Dina Meza (*), desde Honduras.
Desde el golpe de Estado de junio de 2009, 32 periodistas fueron asesinados y la mayoría de los casos goza de impunidad. La falta de voluntad política y las maniobras del gobierno hondureño para justificarse ante la CIDH.
Con una verdad a medias y justificaciones para ocultar su falta de voluntad para investigar los asesinatos de periodistas, una delegación del Estado hondureño viajó a Washington para declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el golpe de Estado de junio de 2009, 32 periodistas han sido asesinados, de los cuales 27 sucedieron durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). La mayoría de los expedientes permanecen engavetados en el Ministerio Público, el ente que tiene el monopolio de la acción penal en el país. Pero la justificación en el ámbito internacional es que los crímenes nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión, a pesar de que no hay ninguna investigación que respalde esta tesis.
La audiencia ante la CIDH se llevó a cabo a pedido de la organización Pen Internacional, para presentar el informe “Honduras: periodismo a la sombra de la impunidad”, realizado por esa institución, Pen Canadá y el Programa Internacional de la Universidad de Toronto, en el cual se pone al descubierto que en el país hay amenazas, asesinatos, hostigamientos, censura y autocensura a los trabajadores y las trabajadores del periodismo (1).
La situación de la libertad de expresión en Honduras se encuentra bajo ataque permanente: ejercer el periodismo en un país con altos niveles de impunidad, donde no se investigan los crímenes, las amenazas, la persecución ni otras formas de represión contra los periodistas, es escribir con una pistola apuntando a la cabeza.
Los funcionarios gubernamentales, ahora del gobierno de Juan Orlando Hernández, dijeron a la CIDH que hay requerimientos fiscales contra abusos policiales, pero no les manifestaron que éstos al final son para sobreseer las causas, o les aplican un decreto de amnistía que aprobó el Congreso Nacional en enero de 2010 a cargo del actual presidente, o se cierran las causas con sobreseimientos definitivos con el mayor descaro.
Rolando Argueta, director de Fiscales del Ministerio Público, fue quien leyó un extenso documento en la audiencia y habló de la creación de una unidad especializada para investigar los asesinatos.
“Respecto a que existe poca información sobre muertes de periodistas, el Estado de Honduras ha elaborado varios informes desde el año 2010 y ha participado en varias audiencias públicas donde se incluye el tema de libertad de expresión y violencia contra periodistas y las audiencias ante la CIDH, de modo que el contenido de la información es de acceso amplio”, dijo Argueta, pero no explicó que valiéndose de la figura de la “secretividad” no hay acceso público a esos expedientes.
“Se han hecho requerimientos y judicializados varios casos, en aquellos que ha habido sobreseimientos estos continúan activos debido a la pronta interposición de recursos por parte del Ministerio Público con la finalidad de encontrar a los responsables”, señaló Argueta para justificar la poca efectividad de esa dependencia en aplicar justicia.
Agregó que de los casos judicializados se ha determinado que han sido producto de la delincuencia común y el crimen organizado, y no se ha determinado como móvil las opiniones vertidas por los comunicadores sociales ni la intervención de agentes del Estado. Sin embargo, dentro de los casos no se descarta la ocupación como posible móvil, apuntó el director de Fiscales.
El gobierno llevaba ante la CIDH como carta de triunfo el caso del periodista Ángel Alfredo Villatoro, quien fue secuestrado y posteriormente liquidado en una calle al sur de la capital el 9 de mayo de 2012. Si bien es cierto que se condenó a los supuestos autores materiales, el Estado hondureño prácticamente da como un caso cerrado este hecho, a pesar de que a los autores intelectuales los protege el velo de la impunidad.
Pero los Comisionados de la CIDH y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, no se tragaron el anzuelo de que en Honduras la Justicia logra llevar tras las rejas a los culpables. El Comisionado José de Jesús Orozco expresó que la CIDH le ha dado seguimiento a este grave y preocupante tema a partir del golpe de Estado: “Nada afecta al periodismo como la ausencia de investigaciones y el efecto amedrentador que hace vulnerables a los periodistas”. Orozco remarcó que tomando en cuenta las medidas cautelares de la CIDH, “le invitamos al Estado que se sirva impulsar investigaciones diligentes para castigar a los responsables sobre estos ataques”.
Y quedaron preguntas claves sin contestar por los delegados del Estado hondureño, como cuántas personas son beneficiarias de protección o cómo se decide si a un periodista se le brinda protección.
Lo cierto es que la instalación del terror tiene una censura despiadada para temas cruciales en el país como es la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, el narcotráfico y la profundización de medidas neoliberales que empobrecen a más del 80% de los ciudadanos y ciudadanas.
(*) Periodista hondureña y defensora de DDHH
Notas:
(1) Ver informe completo en: http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2014/01/Honduras-report-ESP.pdf