Pachakuti
En el día en que se celebra internacionalmente a las víctimas de la Desaparición forzada, cuando el día anterior viernes en la tarde estaban asesinando a la señora Edhit del Consuelo Sántos Jimenez del sindicato de protección Sinposeg e la CUT, (el mismo sindicato que el año pasado tenía a otro dirigente en el PAV-asturiano) relacionado con el sindicato petrolero USO, y también lideresa comunal en el municipio de Chichimene en el departamento del Meta.. en una reunión ampliada de Soldepaz. Pachakuti se ha estado recibiendo a las nuevas tres personas que han llegado a la protección temporal del PAV-programa asturiano de DDHH.. un programa iniciado en 2001, el referente europeo más importante en este área, que ha atendio a 93 personas, dos de las cuales, a su regreso a Colombia, fueron asesinadas.. y que en los últimos tres años está sufriendo los mayores recortes presupuestarios, en una proporción mayor al resto de la cooperación, pese a lo cual, debido al apoyo social y el conglomerado de organizaciones sociales que lo refuerzan, ha posibilitado ahora la llegada de estas tres personas, en un panorama de recrudecimiento de la persecución a muerte a defensores de ddhh , y con el «escándalo» esta semana de la corrupción en la Unidad de Protección, adscrita al ministerio del interior, responsable de la protección a la vida a tanta gente amenazada de muerte en un país donde dichas amenazas se cumplen con rigor.
Los recién llegados narran la persecución a muerte contra los sindicalistas como una situación que permanece. 29 sindicalistas asesinados en el 2013, treinta defensores-as asesinadas en el primer semestre de este año. Algunos han logrado sobrevivir, como Luis Plaza que está de nuevo por Xixón, John Rodríguez, presidente de la USO, el sindicato del petróleo, y Onofre Esquivel, vicepresidente de Sinaltrainal. En los tres hubo reacción de la escolta sindical y sicarios muertos. EL año pasado Colombia fue sancionada en el Tribunal Mundial de Libertad Sindical por la persecución contra los sindicatos y los sindicalistas. La situación continúa y las medidas de protección no son suficientes como afirmó la ONU.
Por eso los sindicalistas colombianos agradecieron la existencia del programa de acogida y el recibimiento que están teniendo en Asturias,
y se han puesto a la entera disposición de los colectivos y organizaciones asturianas para compartir su testimonio de vida y lucha.
Félix Barrios, es integrante del comité ejecutivo de la CUT seccional Bolívar, casi todos tienen esquemas de seguridad pero se les sigue persiguiendo a muerte. La prueba es el atentado a Luis Plaza hace tres meses en un barrio popular de Cartagena. Los dirigentes de la CUT y de algunos sindicatos van escoltados, la mayoría están expuestos a que se materialicen las amenazas. El dinero del narco entró al sector del transporte en Cartagena y los conductores han vivido sin derechos, situación a la que se enfrentan con cada vez más afiliados al sindicato nacional del transporte, centrados en la conquista de derechos laborales, y sindicales en varias ciudades del país.
Omar Fabián Montenegro es comunicador y defensor de derechos humanos. Su riesgo se deriva del acompañamiento a personas que se oponen a los proyectos de minería del oro en áreas de economía campesina del centro del país y a las acciones de solidaridad con personas que son presos políticos.
Misael Portuguéz, es dirigente de Sintraimagra, una organización de obreros de las empresas de grasas y aceites, sector en el que también entró dinero del narco invertido en monocultivos de palma aceitera en donde la organización sindical ha sido perseguida. En el 89 les volaron la sede sindical en Barranquilla con una bomba. Hay amenazas contra dirigentes de su sindicato. En algunos desplazamientos cuentan con los esquemas de seguridad prestados por dirigentes locales. Hay persecución sindical en varias empresas del sector.
Los sindicalistas colombianos se reafirman en la necesidad de una salida política al conflicto armado y ponen sobre la mesa la propuesta de reparación colectiva de la CUT.
La reparación colectiva es la propuesta de reconstrucción del movimiento sindical desde abajo, con responsabilidad del estado, garantías sindicales y libertades reales, con reparación a los sindicatos y a las familias de las víctimas, que son más de tres mil, hasta el momento.
En Septiembre, cuando llegue un cuarto refugiado, se realizaría la reunión habitual d e los grupos de apoyo al PAV, y mientras tanto estas personas están realizando sus gestiones de empadronamiento y organización de la vida cotidiana en los seis meses a permanecer en Asturias.
Conmemoración día internacional de víctimas de desaparición forzada En Colombia la desaparición forzada continua ante el silencio de la
comunidad internacional. Se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hoy 30, un crimen que en Colombia sigue sumando victimas. Una de ellas es Luis Domicó, Gobernador indígena
del Cabildo Saundo en Urabá. Domicó desapareció el 15 de septiembre de
2013 y hasta el momento no existe ninguna información sobre su paradero.
En el marco actual del proceso de paz que vive Colombia es fundamental que
se aborde este crimen y que se busque la manera para asegurar el derecho
de las victimas a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No
repetición. Por ello Oidhaco urge al nuevo Parlamento Europeo dar
seguimiento a la situación de la desaparición forzada en Colombia. «Esperamos que el nuevo Parlamento Europeo pida más contundencia a las
instituciones europeas frente a estas situaciones y que invite a
organizaciones de victimas colombianas para dar visibilidad a sus
propuestas», añade Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco.
Según el Informe Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria presentado en
julio de 2013 se han registrado 25.000 desapariciones forzadas en el marco
del conflicto armado entre los años 1958 y 2012. Cifras reportadas por el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas muestran 169 nuevos casos de
desaparición forzada en 2013.
A pesar de que la ley colombiana reconoce el delito de desaparición
forzada y de que existen leyes que protegen a las víctimas de este delito,
la justicia colombiana no es eficiente para esclarecer los hechos que
constituyen este crimen y para llevar a juicio a los responsables de estos
delitos. En un balance de la acción del Estado Colombiano frente a la
desaparición forzada, el Centro de Memoria Histórico expone varias razones
por las cuales el Estado Colombiano no ha logrado enfrentar este crimen.
«Muchas de las medidas (?) no superan el estado de la sola formulación» y
las que han sido puestas en funcionamiento no han logrado eficacia » bien
porque la institucionalidad a cargo es débil», bien por falta de respaldo
o «porque persiste una actitud institucional o funcional que niega
(explícita o implícitamente) que la desaparición forzada ha sido y es una
realidad en Colombia».Un ejemplo de la ineficacia de la justicia colombiana frente a ese crimen
es el caso de Pedro Movilla, que una mañana de mayo de 1993 fue
desaparecido cuando llevaba a su hija al colegio. 21 años después de la
desaparición forzada de este líder sindical y político, todavía se
desconoce su paradero. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
«todo apunta a la responsabilidad de funcionarios de inteligencia del
Estado colombiano, quienes venían desarrollando actividades de seguimiento
al trabajo político y social de Pedro Julio, miembro del Partido Comunista
de Colombia». Sus familiares han luchado sin descanso por que se conozca
la verdad de los hechos, pero nada ha ocurrido. Recientemente
declaraciones de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho
renacer la esperanza de justicia de los familiares de Pedro Movilla. La
Comisión ha declarado la admisibilidad del caso porque la justicia
colombiana no había resuelto este crimen.
Ante esta situación Oidhaco hace nuevamente un llamado a la UE y a los
países europeos para que condenen este crimen en Colombia y la impunidad
que lo envuelve, que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), fomenta su repetición. «Un pronunciamiento
público de la UE significaría un respaldo internacional a las víctimas y
un mensaje claro al Estado colombiano para que actúe frente a esta gran
impunidad» según declara Vincent Vallies. ________________________________
La Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia -Oidhaco
representa una red de 35 organizaciones de Europa . Desde su sede en Bruselas acompaña las iniciativas de la sociedad civil colombiana buscando
el respeto integral de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario así como la salida negociada al conflicto armado. Oidhaco
tiene un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas desde el 2012.