Las cartas están echadas en la disputa económica, es decir, por los ingresos y la riqueza, y cada cual atiende su juego en el presente y se posiciona a futuro en la perspectiva del recambio del turno presidencial a fines del 2015.
Se discute la política económica de hoy y de mañana, tanto como el orden económico, la producción y la distribución, los beneficiarios y los perjudicados.
Es una cuestión social y política, por lo que actúan movimientos y partidos mediados por la institucionalidad cultural y mediática. Se disputa el sentido común de la sociedad: la hegemonía.
Gobierno
El gobierno pretende sortear el momento con varios frentes abiertos en el orden externo y local.
Con los de afuera se privilegia la discusión con la justicia estadounidense y los fondos buitres, lo que le impide cerrar su objetivo de retornar al mercado mundial de crédito y atraer inversiones externas, especialmente dirigidas al sector energético, con déficit estructural e importante superior a los 10.000 millones de dólares anuales y que incide en los desequilibrios macroeconómicos y en la escalada de los precios locales.
En razón de ello se explica parte del debate hacia adentro y en la intención de contener la escalada de precios acude a correcciones a la ley de abastecimiento para verificar precios y la cadena de valor, recogiendo lógicamente la crítica del poder económico local, impune en el establecimiento de los precios que sufren los sectores de ingresos fijos.
Mientras se define la situación externa derivada de la deuda se sostiene una iniciativa política con una prédica crítica al orden imperialista en la disputa del consenso social, acompañando propuestas legislativas que adecuan la agenda a la nueva situación, por lo que se impulsa la ley de pago soberano y las modificaciones a la legislación sobre abastecimiento, inoperante hasta ahora pese a su sanción desde 1974.
Empresas y poder económico
Si el gobierno se juega desde ahora y hacia el fin de mandato en 2015 la herencia de una política económica sostenida en tres turnos presidenciales, el poder económico hace visible sus reivindicaciones con la crítica a toda regulación económica y presiona para una inserción plena en la lógica de la liberalización económica mundial, aun profundizando el carácter subordinado de la economía local.
Queda claro en la presión por nuevas y recurrentes depreciaciones de la moneda local y ganar no tanto en competitividad sino en formas de apropiación de una cuota mayor de la renta nacional generada desde el trabajo social en el país.
Por eso se escamotea la comercialización de la cosecha o se presiona al BCRA para liberar divisas a precio oficial para cancelar importaciones para el ensamble de productos fabriles en el país.
El sector financiero a su manera, vía bancos, bolsas, seguros o intermediación especulativa de activos disputa al alza la cotización de las divisas.
Así, el poder económico agrario, industrial o financiero condiciona con su accionar y demandas al gobierno actual y al futuro emergente de la renovación en el 2015.
El objetivo apunta a consolidar la institucionalidad liberalizadora lograda en tiempos de la dictadura y el menemismo, confirmando la irreversibilidad de un modelo productivo con privilegio en la soja, la mega minería y la industria de ensamble. Recordemos además, que todo ello fue posible con el endeudamiento público y la legislación de entidades financieras y de inversiones externas sobrevivientes de los años de la dictadura genocida.
Trabajadores
Los trabajadores también se expresan. El paro general del 27 y 28 de agosto pasado se hizo sentir más allá de la cuantificación que se realice.
Es un hecho político que pone en juego las demandas de amplios sectores afectados por la desaceleración económica y la recesión productiva, expresada en cesantías y suspensiones.
Las reivindicaciones levantadas en el paro fueron varias, con epicentro en el salario y los ingresos populares.
Se sostiene como cuestión de fondo que los ingresos populares no alcanzan para satisfacer las necesidades cotidianas del trabajador y su familia, estimada en el orden de los 10.000 pesos y un salario promedio que apenas ronda los 6.000 pesos mensuales, con un mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que se acercará en los próximos días a 4.860 pesos (35% de actualización) luego de reunido el “Consejo del Salario”, pero que solo expresa una referencia, puesto que son muchos los trabajadores que perciben ingresos inferiores a ese monto, especialmente en los Estados municipales.
Peor es la situación si consideramos a los trabajadores pasivos, con una mayoría en la mínima de 2.757 pesos mensuales y que en septiembre alcanzará los 3.231, monto que apenas cubrirá un tercio de la canasta de bienes y servicios para satisfacer la vida cotidiana.
En ese marco se inscribe la demanda de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que afecta a un millón de trabajadores.
Pero no se trata solamente de ingresos, sino que se discute la recesión y la respuesta patronal de suspensiones y despidos, por lo que la movilización llevó al Parlamento la demanda de una legislación que clausure la posibilidad de suspensiones y despidos.
Las ganancias acumuladas en estos años permitirían soportar los efectos de la recesión en curso, claro que eso supone pensar en un Estado capitalista con disposición a restringir la lógica de la ganancia.
El solo hecho de empujar la demanda de restricción a las ganancias supone pensar en propuestas anti capitalistas, resistidas por las patronales y sus burocracias legislativas, judiciales, en el poder ejecutivo y en los medios de comunicación a su servicio.
La suspensión de la deuda y la auditoría de la misma formaron parte de los reclamos de algunas de las organizaciones movilizadas por el paro, tal el caso de la CTA que lidera la convocatoria a una campaña popular en demanda por una salida alternativa a la cuestión de la deuda pública, que recurrentemente vuelve al debate de la economía y la política en el país.
El cuadro general: recesión, empleos y precios
La recesión y el incremento de los precios, entre ellos de las divisas, son un dato de la realidad y tiene impacto regresivo en la distribución del ingreso y en el empleo.
En el horizonte cercano no se ven correcciones importantes de política económica que reviertan estructuralmente la situación. En el marco del desarrollo capitalista no alcanza con inversiones públicas ni ampliación del gasto estatal, asuntos que empuja el gobierno en los últimos tiempos, aun con límites por la situación fiscal y financiera.
Por ello, el gobierno sigue en la búsqueda de conseguir capitales externos, vía inversiones o préstamos, algo que aparece difícil ante la conflictividad externa derivada de la sentencia Griesa.
Sin embargo, la presencia por estos días del titular de YPF por Malasia y China para acercar divisas en la explotación de hidrocarburos no convencionales y la visita urgente del Ministro de Economía a Brasil para activar la producción y venta de automotores a ese país (principal comprador) están encaminadas a intentar resolver el cuello de botella del sector externo. Brasil también está preocupado desde que acumula dos trimestres de caída del PIB, o sea, también entró en recesión.
De lo que se trata es de facilitar la ampliación de la producción vía estímulo a inversiones del capital externo, ya que existen límites a la inversión privada de capital local, más interesada incluso en la fuga de capitales que en organizar un ciclo de reproducción ampliada en el país, confirmando la lógica especulativa y dependiente del funcionamiento del capitalismo en la Argentina y el parasitismo de su burguesía local.
No solo existen trabas por falta de inversiones, sino que la disputa por los dólares, entre gobierno y empresarios adiciona complicaciones al ciclo productivo dependiente de las fábricas de ensamble o armaduría.
Para que funcione la industria local hacen falta cuantiosas importaciones de partes e insumos importados y por eso, mientras no llegan divisas para abultar reservas, las importaciones para la industria siguen frenadas y los principales fabricantes denuncian deudas con proveedores superiores a los 4.000 millones de dólares por importación de partes.
No está prevista en el corto o mediano plazo una reestructuración industrial que apunte a la producción local vía sustitución de importaciones. Es algo que quedó claro con la importación de materiales ferroviarios cuando existía en el país la capacidad histórica para su producción.
¿Qué pronóstico? ¿Qué hacer?
El pronóstico es de continuidad esencial del cuadro depresivo y con crecimiento de precios y afectación a sectores de menores ingresos, agravado con la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en el primer semestre del 2014 según informó el INDEC.
Todo indica que se acabó el proceso de recuperación de la economía con ampliación del empleo, especialmente desplegado entre 2002 y 2008, duramente afectado en 2009 y que pareció recuperarse entre 2010 y 2012, para congelarse y deteriorarse entre 2013 y 2014.
El problema radica en que el empleo creció de la mano del sector menos dinámico de la economía, con atraso tecnológico, orientado al mercado interno y no expuesto a la competencia internacional. El sector más dinámico, moderno y competitivo internacionalmente viene perdiendo empleo en el último tiempo, es el caso de las automotrices.
No se visualiza una mayor demanda de empleo en el corto plazo, por lo que el efecto sobre el empleo seguirá siendo importante y las condiciones de funcionamiento del orden capitalista no presentan soluciones para las expectativas de los trabajadores.
Esa es la importancia del programa anticapitalista a sustentar desde los trabajadores, siendo algo que supera las fidelidades políticas en la coyuntura y aparece como desafío para la clase obrera en la actualidad.
Desde el punto de vista económico la ecuación es salario contra ganancia y no parece que la burguesía, especialmente la más concentrada esté dispuesta a resignar beneficios cuantiosos acumulados en la década.
La única manera de resolver la ecuación proviene de medidas de política económica, entre las cuáles sobresale el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o su eliminación directa, lo que podría asociarse a una reforma impositiva para gravar al capital financiero y a las grandes fortunas, algo que no aparece en la agenda del gobierno.
También podría profundizarse una línea de acción contra las empresas en crisis, para la recuperación por el Estado y sus trabajadores en un marco de discusión y modificación del modelo productivo y de desarrollo.
En el mismo sentido apuntamos a la nacionalización del comercio exterior o de la banca, imprescindible para frenar la fuga de capitales y la subordinación a la lógica especulativa del capitalismo contemporáneo.
Insistamos en que la resolución de este conjunto de problemas requiere la lucha con el régimen del capital en su etapa imperialista y de transnacionalización creciente.
¿Qué presión pesará más?
La presión del poder económico para una devaluación es importante. Remito al accionar del sector agrario (especialmente grandes productores y exportadores, particularmente de soja) y también sectores fabriles asociados a la exportación (automotores, electrónica y electrodomésticos).
En el mismo sentido actúa la presión especulativa del sector financiero, lo que se expresa en las negociaciones del dólar ilegal con impacto en el conjunto de otras divisas.
Desde el gobierno se sostenía que no iba a devaluar y las presiones se abrieron paso en enero del 2014.
Ahora se sumó en sentido contra hegemónico la presión de los trabajadores con el paro nacional del 27 y 28 de agosto.
El interrogante es cuál de las presiones pesará más. La agenda en discusión en el gobierno es más cercana a la del poder que a la de los trabajadores, con lo cual puede pensarse que las mini devaluaciones que llevaron al dólar de 8 pesos a 8,42 desde enero a agosto, pueden profundizarse en cuenta gotas, o con una mega devaluación reproduciendo la lógica de inicio de este 2014. El impacto regresivo sobre los trabajadores y sus familias será gigantesco.
Resulta imprescindible acrecentar la iniciativa política de los trabajadores, no solo por evidenciar la agenda de demandas económicas, sino para intervenir en la disputa política de la Argentina.