Investigan si decreto presidencial es contrario a la Ley de Hidrocarburos
Agencias
14 de mayo de 2014.- Ante el fallo de la Sala II de la Cámara Federal para investigar a Cristina Kirchner por el acuerdo Chevron-YPF, el diputado Alejandro Bodart -autor de la denuncia penal (ver adjunto)- señaló: “Es un avance trascendente que la justicia haya resuelto iniciar una investigación a la presidenta en ejercicio del poder. Mi expectativa es que esto permita frenar el acuerdo, porque temas tan graves sólo se deberían resolver mediante una consulta popular. Espero que no haya presiones políticas a favor de ninguna impunidad, como suele pasar.
La jueza María Servini de Cubría anuló la desestimación del fiscal y la Cámara Federal ratificó la decisión de investigar el acuerdo por Vaca Muerta, que beneficia a la multinacional y perjudica al país. Los posibles delitos son los de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y contaminación ambiental en grado de tentativa. En julio de 2013 presentamos la denuncia penal y, para ir hasta el final, en estos días me voy a presentar como querellante en la causa.”
Bodart agregó: “Con su Decreto 929/13 que habilitó el acuerdo, Cristina violó las leyes nacionales de hidrocarburos y de residuos peligrosos. Si a Chevron le permiten exportar el 20% de su producción sin pagar derechos; le autorizan la libre disponibilidad del 100% de las divisas; le garantizan un precio interno igual al internacional; le conceden las áreas por 25 años prorrogables por 10 más; no paga arancel por importar maquinaria; y encima con el fracking daña en forma irreparable al ambiente y arrasa con los derechos de los pueblos originarios, estamos ante delitos escandalosos.”
Diputado Bodart: «Un fallo trascendente»
En su página web, el diputado Alejandro Bodart de Nueva Izquierda escribió:
Considero que la resolución de la Cámara de Apelaciones es realmente trascendente. Si no me equivoco, es la primera vez que la justicia argentina ha resuelto abrirle una investigación de carácter penal a un presidente que está en el ejercicio del poder, en este caso Cristina Kirchner.
Mi expectativa es que esta investigación judicial abra el camino a otras denuncias presentadas y permita sumar fuerzas para frenar el acuerdo Chevron-YPF, que bajo el mentiroso nombre de “régimen de promoción de la explotación de hidrocarburos” significa entrega de nuestros bienes comunes y además contaminación ambiental. Esto último lo provoca el método “no convencional” del fracking, que consiste en inyectar agua y químicos a presión, lo que destruye el subsuelo y contamina las napas y las tierras. En Vaca Muerta, en la etapa inicial ya han perforado 161 pozos. En total, prevén perforar 1.500…
En 2011, por ejemplo, Chevron fue echada del Ecuador y multada por la justicia de ese país en 19.000 millones de dólares por contaminar áreas enteras de selva, afectando a las comunidades indígenas. La petrolera, que en nuestro caso perjudica a los hermanos mapuches, también tiene juicios abiertos en otros países.
El gobierno argumentó que para lograr soberanía energética “no hay otra” que entregar Vaca Muerta a Chevron. No es así. Es la misma excusa que con las megamineras, que depredan los recursos, no pagan impuestos y encima contaminan nuestras aguas y tierras de por vida. Es preciso rechazar el fracking, preservar la naturaleza, hacer un uso racional de los hidrocarburos y buscar fuentes de energía alternativa.
Profundizar la pelea
Por cierto, mucho más cuestionable que la obvia actitud imperial de Chevron es la del gobierno nacional, que le concedió a ese pulpo toda suerte de privilegios en abierta violación a las leyes vigentes. Pero no vivimos bajo una monarquía. Aparte de no contener cláusulas secretas, este tipo de decisiones estratégicas que afectan a varias generaciones deben ser debatidas en el Congreso y, sobre todo, ser resueltas democráticamente mediante una consulta popular. Si el pueblo decide, como pasó en Esquel y otras ciudades con la megaminería, estamos seguros de que Chevron se tendría que ir. Desde el MST-Nueva Izquierda sostenemos con coherencia las banderas verdes de la defensa ambiental.
El doble discurso K queda desenmascarado otra vez. La supuesta “argentinización” de YPF, en la que tantos compañeros confiaron de buena fe, no tenía otro objetivo más que beneficiar a las corporaciones que contaminan y saquean nuestro petróleo. Regalar los hidrocarburos es una verdadera afrenta a la soberanía nacional bien entendida, máxime en tiempos de crisis energética como los que nuestro país atraviesa desde hace varios años.
Por eso insistimos en la necesidad de reestatizar todo el petróleo y el gas bajo control social.
Espero que no haya presiones políticas para promover impunidad, como lamentablemente suele ocurrir en la Argentina cuando se trata de causas o investigaciones que cuestionan la conducta de los gobernantes. De existir, las vamos a enfrentar convocando a la movilización popular y con todas las demás herramientas que tengamos a nuestro alcance.
Así como en julio del 2013 presentamos la denuncia penal que permitió abrir esta investigación a la presidenta, ahora vamos a seguirla hasta el final.
Por todas estas razones, en estos próximos días, con el patrocinio de nuestros compañeros Carlos Lucero Paz y Pablo Vicente, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), me voy a presentar en la causa en carácter de querellante. ¡Abajo el acuerdo Chevron-YPF!