Agencias
29 de junio de 2014.- El Gobierno estadounidense mantuvo el acecho sobre más de 89.000 objetivos extranjeros el año pasado, como parte del programa de espionaje que hoy es criticado en todo el orbe y por la propia ciudadanía de ese país del norte del continente.
De acuerdo con el Informe de Transparencia de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, hecho público el viernes, reseñado por la agencia Prensa Latina, en la alta cifra están incluidos individuos, organizaciones y gobiernos.
Es la primera vez que Washington publica información sobre el alcance de su controvertido programa de espionaje, aunque los datos corresponden solo a 2013 y están poco detallados.
La legislación norteamericana ampara que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) intercepte sin necesidad de una orden judicial las comunicaciones de extranjeros que vivan fuera de Estados Unidos para obtener información de inteligencia.
Un tribunal secreto, creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington conocido como FISA, autorizó la recolección diaria de prácticamente todas las llamadas de teléfono realizadas dentro de esta nación.
Hace un año, el ex técnico de la NSA Edward Snowden, ahora refugiado en Rusia, reveló centenares de miles de documentos que constataron el programa de fisgoneo de las comunicaciones telefónicas y digitales nacionales y de gobernantes, empresas y ciudadanos de 35 países por parte de Washington.
El escándalo puso en aprietos a la administración del presidente Barack Obama que debió justificar sus prácticas intrusivas contra tradicionales aliados como Alemania, Francia, Brasil, México, entre otros.
Tal situación derivó en el escrutinio de las prácticas de la NSA, mientras que el Ejecutivo emitió una directiva con nuevas reglas para la recolección de datos, además de prometer que los servicios de inteligencia cesarían de controlar las comunicaciones de líderes de los países aliados.
En mayo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para limitar los poderes de la agencia y acabar con el almacenamiento masivo de datos telefónicos.
La iniciativa prohíbe a la NSA acopiar por su cuenta miles de millones de los llamados «metadatos» (número telefónico, duración de la llamada y localización), incluidos los de las conexiones telefónicas de los estadounidenses, competencia únicamente de las compañías de comunicaciones.
La NSA tendrá acceso a estos sólo mediante una autorización judicial en la que justifique el rastreo de comunicaciones para investigar posibles planes terroristas. La medida está pendiente de aprobación en el Senado.