ludim o Gabriela Hernández en castellano, como exige la ley. En un intento de recomprar la vivienda en que estaban instalados desde hacía más de una década, la familia se reunió con un representante de Nationwide Consulting Group, LLC, que dijo que estaba en posesión de la escritura de propiedad. Ludim y Gabriela Hernández entregaron al director del grupo, Kenneth Sandoval, 15.000 dólares, los ahorros de su vida, pero siguieron recibiendo avisos de lanzamiento. Sandoval, un artista del engaño, dijo que se trataba de errores burocráticos, pero estaba claro que Fannie Mae estaba impulsando el desalojo. A través de un abogado de la plataforma localizamos a Sandoval. Miembros de la familia Hernández, vecinos y miembros de la plataforma acudieron a su domicilio de las afueras de Detroit. Prometió devolver el dinero a los Hernández, pero no cumplió. Acusado más tarde de cobrar fraudulentamente 900.000 dólares de varias familias, Sandoval se declaró culpable y el juez, después de escuchar a siete de sus víctimas, lo condenó en mayo de 2014 a una pena de 4 a 20 años de cárcel y le ordenó que devolviera el dinero a las familias. El Estado de Michigan suplirá los 900.000 dólares perdidos con cargo a las multas que ha pagado el sector bancario, de modo que la familia Hernández recuperará sus 15.000 dólares en el verano.
A pesar de que el valor de mercado de la vivienda se sitúa entre 10.000 y 20.000 dólares, Fannie Mae ha informado a los Hernández que podían recomprarla ¡por 83.000 dólares! En el mismo bloque hay siete viviendas vacías o calcinadas, de modo que lo último que necesita el vecindario es otra vivienda sin ocupar. Una entidad sin ánimo de lucro se ofreció a comprar la vivienda a precio de mercado con el propósito de devolvérsela a los Hernández, pero Fannie Mae no estaba interesada. La plataforma repartió un panfleto bilingüe por el barrio, llamando a los vecinos a unirse al piquete de vigilancia que permanecía delante de la puerta desde el amanecer hasta la noche en los días laborables. Organizamos una fiesta de Halloween que fue un éxito en el porche de delante de la casa de los Hernández y nos manifestamos por el barrio, repartiendo dulces y panfletos. A las concentraciones convocadas acudieron miembros del sindicato UAW (sector del automóvil) desde lugares tan lejanos como Toledo.
Dos de las hijas de la familia llevaron panfletos a la escuela y varios de sus maestros participaron regularmente en los piquetes. Maestros de la escuela pública César Chávez que habían votado a favor de organizar un sindicato también vinieron a vigilar; nosotros también apoyamos a sus piquetes cuando la dirección de la escuela despidió a algunos maestros que apoyaban la creación del sindicato (los maestros han sido readmitidos mientras tanto y están negociando el convenio.) Al expirar el plazo de 56 días previsto en la orden de lanzamiento hacía tanto frío que los miembros del piquete iban forrados de ropa de invierno… pero el contenedor nunca llegó. Entonces, Fannie Mae ofreció vender la vivienda a los Hernández por 10.000 dólares más que su anterior oferta escandalosa. Pero dado que la vivienda está asegurada, su valor real no tiene importancia para los prestamistas.
Red nacional de plataformas anti-desahucios
En Detroit, más de 80 asociaciones de barrio, iglesias y sindicatos han firmado un llamamiento a Fannie Mae y Freddie Mac a suspender los desahucios, reducir el capital hipotecado al valor de mercado y permitir la venta a precio de mercado de las viviendas a sus antiguos propietarios, bien directamente, bien a través de entidades sin ánimo de lucro dispuestas a devolver las viviendas a sus propietarios. En cuanto a las subastas de viviendas por parte de la autoridad tributaria, Detroit Eviction Defense propone la reducción retroactiva de las bases impositivas al valor de mercado y el recurso al programa Step Forward (paso adelante) del Estado de Michigan para ayudar a los propietarios de viviendas en apuros. En estos momentos, casi la mitad de quienes lo solicitan son rechazados, a menudo por razones burocráticas o defectos formales. Solamente se ha gastado el 20 % de los fondos y hay propuestas de destinar otro 20 % a desmantelar viviendas.
Detroit Eviction Defense también se ha unido a más de una docena de plataformas nacionales o locales similares de todo el país para presentar una lista de demandas al nuevo director de la FHFA, Mel Watt, quien supervisa a Fannie Mae/Freddie Mac. Desde el nombramiento de Watt a finales de 2013, Fannie Mae ha aplazado los procedimientos de desahucio contra varias familias que han recibido el apoyo de Detroit Eviction Defense –incluida la familia Hernández–, pero sin haber dado carpetazo definitivamente a ninguno de ellos. Poco después de la confirmación del nombramiento de Watt, el sector financiero de Wall Street y la Financial Markets Association emitieron una declaración insistiendo en que “se enfrente abiertamente a la amenaza constante” de recurrir a la potestad de expropiación para estabilizar los barrios permitiendo a los propietarios de viviendas permanecer en sus casas.
Cuando Watt realizó finalmente una declaración pública en mayo, esta estaba llena de generalidades y apenas alguna concreción. Habló de lanzar un programa piloto en Detroit, una “iniciativa de estabilización de los barrios”, evaluando a los propietarios de viviendas de cara a una modificación de las condiciones de los préstamos y permitiendo que los préstamos morosos se transfieran a ONG para que “negocien con propietarios morosos serios la salida más viable”. Las ONG podrían comprar las casas desahuciadas para arreglarlas, demolerlas, donarlas a otros propietarios o incluso subastarlas. Sin embargo, esta iniciativa no responde a ninguna de las reivindicaciones que han formulado Detroit Eviction Defense y la red nacional de plataformas contra los desahucios.
Fuente de la versión en inglés: http://www.solidarity-us.org/site/node/4196
Traducido por VIENTO SUR.
Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article9388