Conocimiento infinito o privatización del conocimiento
Marcos Piña
La colonización de las oficinas de propiedad industrial es un grave problema que aún no ha sido abordado de manera eficaz por los gobiernos progresistas de Latinoamérica y El Caribe.
Un nuevo ejemplo de este fenómeno que se repite año tras año con nuevos actores de la vanguardia del discurso pseudomodernizador de la innovación mediante el uso de la propiedad insustrial e intelectual es la III Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial y Agencia de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación de países de América Latina. La organización del evento corrió por cuenta de la OMPI, en colaboración con el IEPI y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENNESCYT), y contó con la participación de aproximadamente 80 personas representantes de 18 países.
Su anfitrión, Andrés Ycaza, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), resalto como fiel relato oficial diseminado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que «el estado actual de la innovación reflejado a través del registro de patentes y cuáles son las políticas públicas para incentivar nuevas investigaciones» y que «uno de los retos que se tiene como países de América Latina es “invertir la carga de patentes internacionales versus las nacionales, es decir, incrementar las solicitudes nacionales”.
Afirmó que en Ecuador se inscriben unas 1000 patentes por año, pero máximo 20 son ecuatorianas. Las demás patentes son invenciones extranjeras que se registran en Ecuador para poder tener “derecho de exclusividad”. Agregó que el 95% son farmacéuticas.
Estos datos duros de la realizad ecuatoriana se repiten en el resto de los países de la región como la prueba mas contundente de la utilización de que las patentes son un instrumento de las grandes empresas extranjeras y en especial las farmacéuticas, para dominar los mercados nacionales, bloquear la innovación local mediante la obtención darge los derechos exclusivos o monopolios y controlar a los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes de patentes, como es el caso de Andrés Ycaza, de IEPI ecuatoriano.
El esfurezo de estos funcionarios por justificar la existencia de sus oficinas de patentes y los acuerdos tácitos establecidos con los organismos internacionales como OMPI, los hacen engañar con su discurso a la población en general, a los investigadores y a su propio presidente, Rafael Correa, quien debó liberara las patentes de 9 medicamentos esenciales para poder bajar sus costos y abastecer a los enfermos a precios razonables.
Si en Ecuador el 2% de las 1000 solicitudes de patentes son nacionales, cual es la utilidad de este sistema mundial que solamente beneficia en su país a las transnacionales farmacéuticas? De donde nace el empeño por relacionar la innovación a las patentes cuando ya está comprobado que es una asociación falsa para justificar el mantenimiento de un mecanismo de penetración de mercados nacionales para comercializar el excedente que los países centrales pretenden enviar a nuestra región y así compensar sus balanzas comerciales en baja producto de la «crisis» que las mismas empresas han generado en sus sociedades, que son las que más utilizan a las patentes como creación de monopolios y oligopolios.
¿Donde está el patriotismo de utilizar a las patentes que claramente les sirve a las empresas extranjeras en un gobierno que defiende los intereses de los más pobres como lo demuestra el presidente Rafael Correa, en cada una de sus exposiciones frente a su pueblo?
Aunque algo le falló a Ycaza en este encuentro en hotel Barceló Colón Miramar en Salinas, también estuvo presente René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
El funcionario expuso que se tiene como propósito “pasar de esta dependencia de los recursos naturales no renovables a la constitución de una sociedad del conocimiento”.
Agregó que para la constitución de la sociedad del conocimiento lo primero que se ha hecho es una reforma al sistema de la educación superior. Mencionó –como ejemplo– los procesos de evaluación a las universidades. Afirmó que ahora se da mayor incentivo a “aquellas carreras que necesita el país”.
Ramírez indicó que el próximo mes se espera enviar a la Asamblea el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento.
Allí, explicó, se quiere marcar diferencias en conceptos como “capitalismo cognitivo”, donde se entiende al conocimiento como un bien escaso y donde hay restricciones; y “economía social del conocimiento”, en la que el conocimiento y la creatividad son un bien infinito.
“En el capitalismo cognitivo la propiedad intelectual es exclusivamente privada; en la economía social del conocimiento se reconoce la pluralidad de propiedades intelectuales”, mencionó.
«Se trata de cambiar el sistema de la educación superior. Antes solo se transmitía conocimiento. Hoy estamos en búsqueda de generar conocimiento, señaló Ramírez. Un ejemplo de lo dicho es que antes había un promedio de 1,1 patentes por año generadas en el sistema universitario. Hoy en día, una sola universidad está presentando siete patentes.»
Este último comentario sin embargo, incrementa la incertidumbre sobre las verdaderas intensiones de la economía social del conocimiento: ¿como pretender patentar el conocimiento generado en las universidades mediante patentes?
El gobierno del presidente Correa deberá definirse por defender al «capitalismo cognitivo» como su nuevo relato del capitalismo del siglo XXI o por el conocimiento que tiende a infinito, como paradigmas antagónicos de la Revolución Ciudadana del Ecuador, que lucha contra las corporaciones con las armas melladas del capitalismo basado en la propiedad intelectual, sus maniobras y sus trampas