La situación de Venezuela tomó un estado crítico el 12 de febrero, con varias muertes. Esa grave emergencia en un país hermano tuvo gran impacto en Argentina. Las posiciones han sido muy diferentes y guardan relación con la lucha política local.
La oposición venezolana viene perdiendo la chaveta. Leopoldo López y su socia Corina Machado, ambos nutridos por subsidios millonarios de institutos norteamericanos, se lanzaron a la calle con la consigna golpista “La Salida”. Lejos de reflexionar luego de las muertes de tres personas el 12 de febrero, siguieron diciendo que no abandonarían las calles hasta que el presidente se fuera de Miraflores.
López ya está preso. Machado tiene pedido de desafuero, pero igual, con la esposa de aquél, Lilian Tintori, sigue haciendo “guarimba” (líos) en la Caracas ricachona, aún cuando los fallecidos ya son 15.
Esa actitud confrontativa está acicateada por el Departamento de Estado, que desde abril de 2013 no reconoce al presidente legítimo de Venezuela. Ahora expulsó a tres de sus diplomáticos de Washington, el mismo día que Caracas proponía a Maximilian Sánchez Arveláiz como nuevo embajador en EE UU. Dijo el canciller Elías Jaua que esa designación “es un mensaje claro a Barack Obama, de nuestra mayor disposición a establecer relaciones políticas y diplomáticas”. Desde el Sur hubo ese gesto amable pero desde el Norte gruñen con hechos y palabras provocadoras.
Ese endurecimiento de la táctica opositora ha alcanzado al ex candidato de la Mesa de Unidad Democrática, Henrique Capriles. Este venía diferenciándose del ultra López, planteando una oposición firme pero sin violencia. Ahora el gobernador de Miranda se ha dejado llevar por la presión de la ultraderecha, temeroso quizás de perder a manos de López el timón de la oposición.
Esta semana Capriles no concurrió a una reunión del presidente con todos los gobernadores, con el descalificador argumento de que no iría “a lavarle la cara a un gobierno moribundo”. Y ayer tampoco estuvo en la Conferencia Nacional por la Paz, convocada en Miraflores para la participación de movimientos políticos, sociales y culturales, propios y ajenos. Lo de Capriles es un boicot, diferente a lo que hacía semanas atrás, cuando concurría a reuniones con el ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, Rodríguez Torres, por temas de seguridad.
Las posiciones están perfectamente en claro. El gobierno, no por debilidad, tiende su mano para dialogar. Expertos internacionales de buena fe, como James Carter, se ofrecen a mediar. Y la derecha, cerril y desestabilizadora, quiere seguir tirando nafta al fuego, confesando que por los votos no cree poder llegar al poder.
Bien el gobierno
Ante las primeras muertes en Caracas, la cancillería argentina emitió un comunicado oficial condenando la violencia de grupos desestabilizadores y expresando solidaridad con el gobierno democrático. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró ese concepto en varias conferencias. El embajador argentino en Caracas, Carlos Cheppi, estuvo cada vez que el canciller Jaua convocó a los representantes de Unasur y la CELAC para informar de los acontecimientos. Y Cristina Fernández en su discurso de Florencio Varela, la semana pasada, recalcó que más allá de las posiciones políticas de cada quien se debía respetar el mandato constitucional de Maduro. Ella ratificó las buenas relaciones entre los dos países, deseando la paz para ese pueblo.
El gobierno argentino ha sido leal a una historia de diez años de sintonía con su par bolivariano que -hasta su muerte el 5 de marzo de 2013- estuvo representado por Hugo Chávez. Y la afinidad siguió con su sucesor, que ganó las elecciones del 14 de abril de ese año.
Eso fue y es así por razones políticas: aún siendo diferentes en varios aspectos, ambos gobiernos tienen un tronco común contra el neoliberalismo y el Consenso de Washington. De allí que la argentina junto a su colega brasileña y José Mujica dieron a Venezuela el carnet de socio del Mercosur, justo cuando suspendían al Paraguay golpista de entonces.
Esa buena vibra también tiene que ver con el comercio. El año pasado Argentina vendió por 2.108 millones de dólares a su socio del Mercosur y le compró por 54 millones.
Derecha en contra
La derecha argentina siempre estuvo en contra de esos vínculos con Venezuela. Cuando Chávez compró bonos de la deuda argentina por 5.000 millones de dólares, en 2005 y 2006, porque Néstor Kirchner se lo pidió encarecidamente, la oposición en Buenos Aires se quejaba de que en esa operación se cobraba un interés más alto que los organismos financieros (que no prestaban a Argentina).
Cuando PDVSA envió combustible para alivianar crónicas estrecheces energéticas y alimentar centrales eléctricas, aquella derecha trinaba con que ese fuel oil era más caro. Claro, no pudieron objetar el salvataje de Sancor, endeudada y que en 2006 estaba a punto de ser comprada por el magnate George Soros. Venezuela le dio un crédito de 120 millones de dólares a pagar con leche en polvo, preservando una empresa cooperativa importante. Para los críticos y el establishment mejor habría sido que se la llevara Soros-Cresud. O Danone o Nestlé o cualquiera con tal de no deberle una gauchada a Chávez.
La oposición argentina le prendió a cada santo una vela en abril de 2013 para que ganara Capriles. Muerto Chávez, había problemas económicos en Venezuela y era la gran oportunidad. Hacia allá fue una delegación de observadores y periodistas como tiburones que hubieran olfateado sangre. Oscar Aguad, Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Jorge Lanata, entre otros, vivieron la gran decepción. Aunque por estrecho margen, de 1.6 puntos, unos 260.000 votos, la “esperanza blanca”, Capriles, cayó derrotado. Volvieron a Ezeiza con el ánimo por el piso; algunos, como Lanata, habían tenido que poner la cara en cámaras en ese momento aciago, de victoria de Maduro, terminando su programa antes de tiempo.