Más de 500 organizaciones internacionales reclaman que los gobiernos pongan en marcha en junio la redacción de un tratado internacional que sancione a las empresas trasnacionales que violan los derechos humanos, en respaldo de una propuesta presentada por Ecuador y otros países.
El miércoles 7, una red mundial de la sociedad civil conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pidió a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que respalden el mes que viene una resolución para redactar un acuerdo vinculante que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación de las víctimas de abusos cometidos por empresas.
El Consejo celebrará su 26ª sesión del 9 al 27 de junio, en Ginebra.
La declaración conjunta de la Treaty Alliance subraya “la necesidad de mejorar el marco jurídico internacional, con inclusión de soluciones internacionales, aplicable a la acción estatal para proteger los derechos en el marco de operaciones comerciales, y teniendo presente la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el remedio y la reparación de las víctimas de abusos de las empresas a los derechos humanos”.
La declaración, que lleva la firma de más de 150 organizaciones y representa a cientos más, también pide a los Estados que trabajen por un acuerdo vinculante que “afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las empresas transnacionales y otras firmas comerciales”.
Asimismo, exige a los Estados que “establezcan la responsabilidad legal de las empresas por los actos u omisiones que violen los derechos humanos”.
La alianza de la sociedad civil pide que se cree un organismo supranacional que supervise la aplicación del tratado.
“Ya es hora de que haya un sistema de normas vinculantes que considere legalmente responsables a las empresas por violaciones de los derechos humanos”, afirmó David Pred, el director gerente de Inclusive Development International, una de las organizaciones de Treaty Alliance, en entrevista con IPS.
“Las empresas transnacionales se han salido con la suya durante demasiado tiempo, asesinando literalmente, pero en vez de frenarlas nuestros gobiernos les ceden aun más poder a través de acuerdos de libre comercio y tratados de inversión”, dijo.
“Nos sumamos a este reclamo porque creemos que no existe mayor amenaza para los derechos humanos y la democracia en el mundo de hoy que el poder empresarial sin control”, opinó.
El apoyo de 85 países
Las voces que piden un marco internacional más riguroso para las empresas se oyen desde hace décadas. Este movimiento tuvo un éxito parcial cuando en 2011 el Consejo aprobó los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
“No existen medios para garantizar el cumplimiento de los Principios Rectores, y lo que hemos visto desde 2011 es que su aplicación no funcionó como barrera para frenar las violaciones de los derechos humanos que cometen empresas transnacionales”, señaló a IPS el investigador asociado del Transnational Institute, Gonzalo Berrón, organizador de Treaty Alliance.
“No estamos diciendo que los Principios Rectores no se apliquen, se trata de un proceso paralelo, pero creemos que cuanto antes comencemos a discutir un código vinculante, mejor. Y ahora tenemos la oportunidad de avanzar”, agregó.
De hecho, los partidarios del tratado sostienen que el momento actual, en el período previo a la reunión de junio del Consejo, es singularmente propicio.
“Antes veíamos que la movilización se daba entre las comunidades afectadas y ciertas organizaciones no gubernamentales, pero por primera vez vemos esta enorme alianza. Es algo nuevo en el ámbito internacional”, según Berrón.
Este impulso se remonta a la 24ª sesión del Consejo, cuando un grupo de 85 países señalaron en una declaración conjunta que los Principios Rectores son “solo una respuesta parcial”, y enfatizaron “la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante que regule el trabajo de las empresas trasnacionales”.
Fue la primera vez que el tema fue abierto por Estados miembros de la ONU, señalaron defensores del tratado.
“Este impulso se debe a la voluntad de los representantes de muchos países, en muchas regiones, y no por agencias de la ONU, lo que tiene mayor sentido democrático e importancia, dentro y fuera” del foro mundial, sostuvo Dominic Renfrey, de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los Estados ocupan escaños en el Consejo por períodos de tres años. La integración actual de 47 miembros podría ser una ventaja para los partidarios del tratado, observó Renfrey.
“En este momento varios miembros del Consejo de Derechos Humanos entienden mejor que la mayoría el impacto que tiene en su población el desarrollo mal regulado”, señaló.
“Estos Estados se beneficiarán de un sistema internacional que proteja mejor los derechos humanos de sus pueblos, al tiempo que garantice una forma más sostenible y respetuosa de inversión”, agregó.
El dilema de la aplicación
Aún así, no todos apoyan la idea de un tratado.
“Aunque seguimos de cerca estos acontecimientos, nos centramos en los grandes vacíos que existen para asegurar que los gobiernos cumplan con su deber de proteger los derechos humanos”, explicó a IPS el director de International Corporate Accountability Roundtable (Mesa Redonda para la Responsabilidad Empresarial), Amol Mehra.
“Esos vacíos de pueden llenar en gran medida regulando a las empresas para evitar potenciales violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, y por medio de firmes medidas correctivas, incluyendo vías legales de rendición de cuentas cuando se producen daños”, destacó.
La figura principal detrás de los Principios Rectores de la ONU instó a la precaución.
John Ruggie, el relator especial de la ONU sobre empresas y derechos humanos, cree que en parte el problema radica en que las cuestiones relativas a las obligaciones de las empresas son demasiado amplias para un único tratado.
Ruggie sostuvo la semana pasada que hay 80.000 empresas multinacionales, y millones de subsidiarias más, y que supervisar el cumplimiento del tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos. Cualquier organismo supranacional que se cree generaría las mismas inquietudes.
Los problemas fundamentales de la aplicación del tratado se exacerbarían por la reticencia de los Estados a juzgar delitos cometidos fuera de su territorio. Este es un problema importante dado que los tratados son documentos que se adoptan por consenso, señaló.
Para que añadiera valores, “las normas de aplicación del tratado tendrían que entrañar una jurisdicción extraterritorial”, escribió Ruggie.
“Algunos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU han pedido a los Estados de origen de las multinacionales que proporcionen mayor protección extraterritorial contra los abusos relacionados con las empresas… Pero la conducta de los Estados deja en claro que no consideran que esta jurisdicción sea un medio aceptable para procesar violaciones a toda la gama de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, escribió el experto.