FPDS – CN / Marea Popular
A lo largo de diciembre y enero, el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas que intentan encauzar la compleja situación social, económica y política hacia 2015, pero que evidencian las tensiones y límites del actual modelo. La brusca devaluación del peso, que apunta a frenar la sangría de reservas, implica una concesión a los grandes grupos económicos y profundiza la pérdida de poder adquisitivo del pueblo trabajador. Por su lado, planes como el Precios Cuidados o el Progresar son paliativos, pero están lejos de detener la suba de precios y de revertir décadas –incluida la última- de exclusión y precarización de más de un millón de jóvenes. Ante esto, desde MAREA Popular y el FPDS Corriente Nacional planteamos que es necesaria la más amplia unidad de las organizaciones populares para defender en las calles nuestros derechos y, al mismo tiempo, que Argentina debe avanzar en reformas estructurales, como el control público del comercio exterior, la recuperación de recursos estratégicos, la implementación de una reforma tributaria para que paguen más quienes más tienen, y la aplicación de políticas que defiendan el empleo y el ingreso de las mayorías populares.
A través de la acelerada devaluación del peso, el gobierno busca achicar la brecha entre el dólar oficial y el blue, y revertir la caída de reservas. Esta decisión, aplaudida por las principales entidades empresarias que venían reclamando “mayor competitividad” de la economía Argentina, implica una caída del salario real y por lo tanto un retroceso para el pueblo trabajador, en un contexto de deterioro de nuestros ingresos por la inflación.
Devaluación: causas y consecuencias
Desde la implementación del control cambiario (mal llamado cepo por los medios opositores y la derecha), a fines de 2011, se generó un mercado negro de divisas, en el que cotiza el dólar paralelo o “blue”. Más allá de su carácter minoritario, el aumento de este dólar blue se convirtió en una herramienta de presión de ciertos sectores empresarios interesados en una devaluación.
Sin embargo, esta medida no funcionó como dique de contención a la salida de reservas del Banco Central. A fines de 2011, eran 50 mil millones de dólares. Hoy, no llegan a los 30 mil. Esa sangría de recursos se debe principalmente a la fuga de dólares al exterior por parte de los dueños de las grandes riquezas del país, a la necesidad de importar combustibles debido a la desastrosa política energética y al saqueo de YPF por parte de Repsol y la familia Esquenazi, al pago serial de la deuda externa y a las características dependientes de la industria nacional que importan una parte muy importante de sus insumos.
Además, el país comenzó a ir a pérdida en el turismo, y los grandes exportadores agrarios decidieron guardar una parte sustancial de su producción, apostando a venderlas cuando el dólar sufriera un previsible aumento.
Por eso, el gobierno a lo largo del año pasado y comienzos de 2014 aceleró el ritmo de devaluación, con el objetivo de achicar la brecha que existe entre la cotización del dólar oficial y el paralelo. Durante enero el tipo de cambio oficial se devaluó un 33%, en relación a diciembre. Pasó de $6 por dólar a $8, lo que dio lugar a la tasa de devaluación más elevada desde el año 2002. Si se cuenta desde comienzos del año pasado, la moneda nacional perdió el 60% de su valor.
No es casual que la medida haya sido apoyada por las principales cámaras empresarias del país, ya que a través de la devaluación bajan sus costos laborales en dólares (es decir, el valor de nuestro salario) y aumentan las ganancias de los exportadores de productos primarios e industriales.
Paliativos
A través de la implementación del plan Precios Cuidados y el Progresar, el gobierno pareciera reconocer el deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador y el mal humor creciente por abajo que, entre otros factores, llevó a una derrota del kirchnerismo en las últimas elecciones.
No obstante -y más allá del reconocimiento de la inflación y de la existencia de más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan- los planes no van a las causas estructurales de los problemas.
En cuanto al aumento de precios, no se atacan la rentabilidad extraordinaria que tienen grandes empresas en mercados altamente concentrados y las injusticias que se producen. Por ejemplo, un productor de yerba recibe 1 peso por kilo y en el supermercado se compra a 30 pesos. Y, además, se les permitió a las empresas aumentar hasta dos o tres veces el precio de ciertos productos antes de la implementación del plan.
Con respecto al Progresar, si bien amplía los beneficiarios de la seguridad social a los jóvenes entre 18 y 24 años, la asistencia de 600 pesos resulta insuficiente. Mucho más en un contexto inflacionario, con el agravante de que la persona deja de percibir la asignación si su ingreso o el de su grupo familiar supera el límite de los 3600 pesos en los que hoy se encuentra el salario mínimo vital y móvil oficial, menos de la mitad de lo que realmente necesita una familia para vivir dignamente. Claramente, 600 pesos no alcanzan para revertir varias décadas –incluida la última- de exclusión y precarización que sufren más de un millón de jóvenes de los sectores más vulnerables.
En definitiva, se trata de medidas que funcionan más como paliativos que como ampliación de derechos. Un intento de contener a la principal base de sustentación del kirchnerismo, y de frenar un drenaje de apoyo hacia el massismo y otras expresiones conservadoras, tanto dentro como fuera del Frente para la Victoria.
Por nuestras reivindicaciones y un cambio de fondo
Históricamente las devaluaciones en nuestro país tendieron a generar nuevos aumentos de precios, por lo que el principal problema desde el punto de vista de los intereses populares es la posibilidad de una aceleración de la inflación en los próximos meses.
Por estas razones las negociaciones paritarias, que ya habían empezado a darse en un clima caliente por la inflación, cobran ahora un carácter decisivo para frenar el deterioro de las condiciones de vida populares. Desde MAREA Popular y el FPDS Corriente Nacional impulsamos y nos sumaremos a todas las luchas del pueblo trabajador en defensa del salario y las condiciones laborales, con la convicción de que el más amplio protagonismo obrero y popular es el único reaseguro para el triunfo de las luchas. Allí esperamos trabajar codo a codo con todos los que se consideran militantes del campo popular, apostando por la mayor unidad.
Nos referimos a miles de hombres y mujeres que pertenecen a las estructuras sindicales del movimiento obrero organizado, cooperativas de la economía popular (como las que nuclea la CTEP), movimientos territoriales, estudiantiles, de jubilados, y distintas expresiones de esta clase trabajadora, de la cual casi el 50% de quienes la integran trabaja en negro o en distintas condiciones de precarización.
Sin embargo, creemos que tenemos que ir por mucho más. Como fuerzas políticas nos caracterizamos por plantear a nuestro pueblo que la inflación y la disminución de las reservas son las expresiones más visibles de problemas estructurales más profundos, que sólo pueden resolverse en función del bienestar de la mayoría a partir de propuestas de cambio de fondo. El gobierno nacional, en cambio, busca la manera de reconducir los desequilibrios económicos en el marco del actual modelo económico.
Ante las fuertes presiones de la clase dominante, que es la mayor ganadora de esta década, esta política del kirchnerismo pone en un callejón sin salida al conjunto del pueblo trabajador. Pero además genera las condiciones de una salida por derecha de cara al 2015, sea por dentro o por fuera del Frente para la Victoria, abriendo paso a su vez a la resignación y la desilusión al interior de sus propias filas militantes y en su amplia base social de apoyo.
Por esa razón, creemos que es necesario dar lugar a una nueva experiencia política superadora junto a otros sectores de la militancia popular, que pueda defender las conquistas alcanzadas a lo largo de esta década ante el avance de la derecha, y al mismo tiempo abrir paso a una transformación del país siguiendo el camino marcado por otras experiencias de países latinoamericanos.
Algunas propuestas que creemos necesarias son:
– Ante la disminución de las reservas, establecer el control público sobre el comercio exterior de las exportaciones, para que el Estado pueda hacerse con el control de enormes masas de dinero hoy apropiadas por multinacionales cerealeras, petroleras y mineras.
– Suspender el pago de la deuda externa hasta tanto no se haga una profunda investigación y se denuncie la gran parte ilegal e ilegítima que la compone.
– Encarar una profunda reforma impositiva que permita un shock en la distribución de la riqueza social haciendo que los que ganan más paguen más.
– Establecer el salario mínimo en el equivalente de la canasta familiar real, prohibir los despidos, aumentar los montos de los planes sociales y aprobar la ley del 82 por ciento móvil en las jubilaciones.
– Controlar los costos reales de las empresas mediante la acción común de funcionarios estatales y sindicatos en cada eslabón de la cadena de producción. Establecer puntos de venta de alimentos y productos de primera necesidad dependientes del Mercado Central gestionados por las organizaciones sociales.