Legisladores de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de informes al Gobierno Porteño para saber si es cierto que la Policía Metropolitana está produciendo drones para video vigilancia y tiene voluntad de comenzar a utilizarlos en las próximas semanas.
Los diputados Gustavo Vera y Pablo Bergel (VA), Jorge Taiana (FPV), Alejandro Bodart (MST), Gabriela Gonzalez Gass (PSA), Pablo Ferreyra (IP), Edgardo Form (NE), Marcelo Ramal (FIT) y Susana Rinaldi (FPP), expresaron su preocupación por enterarse a través de los medios de que el presupuesto que aprobaron se está usando para hacer drones, cuando «el Ministro nunca lo había explicitado».
El 14 de mayo el diario Clarín publicó una nota, en la cual un vocero anónimo de la Policía Metropolitana, informó que la joven fuerza estuvo diseñando y construyendo con recursos propios esta tecnología de avanzada, sobre la que aún no hay regulación específica en el país, y que es materia de polémica a nivel internacional. Incluso ese mismo día un dron sobrevoló la manifestación de la CGT en la Plaza de Mayo.
Los diputados también agregaron preocupación en referencia a las intenciones de uso, en especial porque el vocero expresó que «sólo nos limita nuestra capacidad, imaginación y recursos», desconociendo criterios generales del código aeronáutico y la ley que regula el uso de videocámaras. Y sobre las posibilidades de modificación del dispositivo para otros usos, como puede ser la grabación de sonidos, trasladar objetos y hasta disparar, tal como sucede en fuerzas policiales estadounidenses.
En esta línea, el Diputado Gustavo Vera, de Verde Alameda, recordó: «Es difícil pensar el uso de estos drones por parte de la Policía Metropolitana sin recordar que hace muy poco su primer primer jefe, el «Fino» Palacios, estuvo detenido por espionaje y sigue procesado junto a Mauricio Macri«. En el mismo sentido se expresó Pablo Ferreyra, de Izquierda Popular: » La fuerza de seguridad podría estar utilizándolos para realizar tareas de espionaje, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Pública».
Por su parte, el Diputado Alejandro Bodart, del MST, recordó: «La Policía Metropolitana quiere usar estos dispositivos mientras se niega explícitamente a registrar sus 2000 cámaras fijas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales«.
Virginia Gonzalez Gass, del Partido Socialista Auténtico, también expresó su rechazo: «En lugar de preservar el espacio público y promover la creación de un ambiente para la libertad, el gobierno de Mauricio Macri avanza sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta en sus diversas manifestaciones pacíficas».
Al ser consultado el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, señaló que: «hace un mes España prohibió el uso civil de estas aeronaves hasta tanto terminen una regulación específica. Todo el mundo está debatiendo esto ya que su uso involucra asuntos de defensa nacional, seguridad aérea, orden público, protección de datos, privacidad y de responsabilidad de terceros».