AVN
24 de Junio 2014.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este lunes que Argentina está siendo víctima de un asalto económico a través de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ente que podría favorecer los fondos buitres y aumentar «17 veces más» la deuda de la nación suramericana, estipulada originalmente en 49 millones de dólares.
«Es prácticamente un asalto», expresó el mandatario boliviano en un acto público celebrado en la Cancillería de su país, donde también manifestó su respaldo a su homóloga argentina, Cristina Fernández, quien a finales de mayo se presentó ante la corte estadounidense a fin de solicitar una revisión a las decisiones de los tribunales, que resolvieron no tomar la apelación argentina, refiere Telesur.
Morales subrayó que lo que se pretende hacer con el país del Cono Sur «es un complot financiero alimentado por la voracidad de quienes se aprovechan de nuestras crisis económicas».
Asimismo, añadió que no se puede permitir que «los actuales especuladores financieros se conviertan en extorsionadores financieros (…) no solo pretenden provocar nuevas crisis financieras en nuestros países, sino conducirnos a la privatización de nuestras empresas y al saqueo de nuestros recursos naturales como siempre lo hicieron».
Por su parte, el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, anunció este lunes que el Gobierno nacional presentará un escrito al juez norteamericano Thomas Griesa pidiendo una suspensión de la medida cautelar que obliga a la Argentina a pagar a los fondos que no ingresaron a la reestructruación de deuda.
Los fondos buitre representan un capital que inversionistas destinan a un Estado que se ha declarado en default o cesación de pagos y necesita ayuda económica.
Quienes hacen la inversión luego exigen un pago único de 100% de la deuda, situación que generalmente deviene en litigios, que en el caso de Argentina, fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde se rechazó la apelación del país suramericano y se falló a favor de un grupo minoritario de tenedores de títulos no reestructurados de la deuda soberana de Argentina, conocidos como hold-outs.
De esta manera, el caso vuelve al juez Thomas Griesa, quien en dos oportunidades condenó a Argentina a pagar 1.470 millones de dólares a los acreedores de los fondos.