Los derechos humanos integrales hoy están bajo ataque. El gobierno a través de las reformas constitucionales los divide para irles destrozando uno a uno. Aun cuando están en el artículo primero de la Constitución, las reformas estructurales implican un ataque a fondo en contra de cada uno de ellos. Así, no puede haber una vida digna si no hay empleo, salarios, educación, salud, vivienda, agua, tierra, seguridad, libertad, democracia, igualdad. No podemos dejar de lado la asociación que existe entre el modelo económico, la pobreza y los altos índices delictivos que vivimos en nuestro país. Las consecuencias lesivas sobre los trabajadores no se han hecho esperar: la tasa de desempleo en los jóvenes se duplicó en la tasa nacional promedio, alcanzando el 10% en 2013, en tanto que el desempleo ha seguido incrementándose hasta llegar a 2.7 millones de personas, según cifras oficiales de la OCDE. A ello habría que agregar poco más del 60% de trabajadores empleados en la economía informal, que rebasan el 65% del total de la fuerza de trabajo que no tiene empleo permanente en nuestro país, y eso considerando sólo cifras oficiales, que por su maquillaje esconden una situación más dramática.
Por otra parte, en México se vive una aguda sobreexplotación del trabajo. Según algunos estudios, se calcula que sobre la base de una jornada de trabajo de 8 horas, 7:50 horas es el tiempo equivalente a la producción de plusvalía y sólo 10 minutos equivalen al tiempo para producir el valor equivalente al salario. A la vez, la integración cada vez mayor a la economía imperialista, básicamente de Estados Unidos, proporciona mano de obra barata, tanto por la migración, como mediante la explotación directa en México. Esto incide en la insuficiente tasa de crecimiento y la caída permanente del mercado interno: una economía de exportación, aún deformada y parcial, no tiene salarios con poder de compra suficiente para fortalecer el mercado interno. Baste agregar el marcado aumento de precios en gran parte de los artículos de la canasta básica de consumo de la población trabajadora para ver, una vez más, que el costo mayor de estas crisis lo pagamos las y los obreros; ya que las negociaciones salariales, en los meses que han transcurrido de 2014, no sobrepasan el 4% de aumento en el reducido segmento de trabajadores amparados por contratos colectivos de trabajo.
La propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido que reconocer, en un estudio publicado en diciembre de 2013, que el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído ¾ partes desde 1976, es decir, que ahora se compra sólo una cuarta parte de lo que se compraba en ese año. Actualmente México es el país con más alto porcentaje de trabajadores en la informalidad de América Latina y el Caribe: 3 de cada 5 empleos en nuestro país se inscriben en la economía informal o subterránea, es decir, casi 30 millones de trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social, están confinados a condiciones laborales precarias, bajos ingresos y falta de derechos, y que se dedican fundamentalmente a actividades comerciales que operan a partir de recursos familiares pero sin constituirse en empresas. A esa violencia desmedida, es necesario sumar otra particularmente inaceptable: la oleada de violencia contra las mujeres, una violencia diversa (intrafamiliar, laboral, sexual), pero, sobre todo, feminicida.
Por ello, es fundamental impulsar una salida alternativa cuestionando al modo de producción capitalista neoliberal, su carácter decadente, depredador e inhumano. Frente a esta situación es un paso fundamental la reciente fundación de la Nueva Central de Trabajadores, impulsada por el SME, para impulsar la independencia política de la clase trabajadora mexicana y la posibilidad de condiciones diferentes para la lucha y resistencia contra la ofensiva neoliberal. Pese a las trabas corporativas existentes en la mayoría de las organizaciones, de todos modos las luchas de resistencia de los trabajadores se mantienen y siguen creciendo. Además de la lucha magisterial y campesina, la heroica resistencia del SME, destaca también la de los mineros y sus huelgas en Taxco y Sombrerete, además de la golpeada en Cananea, pero acosado y todo a 7 años el sindicato sigue resistiendo. En la lucha de los usuarios de energía eléctrica contra las altas tarifas, queda claro que en materia de electricidad los gobiernos neoliberales entregan los recursos y el patrimonio nacional a los grandes empresarios nacionales e internacionales y el gobierno de Peña Nieto como instrumento de aquéllos y la pérdida de la Soberanía Nacional. Esto implica, necesariamente, luchar organizadamente contra estas reformas. Solo así ganaremos la batalla contra el miedo, reforzando los lazos de solidaridad entre la clase trabajadora y la ciudadanía. Defender la integralidad de los derechos humanos es luchar contra las reformas neoliberales. Vivir es resistir.