Miguel E. Canosa
Si alguien creyera que hay relación causal entre el fallo del juez Thomas Griesa de la Corte Suprema del Estado de Nueva York y el procesamiento judicial en Argentina del vicepresidente del país, Amado Boudou, estaría en lo cierto.
Siendo directivo del ANSSES, Boudou fue quien aconsejó al entonces presidente Néstor Kirchner de reapropiar los fondos de pensión privatizados en tiempos de Menem y generar masa crítica de dinero para que el Estado pudiera endeudarse con este fondo de pensión, ahora estatal, y de esta forma evitar solicitar préstamos internacionales tutelados con el FMI.
Esta medida lo catapultó al ministerio de economía desde donde comenzó la supuesta maniobra que lo condujo a su actual procesamiento: apropiarse a través de testaferros de la única empresa que imprime dinero en Argentina.
Cicone Calcográfica pasó a manos de una empresa con radicación en Suiza (The Old Fund) «El viejo fondo» que luego del escándalo terminó siendo expropiada por el gobierno, aunque sin saber a quien pagar por esa expropiación, pues los dueños no aparecieron para cobrar por su propiedad privada. En el camino fue desplazado el Fiscal General del país y un juez nacional.
Boudou, elegido por la exclusiva voluntad y decisión de Cristina Fernández, fue perseguido judicialmente y el gobierno decidió protegerlo para que el «evento delictivo» no salpicara al poder ejecutivo, aunque la imagen del vicepresidente fue de todos modos destrozada por los medios opositores durante 2 años continuados.
Finalmente, el pasado viernes 28 de junio fue procesado junto a otros implicados por cohecho y negociaciones incompatibles como funcionario público, además de tener otras causas judiciales en su contra.
Junto con el juicio por los fondos buitres, el voraz Boudou fue cazado por una justicia rapaz que mantiene en acecho al gobierno para llevarlo a una situación de vulnerabilidad política que lo debilite hasta las próximas elecciones presidenciales del 2015.