Quito, 29 de agosto 2014.- La Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Ecuador inició el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), de iniciativa del presidente de la República, Rafael Correa, referente a los tipos penales sobre la violación de los derechos de propiedad intelectual.
Dando marcha atrás en posiciones de defensa de derechos sobre apropiacón de conocimiento y economía social y en un aparente alineamiento con organismos internacionales de propiedad intelectual como la OMPI, el Estado ecuatoriano impulsa modificaciones procesales que castigan a la llamada «piratería» y falsificación de Marcas extranjeras, promovida por las propias empresas audiovisuales y textiles con fines de promoción de sus productos, según especialistas de derechos de autor y marcas de la región, aunque en la práctica criminaliza a los denominados «manteros» o comerciantes de venta de copias no autoroizadas por el autor (las empresas de discos y filmes estadounidenses).
El presidente de la comisión COIP, Mauro Andino, señaló que la propuesta está orientada a sancionar la falsificación de marcas y piratería lesiva a los derechos de autor.
El mandatario propone una reforma al Libro I de la infracción penal, sobre todo al Título 4 de infracciones contra la propiedad intelectual.
El lobby de las transnacionales de Holywood y las grandes Marcas estadounidenses cooptaron sin embargo a los funcionarios de propiedad intelectual del Ecuador y avanzaron sobre la Justicia, según lo informado por algunos artistas nacionales quienes ven este cambio de política en materia de derechos de autor y marcas un avance de las corporaciones sobre el gobierno de Rafael Correa.
Andino señaló que el proyecto agrega un inciso luego del artículo 370 del COIP referente a delitos contra la propiedad intelectual. La propuesta establece que la persona que realice actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio a escala comercial será sancionada con pena de multa de 500 a 500 mil dólares.
El aumento de multas es propiciado en todo el mundo por la Secretaria de Comercio de los EE UU (USTR) para que los países sean retirados de la «Lista 301» de países que no respetan la propiedad intelectual (de las empresas de Estados Unidos)
