Marcos Piña (*)
A lo largo de los últimos años y a partir de las políticas surgidas por el Consenso de Washington y sus pólíticas de apertura de mercados, desregularización de servicios y monitoreo de las finanzas de los países integrantes del FMI, la OMC y demás organizaciones globales neoliberales, los estados nacionales han adherido a los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, por sus siglas en español) o más conocidos como TRIPS.
Este tratado fue adaptado a las leyes de cada país que debieron modificar sus normativas en materia de patentes y marcas, incorporando el patentamiento de productos farmacéuticos y las Marcas de servicios, entre varias modificaciones impuestas por las empresas globales en el seno de los ADPICs, la OMPI y la OMC: el resultado del aumento de proteccionismo a las invenciones y los registros de Marcas fue una mayor concentración de ganancias por parte de las empresas que impulsaron estos tratados como por ejemplo Monsanto, Pfizer, Microsoft, Phillips, Cargill, Novartis, Texaco-Chevron, General Electric, Hoolywood, Disney, Merck, y todas aquellas industrias que se benefician del comercio protegido monopólicamente por las leyes de propiedad intelectual en cada uno de los países en que tienen instaladas sus fábricas o a los que exportan sus productos.
Las oficinas de propiedad industrial o intelectual (en algunos países un solo organismo del Estado se ocupa de las marcas y patentes y los derechos de autor) son las encargadas de aplicar las leyes de patentes, marcas, diseños industriales, transferencia de tecnología y los derechos de autor, regulados por leyes específicas que requieren para el tratamiento de las solicitudes de registros un organismo específico con una estructura edilicia y de personal cuya magnitud es proporcional a los trámites realizados en cada territorio, pues aún las solicitudes de registros deben hacerse país por país (hasta que las multinacionales logren la Patente Unica Mundial).
De esta forma y para asegurarse un tratamiento similar en cada Estado, los rupos económicos crearon en el ámbito de la ONU un organismo especializado en propiedad intelectual, la OMPI, que tiene la función de cooperar con las oficinas de los países y armonizar los tratados internacionales presionando para la estricta aplicación de las leyes en favor de las empresas que solicitan el patentamiento de sus invenciones o el registro de sus Marcas. En la mayor parte de los estados el lobby realizado por los representantes de la OMPI incluye una agenda oculta mediante la cual los funcionarios encargados de la oficinas son cooptados para trabajar en función de los intereses de la Oficina Mundial aunque en contra de su propia sociedad, y fungen de lobistas y operadores de OMPI dentro de sus propios gobiernos. los casos más reconocidos son ocurren en las tres oficinas más grandes por escala que son Brasil, México y Argentina.
En estos países los encargados de estas instituciones han desarrollado un fuerte papel de facilitadores de aprovación de normativas y mecanismos de protección a las empresas extranjeras y un tratamiento especial a la tramitación de los estudios de abogados y representantes jurídicos en cada país para aceitar los mecanismos de concesión de marcas y patentes.
El caso del recientemente desplazado Jorge Avila de la oficina de Brasil ha sido un flagrante ejemplo de lobista en favor de las empresas farmacéuticas extranjeras, las empresas de software y las semilleras transgénicas. El entreguismo de este individuo a los intereses noerteamericanos fue grave para la propia industria nacioanl brasilera y una de de las causantes del poco crecimiento económico del país sometido a estos acuerdos de comercio protegidos por la propiedad intelectual.
En México el director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Miguel Ángel Margáin, se dedicaba antes de asumir a litigiar patentes para la empresa Ford Motor Company, siendo acusado recientemente de defender los intereses de esa empresa en la institución que conduce actualmente.
En Argentina, tercer mercado de latinoamérica, el presidente de la Oficina de propieda dindustrial ha sabido mantenerse por más de 10 años, en los que su país adhirió a nuvos acuerdos con OMPI, quien lo cooptó para liderar el principal proyecto de los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual de la región denominado PROSUR que es un proyecto piloto inicial para el avance hacia la construcción de una Oficina regional de propiedad intelectual de América del Sur.
Centro América, Chile, Colombia y Perú están siendo sometidos a los capítulos de propiedad intelectual de los TLC con los EE UU, Paraguay y Uruguay continúan las políticas de Brasil y Argentina. Por su parte Ecuador y a pesar del combativo discurso de su presidente, ha pactado en materia de propiedad intelectual queriendo relatar un discurso de soberanía tecnológica, economía social y cultural, pero promoviendo programas recomendados por OMPI y la USAID como el combate a la piratería audiovisual o la aplicación del «Canon Digital» por parte de Andrés Ycaza, director del IEPI.
Las políticas de pacto de estos gobiernos con las emrpesas de los Estados Unidos, en particular, las semilleras, farmacéuticas, petroleras, mineras y de la industria cultural y comunicacional han permitido establecer verdaderos Estados pro-empresariales dentro de los Estados soberanos, haciendo de estas oficinas extensiones de OMPI en suelo sudamericano, donde el trabajo se reduce a convalidar la exclusividad de mercados en beneficio de estas multinacionales aprobando marcas y patentes en masa.
Salvo un par de expceciones, el modelo OMPI ha permanecido desde la adopción plena de los ADPICS en el 2000 sin resistencias de los gobiernos progresistas promercado que negociaron las políticas de patentes y marcas con las autoridades de los países del G7, la OMC y sus corporaciones, como negocian con el FMI, el BM o el BID, sin ningún tipo de complejos ideológicos o contradicciones de conciencia, defendiendo los privilegios de los poderosos a cambio de beneficios personales.
(*) Marcos Piña es Economista