Ollantay Itzamná
En todos los tiempos, los estados democráticos fueron organizados con la finalidad de garantizar/satisfacer los derechos y las libertades para sus ciudadanos. Pero, el casi bicentenario Estado de Guatemala fue organizado y funciona para garantizar los privilegios de unos pocos y reprimir toda defensa de derechos y de oportunidades para las grandes mayorías.
El pasado 26 de junio, fueron secuestrados, por varias horas, tres defensores de derechos humanos del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Mauro Vay, Blanca Ajtún y Mariano García, en la comunidad de Capellanía, Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a casi 300 Km al noroeste de la ciudad de Guatemala, por personas que decían ser autoridades comunitarias y pro intereses de la empresa de ENERGUATE.
Gracias a la inmediata intervención de dirigentes nacionales de CODECA, y de entidades como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), fueron “liberados” por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes trasladaron a dichos defensores a la sub estación policial del lugar. Allí ya se encontraba el representante legal de la empresa distribuidora de ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS) quién, sin que mediara orden judicial, pidió el encierro de los tres trasladados. La PNC obedeció en el momento la “petición” de la empresa.
Ya transcurren dos semanas de aquel acto criminal, pero los secuestradores andan sueltos, y los tres defensores de derechos siguen encarcelados ilegalmente, a petición del Ministerio Público (MP) y ENERGUATE, porque el movimiento social CODECA no tiene los tres millones de quetzales (375 mil dólares) para pagar como fianza por la libertad condicional de sus defensores, como exige ENERGUATE y MP.
¿Quiénes son estos defensores de derechos secuestrados y encarcelados?
Don Mauro Vay Gonon. Indígena quiché de 60 años de edad. Luchador ejemplar e incansable por la dignidad, la soberanía y los derechos del pueblo de Guatemala. Padre de 9 hijos (la mayoría de ellos también defensores de derechos). Conoció y sobre vivió a las violencias y humillaciones más inhumanas de la guerra interna. Jamás aceptó huir del país para salvar su pellejo, pero tampoco se dejó capturar por el Ejército que le tenía sentenciado a muerte.
Hombre sabio y coherente, que vive como piensa. Él jamás buscó, ni busca, premio o reconocimiento alguno. Jamás buscó ascenso social o económico. Vive con su familia unida en una casita sencilla y campesina, protegido por los árboles del cacao y algunos frutales que sobreviven en la zona a la prisión verde de los monocultivos que rodean el lugar.
Cuando le oigo hablar, siempre pienso que él tendría que haber sido uno de mis profesores en las clases del doctorado, o en algún curso de pregrado. Pero, él, como muchos, no tuvo derecho, ni oportunidad para terminar ni la primaria.
Mauro Vay gastó y gasta cada instante de su vida en la defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de Guatemala. Un defensor de derechos que jamás ejerció, ni promovió la violencia para hacerse escuchar.
Junto a otros 16 campesinos/as indígenas de la Costa Sur de Guatemala, en 1992, fundó el movimiento social CODECA, en plena guerra interna, con la finalidad de organizar a campesinos indígenas sobrevivientes de la guerra para defender los derechos, la dignidad y la soberanía de Guatemala. Un movimiento social que ahora se constituye en el almácigo donde germina la conciencia y el sueño por una Guatemala digna y soberana. Mauro es fundador y coordinador nacional de CODECA.
Doña Blanca Julia Ajtún Mejía. Mujer maya, madre de 4 hijos (una menor de 8 años). No llega a los 40 años de edad, pero, en su corta trayectoria como defensora de derechos en CODECA, aprendió que la “vida es lucha, y se lucha siempre”.
Cuando le tocó hacer de padre y madre para sus hijos, convirtió la noche en día para trabajar, y así pudo sacar a flote a su hogar. Itinerante incansable en las comunidades para organizar y capacitar a mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos. Actualmente es Vice Presidenta de CODECA a nivel nacional.
El sistema estatal racista y patriarcal truncó su proceso de estudios. Pero, como Ella indica: “La organización fue mi mejor escuela”. En las comunidades donde Ella acompaña la llaman Licenciada Blanca. Y no es para menos. Su lucidez y su capacidad para comprender y explicar la realidad coyuntural y estructural del país la posicionan por encima de muchos titulados universitarios.
Don Mariano García Carrillo. Es un líder comunitario maya del Municipio de Chiantla, afiliado a CODECA. Fue secuestrado junto a Don Mauro y Dña. Blanca, y, al igual que ellos corrió la misma suerte: secuestro, seguido de detención ilegal, para luego ser encarcelado sin que exista argumento jurídico sostenible.
Ni Blanca, ni Mauro, ni Mariano, ni ningún otro defensor de derechos en CODECA recibe salario. Lo que les mueve es abrir el sendero para el añorado amanecer que traerá días mejores para sus hijos/as y nietos/as. La esperanza del nuevo amanecer que está por clarear es lo que mueve a estos y otros defensores de derechos.
¿Por qué secuestraron y encarcelaron a estos defensores de CODECA?
Desde hace más de 10 años atrás, en sectores rurales del país, existe una molestia social creciente por los altos y abusivos cobros de los servicios de la energía eléctrica. Se facturan por alumbrado público en lugares donde no existe dicho servicio. Existen casos en los que campesinos e indígenas pagan entre el 30 y 50% de sus ingresos mensuales por las facturas de luz. Es decir, este servicio, luego de la privatización (1996), lejos de mejor las condiciones de vida, pauperizó aún más a los sectores excluidos.
CODECA, en sus inicios, se constituyó como un espacio social para la defensa y el ejercicio de derechos laborales de campesinos “jornaleros”, y para el acceso a la tierra de campesinos/as expulsados.
Pero, las comunidades afiliadas en el interior del país, obligaron a la dirigencia nacional a que también agende la defensa del derecho a la energía eléctrica sostenible como una de sus prioridades (amparada en la Resolución n°. 151/65 de la ONU, 2010). Así fue cómo la organización, desde el 2008, asumió el reto de: “La energía eléctrica es un derecho, no una mercancía. Nacionalizarla es nuestro deber. No más abusos. ENERGUATE afuera”.
Las comunidades, amparadas en el ejercicio del derecho a la resistencia (establecido en el Art. 45° de la Constitución Política) emprendieron su lucha frente a la única empresa distribuidora (ENERGUATE) que les provee la electricidad en sus lugares, porque sentía y sienten que les menguan sus derechos con las facturaciones arbitrarias. Así fue cómo la gente dejó de pagar la electricidad “hasta que se nacionalice la distribución de dicho servicio” porque ENERGUATE sólo comercializa lo que INDE (Instituto Nacional de Electricidad) le provee.
Frente a esta inédita resistencia social generalizada, el MP no pudo individualizar las acusaciones, en contra de los usuarios, por hurto de fluido (establecido en el Código Penal con penas mínimas). Por ello, el Gobierno de Otto Pérez Molina pidió al Congreso Nacional que modificase el Código Penal para frenar la resistencia, pero no se hizo la modificación. Lo que sí hizo el Presidente actual fue “impulsar” la creación de una Fiscalía Especial para perseguir los casos de hurto de electricidad.
Hasta ahora no existe una sola acusación hecha por el MP por el delito de hurto de fluido eléctrico. A los tres defensores de derechos de CODECA, por ejemplo, los acusa por estafa y por instigación a delinquir, en ningún momento se menciona el delito de hurto de electricidad.
Al no poder desinflar la resistencia social creciente que demanda la nacionalización de la energía eléctrica, la empresa afectada (ENERGUATE) procedió a cooptar líderes comunales y religiosos, funcionarios y autoridades estatales, para intimidar y frenar la resistencia.
¿Cómo operan los intereses económicos contrarios a la demanda de la nacionalización de la energía eléctrica?
Lo más grave, según denuncias de las comunidades en resistencia, la empresa recurrió al uso de fuerzas para estatales (caso de la comunidad de Cayuga, Municipio Morales, y el caso de la comunidad Capellanía, Municipio de Chiantla), para perseguir y secuestrar a sus dirigentes. En ambos casos de estas comunidades, sus dirigentes fueron secuestrados violentamente, luego entregados a la PNC, encarcelados por varios meses. En la mayoría de los casos salieron libres, pero tuvieron que pagar excesivos montos económicos como fianza.
Quienes capturaron a Don Mauro y a Dña. Blanca confesaron expresamente que estaban a favor de ENERGAUTE y en contra de la organización CODECA. Lo dice incluso el actuado policial documentado.
Cuando se revisa el expediente legal, no existe ningún acta o documento circunstanciado y firmado que indique lo ocurrido o el delito cometido por los tres defensores. Es decir, no había delito flagrante.
Es más, el documento que abre el expediente judicial del caso es el actuado policial (de fecha 26 de junio) que indica que los acusados fueron aprehendidos por autoridades comunitarios “porque ellos estaban en total desacuerdo de lo que les exponían”. ¿Acaso no se puede exponer ideas o propuestas en la Guatemala democrática?
Según testimonios de Dña. Blanca Ajtún, uno de sus captores se comunicó, durante el secuestro, delante de Ella, por teléfono celular, en los siguientes términos: “Yo ya hice mi parte. Aquí los tengo. Ahora, Uds. tienen que hacer su parte”.
El mismo día del secuestro, por la noche, cuando la PNC estuvo por liberar a los defensores de derechos ya custodiados, apareció el representante legal de ENERGUATE pidiendo la detención de los secuestrados en las celdas de las sub estación policial de Chiantla. Y así fue. Desde entonces, no hay Ley, ni recurso constitucional que pueda sacar de la cárcel a estos defensores encarcelados.
¿Por qué no se aplica el recurso constitucional de Habeas Corpus para dejar en libertad a los detenidos fuera de la Ley?
Este recurso procede cuando una persona es arbitrariamente detenida, en contra de su voluntad, por autoridades o terceras personas sin que medie orden judicial o flagrancia. El recurso lo puede y debe solicitar cualquier persona (no necesariamente abogado, ni necesariamente por escrito). Las constituciones políticas lo disponen para preservar y proteger la libre locomoción.
En el caso de los tres defensores secuestrados, luego detenidos y encarcelados (ya por cerca de dos semanas) jurídicamente procede este recurso. Pero, ni los abogados, ni la PDH prefirieron este recurso antes.
Es más, el abogado Gelser Román Mayorga, defensa de los tres defensores encarcelados, indica en la entrevista: “La misma noche del 26 de junio, cuando me apersoné ante el Juez de Paz de Chiantla, le pedí que dejara en libertad a mis defendidos por falta de mérito, de lo contrario presentaría el recurso de exhibición personal (habeas corpus), pero el juez me respondió, ‘Yo no me voy a echar esta maleta pesada encima. Si presentas el recurso se declarará improcedente’”.
El profesional siguió manifestando: “En este caso hay intereses demasiado grandes. Hay rumores que me llegan indicando que tenga cuidado que la empresa tiene mucho dinero (…) Incluso, el mismo Gobernador Departamental, a quién jamás lo había conocido en persona, con su asesor jurídico, vino por la noche a mi casa para que hablemos del caso (…). Él no quiere que este caso tenga impacto negativo en su gestión”.
El Señor Erick Villatoro, representante departamental de la PDH, ante nuestra pregunta del por qué no se solicitó inmediatamente el recurso de hábeas corpus, nos dijo: “Las autoridades judiciales y policiales están sustancialmente disminuidos en su autoridad aquí. El Juez de Paz de Chiantla y varios policías han sufrido vejámenes, por otros casos, en manos de las comunidades organizadas. Yo mismo estuve secuestrado, en el 2007, en Todo Santos, por 10 horas por las comunidades organizadas.”
Lo cierto es que en el caso del secuestro, detención ilegal y encarcelamiento arbitrario de los tres defensores, comunidades organizadas de diferentes municipios estuvieron y están exigiendo la inmediata liberación de sus defensores. Entonces, ¿Quién es el que está presionando o impidiendo que estos defensores recobren su libertad? ¿Por qué ENERGUATE y MP exigen un millón de quetzales (125 mil dólares) como fianza por la libertad condicional de cada uno de los defensores secuestrados y encarcelados? El delito de hurto de fluido eléctrico se sanciona con una multa de 200 a 3000 quetzales, según el Código Penal (Art. 249°).
Finalmente, el 4 de julio se interpuso el recurso de habeas corpus en la Sala de Apelaciones de la ciudad de Huehuetenango, y 4 días después, dicha Sala resolvió IMPROCEDENTE el recurso, argumentando que “los exhibidos no se encuentran detenidos o cohibidos en el goce de su libertad individual ni existe amenaza de la pérdida de ella…”. Alucinante, ¡en Guatemala los encarcelados no están privados de su libertad!
Los delitos que se les imputa a estos tres defensores son: estafa especial y actividades contra la seguridad interior de la nación. Estas acusaciones el MP deberá probarlos en juicio, pero los defensores tienen que defenderse en libertad.
Llegó el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido para América Latina a Guatemala, habló de la defensa de los intereses de la inversión británica, y secuestran, capturan y encarcelan a los defensores de derechos de CODECA
El Sr. Hugo Swire, Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido para América Latina visitó a Guatemala entre los días 24 al 26 de junio.
En dicha visita, habló de negocios y derechos humanos con el Gobierno de Otto Pérez Molina. Y, según las publicaciones de los medios corporativos, lamentó que hubieran organizaciones que estén afectando a los intereses económicos de las corporaciones británicas (caso ENERGUATE), en los siguientes términos: ‘“Algunas organizaciones efectivamente están robando la electricidad de la red y la están vendiendo a las comunidades”, dijo Swire, quien afirmó “que hay mucho trabajo por hacer” en ese aspecto en Guatemala’”.[1]
Y, por esas coincidencias “fortuitas”, el mismo día que se marchaba del país el gran Ministro inglés, sujetos que decían actuar en defensa de los intereses económicos de ENERGUATE, secuestran, detienen y encarcelan a los dirigentes nacionales y defensores de derechos de CODECA, violando no sólo el debido proceso y cometiendo varios delitos de los que tendrán que responder, sino humillando aún más al empobrecido y colonizado país de Guatemala. ¿Una simple coincidencia?
¿De dónde vino esa orden desesperada para intentar descabezar a CODECA? ¿Acaso los embajadores de la Unión Europea no dijeron, tan sólo semanas atrás, que sus principales aliados en la defensa de los derechos humanos en Guatemala eran las y los defensores de derechos humanos? ¿A qué “maleta pesada” se refería el Juez de Paz de Chiantla cuando el abogado de CODECA planteó la libertad de los secuestrados-detenidos?