Horacio Verbitsky
Página12
Los términos del debate sobre la pobreza y la defensa sindical de una empresa privada contra la estabilidad de sus trabajadores, en el contexto de la aceleración del proceso preelectoral y la proximidad del vencimiento del plazo para la adecuación voluntaria del Grupo Clarín a la ley audiovisual. El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea no fue en 1982 en Malvinas sino en 1955 en la Plaza de Mayo.
La pobreza del debate desatado por la retención de los datos del INDEC sobre las dos canastas básicas es otro síntoma inquietante acerca de la calidad general de la discusión política, en la misma línea de lo sucedido con el Código Penal, los asesinatos de personas a golpes o la fabricación y comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido por las autoridades sanitarias. Esta vez el primer paso en falso provino del gobierno, pero la oposición mostró que puede superar cualquier marca.
De Cantinflas a Kicillof
El ministro de Economía Axel Kicillof logró algo que durante seis largos años se propusieron en vano todos sus predecesores. Desde Miguel Peirano hasta Hernán Lorenzino, pasando por Martín Lousteau, Carlos Fernández y Amado Boudou todos objetaron en distinto tono pero con el mismo nulo resultado la vandalización del INDEC por un homónimo de Cantinflas, cuyas consecuencias para la economía y la política son imposibles de exagerar. Quien más cerca estuvo del éxito fue Boudou, quien en respuesta a un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales junto con las principales universidades públicas y privadas y un centenar de investigadores dispuso que volviera a difundirse la base usuaria de la Encuesta Permanente de Hogares. El dibujo de las cifras del Índice de Precios al Consumidor evitó algunos pagos de intereses por los bonos indexados por la inflación, que el Estado ya readquirió cuando su precio de mercado se desplomó. Pero esto devaluó toda palabra pública. Queda como tarea para historiadores esclarecer si, tal como afirmó Néstor Kirchner en su primera visita a Carta Abierta, el organismo estadístico había sido copado por las consultoras, y funcionarios importantes trabajaban para favorecer a los tenedores de esos papeles, que más cobraban cuanto más alto era el IPC. La debilidad de ese planteo fue que no diera lugar a una denuncia formal, con nombres, apellidos y circunstancias precisas. El toqueteo posterior fue tolerable mientras sólo parecía un recurso transitorio y cuando la inflación se percibía en semestres o meses, no en semanas. Luego del duro retroceso de 2009, primer coletazo de la crisis mundial, la economía se recuperó a partir de 2010 y el agujero negro del INDEC se olvidó en momentos de bonanza, lo cual se verificó con la reelección presidencial en 2011. Pero volvió a ejercer su nefasta atracción en cuanto el crecimiento se ralentizó, a fines del año pasado. En mi modesta opinión el falseamiento de los datos del IPC es más grave que el propio fenómeno inflacionario.
Las Siete Plagas
En el equipo económico se menciona lo sucedido a partir de diciembre como Las Siete Plagas Bíblicas: los cortes de energía durante la peor ola de calor en un siglo, los amotinamientos policiales, los saqueos, la escalada del dólar, la corrida bancaria, la devaluación y el apuro de la inflación. Kicillof desafió ese panorama intimidatorio y puso en marcha el nuevo Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, a sabiendas de que la medición excedería a la de las series que en forma rutinaria anunciaba el INDEC y que ni el Estado tomaba en cuenta para sus decisiones. Esa novedad, sumada al pie derecho con que partió el programa de Precios Cuidados y a las medidas monetarias implementadas por el Banco Central, serenaron el tornado de aquellos meses, que no estuvo demasiado lejos de arrasar con todo, gobierno incluido. Pero sería una ingenuidad ignorar que en el último trimestre, cuando haya terminado la liquidación de la cosecha, los mismos vientos pueden ganar velocidad, como anuncian sin pausa los interesados en que suceda. Puede discutirse si la tendencia decreciente del IPC se debe a las medidas anti-inflacionarias adoptadas o apenas a la caída de la actividad, tal como ocurrió en 2009. Como se dijo en forma reiterada en esta columna desde 2007 “la manipulación que comenzó por un indicador se fue extendiendo luego a otros, que se alteran o no se publican. Subestimar la inflación es hacerlo también con los niveles de pobreza, cuya disminución ha sido un legítimo orgullo del gobierno”. En sentido inverso, ahora que la tergiversación cesó, el sinceramiento del índice principal no puede carecer de efecto sobre los que de él dependen. Haberlo explicado con claridad hubiera mantenido intacto el crédito que el equipo económico se granjeó al reconocer que la información estadística es un bien público cuyo conocimiento es un derecho de la sociedad. El gobierno ya había pagado el precio político de comunicar que los precios crecían mucho más que lo admitido hasta entonces, justo cuando ese incremento aumentaba su velocidad. Pero al sustraer del escrutinio público los informes sobre las canastas anuló una parte del efecto favorable obtenido. Las explicaciones del jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, los comunicados del INDEC y la palabra posterior del propio Kicillof omitieron un examen elemental: si la inflación del primer trimestre rondó el 10 por ciento, era obvio que se sentiría en la cantidad de gente sumergida por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia por ingresos monetarios. El ocultarlo detrás de razonamientos técnicos sobre las “severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC-NU” es un resbalón innecesario.
Sonríe, Francisco te mira
Los intentos de prohibir la difusión de las mediciones alternativas del IPC fueron vanos y aquello que no se animaron a publicar las intimadas consultoras privadas fue hecho conocer cada mes por el Grupo Ahhh, con su propio IPC-Congreso, de metodología aún más oscura que la de sus fuentes privadas. Ese promedio caprichoso entre datos producidos cada uno con una metodología distinta, y ninguno con los recursos técnicos y humanos del INDEC, sólo pudo obtener atención por el vacío insensato que dejó el organismo oficial. En cuanto Kicillof logró normalizar la producción del INDEC, los cálculos tornadizos y malintencionados de quienes utilizan la información como dardos envenenados contra el proyecto político gobernante, perdieron interés. La oposición no se detiene ante minucias como la congruencia. Luego de clamar que el gobierno exageraba la magnitud del crecimiento, ahora impugna la corrección anunciada para el año que pasó, del 4,9 al 3 por ciento, aduciendo que se hizo para eludir el pago de los cupones atados al crecimiento del Producto, que se emitieron por la desafortunada iniciativa de Guillermo Nielsen y Roberto Lavagna en la reestructuración de la deuda pública de 2005. Pero al reiterar la pifia con los datos de pobreza e indigencia, el Poder Ejecutivo abrió el espacio para que se filtrara con su recitado inconsistente el órgano creado para ello en 2002 por la Iglesia Católica argentina, cuando el Gran Canciller de su Pontificia Universidad Católica era el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, el actual jefe de estado del Vaticano. Según el ministro político del Episcopado argentino, Jorge Lozano, el ahora papa Francisco sigue al tanto de la producción de ese Observatorio de la Deuda Social que creó. Kicillof respondió con argumentos de puro sentido común: si el Producto Interno Bruto creció en forma sustancial, se crearon millones de puestos de trabajo nuevos, pasaron a recibir una asignación mensual millones de jubilados que habían quedado al margen con la privatización del sistema previsional, se indexan dos veces por año los pagos jubilatorios, se puso en marcha el mayor programa de transferencia directa de ingresos de la región, se firmaron miles de convenios colectivos de trabajo en negociaciones paritarias consensuadas entre empleadores y empleados y el consumo de bienes y servicios creció más que nunca, es imposible que no se haya reducido la pobreza. “Nadie puede creer que el país de hoy esté como entonces, cuando las jubilaciones aumentaron casi un 1.800 por ciento y los salarios más de 1.700 por ciento, y ningún índice de aumento de precios da cerca de esos porcentajes”, sintetizó Kicillof. En la misma línea, los trabajos del economista Alfredo Eric Calcagno y de sus hijos, el diputado nacional Eric Calcagno y el director de Macroeconomía y Políticas de Desarrollo de la UNCTAD, Alfredo Calcagno, muestran el impresionante crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita entre 2002 y 2013, en una doble comparación, con el desempeño del propio país a partir de 1870 (en ese siglo y medio jamás hubo un resultado equivalente) y con otros países de la región y del mundo: Brasil, México, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Esos valores están expresados en dólares estadounidenses de 1990. Otra ventaja de esta serie, debida entre 1870 y 2008 al macroeconomista británico de la Universidad holandesa de Groningen, Angus Maddison (1926-2010), es que los datos posteriores a su muerte no son los del INDEC sino las tasas de crecimiento del PIB por habitante a precios constantes suministradas por la UNCTAD en su Informe de Comercio y Desarrollo de 2013. Según los Calcagno, durante el auge del modelo agroexportador (1870-1913) el crecimiento anual promedio del PIB por habitante fue del 2,5 por ciento, que cayó al 0,7 por ciento entre 1913 y 1950. Con la industrialización y la sustitución de importaciones, entre 1951 y 1976 el crecimiento anual del PIB por habitante llegó al 1,8 por ciento, basado en industrias complejas, que incorporaban crecientes sectores populares a la economía moderna a través de empleo en el sector formal. Con la apertura comercial y financiera de 1976 y hasta el derrumbe de ese modelo en la crisis de fin de siglo, la destrucción de la industria redundó en un retroceso el PIB per cápita de 0,4 por ciento cada año. En ese tremendo último cuarto del siglo XX además de caer de tal modo el producto por habitante también se degradaron su composición y su distribución, mientras crecía la diferencia con los países desarrollados. Esto se revirtió a partir del abandono del esquema neoliberal. Pese al impacto de la crisis internacional en 2009, en el promedio de la última década el PIB per cápita creció un 6,4 por ciento anual, como nunca antes aquí y como en ninguno de los países de esta muestra.
Opera italiana
Este razonamiento inobjetable para el conjunto de la década kirchnerista no excluye que en algunos momentos puedan producirse retrocesos, y éste es uno de ellos porque la inflación se incrementó y los aumentos pactados en las últimas paritarias recién comienzan a percibirse. Este es el primer año en la década que los incrementos salariales quedaron por detrás del IPC, dado que el mayor acuerdo en las paritarias fue preservar los niveles de empleo aunque hubiera un retroceso de las remuneraciones. La negación de este desfasaje ofende la inteligencia del interlocutor, recrea un estado de sospecha que el actual equipo económico estaba disipando y de ese modo habilita las interpretaciones contrarias más sesgadas. Por ejemplo, la última medición del observatorio confesional atribuyó a más de un cuarto de la población vivir en la pobreza. Su director es el sociólogo Agustín Salvia, miembro del think tank opositor Plataforma y Secretario de la Fundación Cambio Democrático. Quien llegó al colmo del absurdo fue la diputada frente unionista Elisa Carrió, al presentarse en tribunales con una denuncia contra el ministro y la presidente por “decretar la desaparición social de pobres e indigentes”. El reduccionismo de cualquier problemática pública a una cuestión penal contraría la división de poderes y convierte la escena política y las cuestiones socioeconómicas en una ópera italiana, saturada de gesticulaciones y sin sustancia. Los datos de INDEC sobre empleo no coinciden en forma exacta con los de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo. Esto explica que Clarín y La Nación pudieran titular sobre la destrucción de empleos industriales formales (1,2 por ciento en el trimestre, según INDEC) y este diario con el mantenimiento del nivel de empleo (una mejora de 0,5 de marzo a marzo, según la EIL). La tensión existe y lo peor que puede hacerse es negarla. Si la situación es complicada para los trabajadores registrados, el cuadro empeora entre los informales. Por eso el gobierno impulsó medidas protectoras para ellos, con las leyes de formalización del empleo de trabajadores domésticos y en PYMES. En éste, como en tantos otros aspectos, se deja sentir la falta de una fuerza social organizada que respalde este tipo de medidas adecuadas. Por el contrario, las centrales sindicales que agrupan a los trabajadores registrados no se interesan por los informales y su principal presión es contra el impuesto a las ganancias, para desfinanciar al Estado en beneficio exclusivo de la franja más próspera de trabajadores registrados. El año pasado, el gobierno nacional cedió ante esa presión, algo que la presidente explica hoy como el costo de impedir que la inminente derrota electoral bonaerense le fuera atribuida por su empecinamiento en negarse a esa readecuación. Pero es harto improbable que reitere ese error ahora, cuando lo único que sería lógico esperar es un retoque de las escalas, y no a favor de la aristocracia obrera. El mejor ejemplo de esta confusión de roles se vio en el áspero conflicto del Sindicato de Camioneros, que llegó incluso a la amenaza de muerte contra el intendente de Quilmes Hugo Gutiérrez y la declaración de guerra al gobierno nacional, porque el municipio decidió formalizar y garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores que se encargan de la recolección de residuos. A los camioneros sólo parecía importarles la suerte de la empresa privada Covelia (cuya concesión había vencido y que ganó las últimas licitaciones por abandono de sus competidores, intimidados por las amenazas recibidas) y el encuadramiento sindical de esos trabajadores. Gutiérrez, que es sindicalista metalúrgico y pasó la dictadura entre cárcel y exilio, no se amilanó y Hugo Moyano envió un negociador personal a zanjar la cuestión, desplazando al termocéfalo de su hijo mayor, quien luego de prometer que el conflicto dejaría varios muertos fue recibido como tierno mensajero de paz por el papa Francisco, cuya intervención gestual en la política de su país de origen es cada día más imprudente. La racionalidad del Barba Gutiérrez prevaleció: la privatización de ese servicio fue uno de los estragos del neoliberalismo. Hoy es posible y conveniente que el Estado vuelva a hacerse cargo, a menor costo y con ventaja para los trabajadores. Mañana se firmaría el acuerdo en el ministerio de Trabajo bonaerense, si termina de peinarse la letra fina del acuerdo. Los trabajadores bajo convenio son 390 (entre los cuales hay un número impreciso de pescetos gremiales cuyas tareas no están del todo claras) pero además se emplean a unos 35 tercerizados en una agencia relacionada con la familia para la faena a destajo y casi esclavizada de correr y juntar bolsas. Aquellos que queden en el listado que se realizará con participación del Ministerio de Trabajo seguirían cobrando según el convenio camionero el bruto de 10 mil pesos y el neto de 8.100 mensuales que hasta ahora percibieron, con todos los adicionales pero sin antigüedad, salvo para las vacaciones.
El Código Bergoglio
A principios de 2011, cuando todavía encabezaba el Episcopado católico, Bergoglio definió los temas centrales en el calendario eclesiástico: drogas, pobreza e inseguridad. Una vez consagrado Sumo Pontífice ratificó esa agenda, ante el desconcierto oficial, que se conforma con los gestos amistosos que les prodiga a las figuras del oficialismo que peregrinan hasta su sede, mientras sigue socavando su base de sustentación al imponerle prioridades que no son las propias. El obispo Lozano es uno de los principales operadores locales de esa maniobra, en la que los asesores del Episcopado revelan los objetivos reales con su mera presencia: el vicealmirante Horacio Florencio Néstor Reyser, cuyo enfoque sobre las drogas es el que predica el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es decir una cuestión de seguridad nacional, y el poderoso empresario sojero Eduardo Serantes, autor de los documentos favorables a la Sociedad Rural durante la crisis de 2008. Dentro de diez días Moyano hará un acto en la Plaza de Mayo junto con su asociado Luis Barrionuevo de Camaño con dos reclamos que parecen tomados de la campaña del Frente Renovador, pese a los intentos por desmarcase de su líder, el diputado Sergio Massa: inseguridad e inflación. Tuvieron la cautela de no sumar las drogas al catálogo.
PIB por habitante 1870-2013 *
* En dólares internacionales de 1990. o de Geary-Khamis, que permiten comparar el poder adquisitivo en diferentes países y épocas.
Fuentes: Hasta 2008, Angus Maddison, Statistics on world population, PIB y PIB per capita 1-2008 AD, Universidad de Groningen, 2010. Para 2009-2013 se aplicaron las tasas de crecimiento del PIB por habitante a precios constantes de UNCTAD, Trade and Development Report, 2013.