Tomado de Prensa Latina
Alrededor de 5,8 millones de estadounidenses están impedidos de votar porque han cumplido o cumplen una condena.
Debido a las desigualdades raciales del sistema penal, la medida niega el derecho al voto a afronorteamericanos y a los de origen latino en forma desproporcionada con respecto al resto de la población, advierte el sitio alternativo de noticias Democracy Now.
«Se trata de una cuestión de humanidad. Es un asunto que concierne a todos los estadounidenses, independientemente de si son demócratas o republicanos», afirmó el exrecluso Desmond Meade, en una entrevista publicada por ese medio.
Meade, presidente de la Coalición de Florida por el Restablecimiento de los Derechos, lucha porque individuos en su condición puedan reinsertarse en la comunidad, ser ciudadanos productivos y disfruten la vida.
La coalición abarca a unos 70 grupos que presionan por una reforma de las leyes estatales de privación del derecho de voto, en especial en el sureño estado.
El índice de privación de derecho al sufragio en Florida es el más elevado y el más desigual de Estados Unidos desde el punto de vista racial, reveló el pasado año en un informe The Leadership Conference, un conglomerado de organizaciones de derechos humanos y de agrupaciones que defienden los derechos civiles y jurídicos.
Meade no podrá ejercer de por vida ese derecho en Florida, ni tampoco se le permitirá, después de graduarse, que ingrese al Colegio de Abogados. La ley «privación del derecho de voto por haber cometido un delito» tiene carácter permanente además de Florida en otros 10 estados: Alabama, Arizona, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Tennessee, Virginia y Wyoming.
Pero la restricción es aplicada en todo el país en diferente medida. En 13 estados y en el Distrito de Columbia una persona que ha estado presa recupera sus derechos al ser liberada.
En otros es preciso haber cumplido libertad condicional, y en Maine y Vermont, los individuos conservan el derecho de voto, incluso durante su encarcelamiento, refiere el medio electrónico.
Mientras, a nivel nacional han surgido proyectos de ley que garantizarían este derecho cívico a exconvictos. Durante un reciente simposio celebrado en la Universidad de Georgetown, el fiscal general, Eric Holder, admitió que «el alcance actual de estas políticas no solo es demasiado grande como para no verlo, sino que además es demasiado injusto como para tolerarlo».