rubèn ramos
El pasado 29 de mayo el presidente de Perú, sus ministros, congresistas y autoridades regionales y locales enterraron en Talara, en la región Piura, uno de los últimos símbolos de la historia peruana identificada con la ética de la soberanía y la dignidad nacional.
Después de casi 46 años que la Revolución que condujo el general Velasco reinvindicara el derecho que le corresponde a un Estado independiente sobre sus recursos naturales, el gobierno actual retrotrajo la historia en su versión neocolonial, dependiente y servil.
Lo que no hay que olvidar
En Talara, la Revolución del 3 de Octubre de 1968, acabó con 78 años de oprobio, desde que en 1890 la London and Pacific Petroleum Company de Inglaterra usurpara los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas. Acabó igualmente con los 44 años en que la International Petroleum Company (IPC), heredera de la London, explotó nuestro petróleo, hasta prácticamente acabarlo, evadiendo todo pago de impuestos y actuando como un Estado dentro de otro.
La IPC era una empresa que figuraba con sede en Toronto-Canadá pero cuyas acciones pertenecían a la Jersey Standard, una de las empresas en la que se desmembró la Standard Oil de New Jersey del Grupo Rockefeller, para burlar la legislación antimonopolio de EEUU. La Jersey Standard Oil se convertiría después en la EXXON más conocida en América latina como ESSO. Esta es, la primera compañía petrolera a nivel mundial con mayor caudal monetario en el mundo por encima de British Petroleum y Shell. Sostiene a los principales think tanks del conservadurismo republicano de los EEUU y contribuye con las campañas de sus candidatos como la de los Bush, Mc Cain y otros. Está vinculada con la explotación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural y con la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes en más de 40 países alrededor del planeta.
La IPC empezó a explotar nuestro petróleo en 1924 tras adueñarse de una zona petrolífera de más de 106.000 hectáreas. Hacia diciembre de 1967 del siglo pasado la International Petroleum Company (IPC) acaparaba más del 90 % de la producción, refinación y comercialización del petróleo nacional y de sus derivados.
El 13 de agosto de 1968 el administrador de turno de los intereses norteamericanos en el gobierno peruano, y los representantes de la oligarquía nacional, firmaron la llamada “Acta de Talara” promovida en el Congreso por la espúrea alianza entre los dirigentes de los partidos políticos Apra y Unión Nacional Odriísta, enemigos irreconciliables hasta entonces.
Días después, el país se enteró de las concesiones que significaba esta Acta a favor de la IPC: 80 años para refinar petróleo en Talara; 80 años para fabricar aceites y combustibles, 80 años para monopolizar la comercialización de combustibles. Concesión de un millón de hectáreas cuadradas en la selva peruana para exploración y explotación. Condonación de la deuda millonaria de la IPC al Estado peruano por impuestos no pagados desde 1924.
Entre los escándalos que se produjeron y el rechazo de la población a la burla de los compromisos que había contraído el presidente Belaúnde con relación al problema de la Brea y Pariñas, el renunciante presidente de la empresa petrolera fiscal (EPF) anunció al país que la “página once” del Acta se había “perdido”. Se dice que aquí figuraban otras concesiones así como los arreglos de precios sobre el crudo que la refinería de Talara se obligaba a entregarle a la IPC para su comercialización monopólica. Toda una estafa al pueblo peruano al más puro estilo gansteril estadounidense con sus secuaces nativos.
Esta historia acaba de cobrar vigencia y continuidad. También la que rodeó a la acción de gobernantes y congresistas que coludidos en el poder apañaron las mañas de la IPC y escarnecieron la voluntad del pueblo expresada en elecciones “libres”.
Contrato de “llave en mano”
El gobierno de todos los peruanos, pero que llegó al poder con el voto de los pobres y desposeídos del país, ha suscrito el Acuerdo para la modernización de la refinería de Talara con la transnacional española “Técnicas Reunidas” (TR).
En el documento en que TR da cuenta del acuerdo firmado con Petroperú se dice claramente que se trata del “acuerdo final de conversión a contrato llave en mano para el proyecto de la modernización de la refinería de Talara, Perú, para la ejecución de la ingeniería, aprovisionamientos y construcción de las unidades de tratamiento de crudo de la modernización de dicha refinería”.
Se enfatiza que, “el acuerdo alcanzado corresponde a la conversión del anterior contrato adjudicado bajo la modalidad “open book” y su valor total es de algo más 2.700 millones de dólares”. (El gobierno ha calculado que serán 3.500 millones).
Se acota, además, “tratarse del mayor proyecto llave en mano de refino del mundo adjudicado a un solo contratista, hito que ya consiguió Técnicas Reunidas en 2011 con la contratación en Turquía de otro proyecto llave en mano de refino por 2.400 millones de dólares”. (Subrayados míos).
Dos cuestiones llaman la atención:
La primera, es la referencia a un “anterior contrato adjudicado bajo la modalidad “open book” (libro abierto) que alude a un tipo de contrato en el que contratista y contratante intervienen en las decisiones respecto del proyecto y sobre cuestiones vinculadas con su financiamiento. Sobre este contrato no se ha dicho ni escuchado nada. ¿Por qué su “conversión” en uno de “llave en mano”? Tal vez el funcionario del BM que funge de ministro de economía, podría aclararlo. No sólo por su permanencia en el gabinete, sino porque es el que figura como negociante de las cuestiones financieras de cuanto proyecto imponen el BM, el BID, USAID y las demás instituciones financieras en el marco de la sujeción del Perú al FMI.
La segunda cuestión que igualmente debería responder el ponderado funcionario del BM es: ¿por qué un contrato “llave en mano”? Lo que dicen los entendidos es que esta es una acepción que se aplica a todo tipo de proyectos en los que el que decide TODO lo relacionado con el proyecto es exclusivamente el contratista: diseño, insumos, servicios, ingeniería, construcción, mano de obra, suministro y transporte de materiales, equipos, maquinaria, realización de las obras civiles y su mantenimiento, instalaciones y montajes, políticas y normas para la contratación de mano de obra, entrenamiento y capacitación (siempre y cuando resulte más barato que movilizar su propia fuerza de trabajo ya entrenada y con la experticia de haber intervenido en anteriores proyectos).
Dicho de otro modo, quien decide todo es el contratista “Técnicas Reunidas”. El contratante (gobierno peruano) no tendría ni arte ni parte. Mucho menos el regional o local. Sobre esto, tampoco nadie ha dicho nada. Todos, empezando por el presidente, han pontificado sobre los 14 mil puestos de trabajo, sobre más y mejor trabajo (y no “cholo barato”), sobre el incremento en el número de barriles de crudo, sobre las bondades que aparejará el refino en cuanto a la pureza del aire, sobre las externalidades del proyecto en cuanto al agua, el medio ambiente, la agricultura, las “oportunidades” para los egresados de beca 18, sobre el desarrollo y modernidad de Talara y de Piura, y otras maravillas dentro de las cuales quizás quepa preguntar por la base militar El Pato en Talara y por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en Piura. Dos de las nueve bases militares que la IV Flota dependiente del Comando Meridional de Estados Unidos (USSOUTHCOM) tendría en el Perú.
En los llamados contratos «llave en mano» se dice que nada se puede anticipar antes de concluido el contrato. Hacer previsiones, introducir arreglos, modificaciones, cambios con relación a alguno de los componentes del proyecto Talara correría por cuenta del contratista y en función de sus costos habida cuenta de que este tipo de proyectos es de los que se llaman “alzados”.
En este sentido se habla de que un contrato “llave en mano” supone un “paquete tecnológico” que no se puede abrir. Quien lo reciba verá sus implicancias una vez entrado en operación.
Un “paquete tecnológico”, hace referencia a la posibilidad, o no, que tiene un contratante (el gobierno peruano) de maximizar sus recursos propios o de aprovechar transferencias tecnológicas. Por eso se dice que los “paquetes tecnológicos cerrados” (concurrentes con contratos “llave de mano”) constituyen un factor de dependencia. Se condicen con las imposiciones que aparejan el neocolonialismo y la nueva dependencia. Adiós soberanía, dignidad, independencia. Y, por supuesto, desarrollo.
En un contrato “llave en mano” con “paquete tecnológico” incorporado, existe una pérdida total de control de parte del contratante o de sus representantes. Incluso la empresa (TR en este caso), puede prescindir de su participación.
Y sobre “Técnicas Reunidas” ¿qué se puede decir?
Quizás no sea relevante decir que se trata de un consorcio que en el primer trimestre del presente año acusa resultados deficitarios con relación al 2013. Total, los informes contables sirven para todo menos para dar cuenta de la realidad. En este sentido, los síntomas de los que dan cuenta sus propios auditores podrían no advertir precisamente un cáncer y mucho menos terminal.
Lo que es significativo es decir que se trata de la transnacional española con estrechos vínculos con las monarquías sátrapas de Oriente Medio que, empezando por la saudí, financian junto a EEUU el terror en África, Oriente, Euroasia y el Sudeste Asiático a través de al-Qaeda y sus facciones. Alianzas para destruir pueblos y culturas, invadirlos, balcanizarlos, convertirlos en “Estados fallidos” para apropiarse de sus recursos energéticos y mineros. Momento en el cual entran a tallar consorcios como “Técnicas Reunidas”, expertos en infraestructura e industrias, refino y petroquímica, energía y gas natural. Una revisión de sus proyectos podría advertirnos de sus operaciones allí donde pasaron la OTAN y las fuerzas mercenarias de las empresas de seguridad norteamericanas, canadienses, europeas, asiáticas, colombianas e incluso peruanas.
Igualmente significativo resulta saber que este consorcio actuaría como un “inversionista de impacto” del BM, del BID y de USAID. También del Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Precisamente a través de la alianza BID-BAD, es que “Técnicas Reunidas”, desarrolla proyectos en sus especialidades, orientados a fortalecer la Alianza Asia-Pacífico que impulsa EEUU dentro del Tratado Transpacífico (TTP), del que forma parte la “Alianza del Pacífico” que integran Perú, Colombia, Chile y México. Tratado y Alianza que, como se sabe, forma parte de la estrategia geopolítico militar estadounidense para cercar a China, Rusia y Corea del Norte en el Asia, y para terminar con el Alba, el Mercosur, la UNASUR y la CELAC en América latina.
Por esto, y dado el momento histórico que vive el mundo, cuando las viejas hegemonías se tambalean y surge la alternativa de la multipolaridad, no cabe decidir sobre recursos estratégicos pretendiendo hacerlos pasar como proyectos de desarrollo y mucho menos vincularlos con la dignidad y la soberanía teniendo como telón de fondo nueve bases militares.
El oportunismo político no puede ceder paso a la bajeza histórica. Ni la ineptitud a la traición del más elemental principio de consecuencia con el legado histórico de quienes indicaron que el único camino para la liberación económica y política de nuestros pueblos es romper con la institucionalidad perversa de las élites del poder mundial. Tanto, financieras, de asistencia y cooperación, tecnológicas, de “ayuda” y militares.
La nueva realidad del mundo advierte la consolidación de nuevos liderazgos igual en Asia, en Oriente, en África, en América latina. La integración es un mandato insoslayable y tiene un único y claro signo antimperialista, así como un único e irremplazable sentido, construir un mundo distinto y de paz. Comprometer proyectos sobre recursos naturales y sus posibilidades de explotación, transformación o comercialización afectando la posibilidad de la integración latinoamericana y caribeña con ese signo y significado, es simplemente una traición.
Para terminar
Lo hago recordando que cuando el 9 de octubre de 1968 el general Velasco y cuatro coroneles progresistas del ejército peruano expulsaron a la International Petroleum Company (IPC) del territorio nacional. rescataron de manos del gobierno entreguista y de los partidos políticos representantes del imperio norteamericano y de la oligarquía nacional, la dignidad que nos legara José Gabriel Condorcanqui. Aquel día, con palabras que resuenan hoy, Velasco dijo:
La expulsión de la IPC constituye el primer acto reivindicatorio de la revolución. Con él se fija el rumbo de nuestro movimiento, se da comienzo a un nuevo y luminoso periodo de nuestra historia republicana. El Perú comienza a rescatar su orgullo nacional y a comprender el inmenso valor de ser por primera vez un país por entero soberano.
Y con relación a Talara sentenció:
La recuperación de Talara no es la meta ni el fin de nuestro proceso revolucionario, sino apenas su inicio. Aparte de su hondo sentido reivindicatorio y justiciero, es el símbolo de un nuevo pensamiento y una nueva actitud en el Perú… La complicidad, el miedo, el entreguismo y la paga que muchos recibieron de la empresa extranjera, fueron los verdaderos obstáculos para defender y hacer primar los derechos del Perú…Los peruanos no debemos olvidar la ignominia que aquí significó la usurpación extranjera. Durante mucho tiempo Talara fue, en realidad, un pedazo de suelo extranjero hundido como espina en la tierra y en la conciencia de la Patria. Pedazo del Perú ajeno para todos los peruanos, cercado de alambradas, campo de discriminación donde nosotros éramos extranjeros: ¡Eso fue Talara! Y esto no puede borrarse con mejores salarios. La conciencia de un pueblo no puede adormecerse con dinero. Los peruanos nunca debemos olvidar que los llamados poderes del Estado sancionaron el entreguismo y la traición en Talara. Quienes actuaron sabían muy bien lo que estaban haciendo. No pueden eludir su responsabilidad tras la máscara de ninguna inocencia, de ningún desconocimiento*.
*Del libro, Velasco: El pensamiento vivo de la revolución. ISBN: 978-980-12-3923-9 (1ra. Edición, 2009), y 978-3-8484-7687-9 (2da. Edición, 2012)