Arrancó la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, con el lema publicitario de la “paz total”.
Con la elocuencia propia de las campañas electorales, en varios discursos el presidente-candidato ha explicado que la “paz total” es ir más allá de superar la guerra y silenciar los fusiles:
“Paz total es igualdad de oportunidades. Paz total es proponernos que todas las familias colombianas tengan la dignidad de un techo propio. Paz total es convertir al campo en una fuente de desarrollo, y que deje de ser un polo de pobreza. Paz total es que todo aquel que busque trabajo, lo consiga. Y que todo el que quiera hacer un negocito o empresa, lo pueda hacer”.
Además, el candidato Santos ha tenido el atrevimiento de precisar que puede:
“Erradicar la miseria en los próximos diez años, ser el país más educado de América Latina en el 2025, abolir el déficit de vivienda y que los pobres tengan techo propio, y convertir el campo en polo de desarrollo”.
Lo que se quiere decir es, que si Santos logra otras dos reelecciones, automáticamente Colombia alcanzaría las condiciones de bienestar propias de un país socialista.
Pero dice el dicho que “obras son amores y no buenas razones”, por eso es necesario evaluar las realizaciones del gobierno que está terminando, para mirar si estamos transitando el camino de la paz o de la guerra total.
Santos comenzó su gobierno, reconociendo que sí hay un conflicto interno y, con gran despliegue mediático anunció, que va a acabar con el desplazamiento interno y a devolver las tierras que les han despojado a los campesinos, a sangre y fuego, en varias décadas de terrorismo de Estado.
De los 7 millones de hectáreas despojadas por los terratenientes y narco paramilitares, a los cerca de 6 millones de desplazados, sólo una ínfima proporción de sus dueños se atreve a pedir la devolución de sus tierras (la mayoría de ellos fueron asesinados y sus parientes no tienen formas legales de hacerlo), pero de esa pequeñísima cantidad de solicitantes, apenas se han aprobado devolver el 1,5 por ciento de las solicitudes; sin embargo, quienes logran la orden judicial no la pueden ejecutar, porque los terratenientes los rechazan a plomo. El informe de Human Rights Watch, de enero de 2.014 dice:
“Hasta septiembre de 2013 el gobierno había obtenido sentencias que ordenaban la restitución en 666 de las más de 45 mil solicitudes recibidas. En septiembre de 2013 —más de dos años después de la sanción de la Ley de Víctimas— el gobierno informó que tan sólo tres familias habían regresado a vivir en su tierra, como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley.”
“Numerosos desplazados sufren amenazas y violencia por intentar reclamar su tierra. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, más de 700 desplazados y sus líderes que exigían la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas denunciaron ante las autoridades que habían recibido amenazas”. También, han visto caer asesinados 69 de sus principales líderes.
Acabar con el desplazamiento también se ha quedado en retórica, pues durante el gobierno de Santos el desplazamiento sigue a un ritmo anual de un cuarto de millón de colombianos. El informe de Human Rights Watch, dice:
“Según el gobierno, más de 150 mil personas fueron desplazadas en 2012, mientras que CODHES, una respetada organización no gubernamental (ONG) colombiana, informa que casi 260 mil colombianos fueron desplazados ese año.”
“…Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afro colombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de amenazas de muerte y otros abusos. Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia.” Colombia sigue manteniendo el deshonroso primer puesto en este tipo de violaciones de los Derechos Humanos.
Lo anterior quiere decir que sigue existiendo una abierta hostilidad del Estado contra las organizaciones sociales, criminalizando la protesta y el reclamo de los derechos sociales. El terrorismo de Estado se mantiene en el gobierno de Santos y el paramilitarismo sigue siendo su herramienta principal, ahora con el nombre de Bandas criminales (Bacrim). Según Human Rights Watch:
“A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares: en mayo de 2013, la Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que operaban en 167 municipios… Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública local.”
“La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que redujo drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. En julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra solamente 18 personas”, ninguno de ellos jefes.
Según esa Ley, todos ellos deben salir en libertad, a partir del 15 de agosto del 2014, sin ni siquiera haber sido condenados, después de haber confesado la ejecución de crímenes de Lesa Humanidad, de centenares de miles de víctimas, convirtiendo a Colombia en una gran fosa común. Saldrán en libertad y en completa impunidad más de 300 capos del narco paramilitarismo y otros 3.600 criminales que se acogieron a esa Ley 975.
Es apenas lógico deducir que estos criminales de guerra, cuando sean excarcelados, volverán a sus viejas andanzas y los colombianos deben prepararse para otra fase de agudización de la guerra, sobre todo contra las principales organizaciones sociales que adelantan sus reclamaciones.
Esto se exacerba con la Ley de Seguridad Ciudadana impuesta por Santos, que legaliza todos los atropellos de la Fuerza pública contra las movilizaciones sociales. Sólo en el Paro Agrario del año pasado, hubo 19 campesinos asesinados, 338 heridos y cientos de detenciones arbitrarias, por parte de las fuerzas represivas estatales.
La nueva composición del parlamento colombiano es otra afrenta contra la paz, porque la tercera generación de los parapolíticos, han vuelto a adueñarse de más de la tercera parte del Congreso, pero ahora esta delegación se agranda con la presencia de sus jefes intelectuales e ideológicos de la bancada comandada por Uribe, creando una correlación de fuerzas donde prima la extrema derecha. Ese parlamento multiplicará las leyes antisociales y guerreristas.
La firma de los TLC son actos de guerra, que tienen arruinado el campo y la industria y por esa vía, jamás sacará a los campesinos de la pobreza y nunca se alcanzará el pleno empleo que promete. El gobierno se ha visto obligado a pactar acuerdos con los diversos sectores agrarios que se han movilizado, pero no cumple; por eso, la Cumbre Agraria del 15 al 17 de marzo, ha dado un plazo prudencial al gobierno y ante su situación desesperada, se prepara para nuevas jornadas de lucha.
La destitución del alcalde de Bogotá por el fanático Procurador y su ratificación por parte del Presidente, es otro acto de guerra contra la democracia, que pisotea la voluntad popular del voto, donde se evidencia que le están cobrando haber sido guerrillero y tratar de evitar la privatización de los servicios públicos.
Ahora se ha generado un escándalo por el control que tiene el paramilitarismo en Buenaventura, escondiendo que se llegó a ese grado de aniquilamiento y constreñimiento social, con la complicidad de todas las autoridades y que eso mismo sucede en la mayoría de las principales ciudades del país, donde los paramilitares se adueñaron de la vida cotidiana de las barriadas populares, con el consentimiento estatal, para que controlen los brotes subversivos.
Como se puede apreciar, en este gobierno, el conflicto social y armado no se ha detenido, sino que sigue convirtiéndose en una guerra total.
Presidente Santos, la paz son transformaciones reales y no simples discursos, ya es hora de asumir compromisos verdaderos, y, para comenzar, es necesario que considere la propuesta de la insurgencia de pactar inmediatamente un Cese Bilateral al Fuego y las Hostilidades, desmontando al paramilitarismo que creó el Estado.
Señor presidente, su propuesta de “paz total”, exige cambios en la estructura del Estado y debe iniciar garantizando un proceso de democratización del país, donde se permita que todos los colombianos y colombianas, discutan sobre los principales problemas que padecemos y se construyan las alternativas que garanticen una paz duradera. Esa voluntad popular debe ser refrendada en una Asamblea Nacional Constituyente.
Presidente Juan Manuel Santos, ojalá que los afanes de la campaña electoral, no le impidan tener la grandeza de parar esta guerra total que nos consume y entender que la Paz son cambios aquí y ahora.