AVN-Aporrea
25 de Junio 2014.- El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, presentó este miércoles un informe sobre el proceso de reestructuración de deuda con fondos buitre (conocidos también como hold-outs) ante representantes del Grupo de los 77 más China (G77+China), integrado por 134 países.
Los fondos buitre representan un capital que se invierte en un Estado que se ha declarado en default y necesita ayuda económica. Quienes hacen la inversión luego exigen la cancelación del 100% de la deuda en un solo pago, situación que generalmente deviene en litigios.
«La Argentina quiere seguir pagando pero no la dejan, es un caso inédito, insólito», expresó en el encuentro realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.
Acompañado por el canciller Héctor Timerman, Kicillof explicó las acciones emprendidas para la reestructuración soberana de deuda que mantiene el Estado argentino, las recientes decisiones judiciales que pretenden favorecer a los fondos buitres y las estrategias que se llevan adelante para revertir la situación.
En la introducción de su alocución el ministro hizo referencia a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que resolvió no tomar la apelación argentina contra el fallo del juez Thomas Griesa, en la causa abierta contra el país por los fondos buitre, lo que implica que el caso vuelve al juzgado que conduce Griesa, quien condenó dos veces a Argentina a pagar 1.470 millones de dólares a los acreedores de los fondos.
Kicillof resaltó que la decisión de Griesa «pone en riesgo al país», al obligar a Argentina a pagarle a los fondos buitres en paralelo a los otros deudores que han negociado con el país la reestructuración de la deuda.
«Necesitamos tener condiciones justas y equitativas», sentenció Kicillof, al tiempo que apuntó que el fallo de Griesa obliga a pagar 1.500 millones de dólares a los fondos buitres el próximo 30 de junio, cuando el país hará el pago acordado a los 92,4% de los deudores, quienes aceptaron entrar en la reestructuración de la deuda.
«El lunes 30 de junio Argentina tiene vencimiento de deuda reestructurada por 900 millones de dólares y el día 16 de junio (pasado) recibimos la confirmación de que Argentina -según estos tribunales- debe pagar al mismo tiempo alrededor de 1.500 millones de dólares (a los fondos buitres que vienen de la década de los 90)», precisó Kicillof, al tiempo que advirtió que de cumplirse el fallo se dará lugar a reclamos de los otros deudores, lo cual podría alcanzar una cantidad de 15.000 millones de dólares, situación que empujaría al país al default.
En este sentido, el funcionario reiteró que su país ha solicitado la suspensión del fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para negociar condiciones justas, tal como se ha hecho con el 92,4% de los deudores.
En declaraciones anteriores el ministro ha destacado que los fondos buitres no solo son un asunto de Argentina, pues esta práctica especulativa con las deudas de los países ha sido reconocida como un problema del sistema económico global, al imposibilitar la reestructuración de las deudas y lograr acuerdos.
Buitres compradores de deudas
En rueda de prensa desde Buenos Aires, el pasado 17 de junio, el ministro de Economía explicó que los fondos buitres jamás le prestaron dinero a Argentina, sino que se trata de compradores de deudas que adquirieron títulos que están por fuera de la reestructuración de la deuda hecha por el país con el 92% de sus deudores, con los cuales llegó a acuerdos de pago que actualmente Argentina cumple.
Como ejemplo de la gravedad del asunto, Kicillof señaló el caso de un «comprador» que pagó 48 millones de dólares por títulos argentinos «y hoy un juez en los Estados Unidos le dijo que le corresponde cobrar 832 millones de dólares», teniendo una ganancia de más de 1.000%.
Resaltó que ese es el negocio de este tipo de fondos: «encontrar una falla judicial y obtener una ganancia extraordinaria».
«No es un acreedor nuestro, fue uno que fue a comprar estos títulos justamente para ir a reclamarle a un juez», recalcó el ministro.