Alcalde de Bogotá, estatizó la recolección de basura y le dieron un Golpe de Estado argumentando que atentó contra la libertad de empresa.
Agencias
20-12-13.- El registrador nacional, Carlos Sánchez, informó que la autoridad electoral de Colombia anunció este miércoles que convocará a un referendo para definir el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de que fueran validadas las firmas de quienes respaldan la iniciativa.
“Contra esta resolución ya no cabe ninguna clase de recurso”, dijo Sánchez en rueda de prensa, al informar que la Registraduría distrital de Bogotá, encargada de los asuntos electorales, convocará próximamente la consulta popular.
“Se procederá por parte del registrador distrital, que es el competente, a convocar desde los dos meses siguientes a que quede en firme esta decisión a la respectiva elección de revocatoria del mandato”, explicó Díaz.
Señaló que cumpliendo los plazos de ley establecidos “la revocatoria sería antes de terminar el mes de febrero” de 2014.
Sobre el procedimiento de destitución que enfrenta Petro en virtud de una orden de la Procuraduría colombiana, Díaz explicó que son paralelos y que no habría referendo en caso de que esa medida se concretara primero.
En total, el registrador nacional informó que fueron validadas 353.330 firmas para solicitar el referendo revocatorio, cuando “para convocar a las urnas solo se requieren 289.263 firmas”, correspondientes al 40 por ciento de los votos obtenidos por Petro cuando resultó electo como alcalde.
Sobre el referendo, Díaz detalló que se requeriría que “vayan a las urnas el día en que se convoque, 55 por ciento del total de los votantes que hubo en la elección anterior”, por lo que situó el umbral de participación necesario en 1.234.214 votos.
La solicitud de referendo ya había sido aprobada en julio de este año por la Registraduría distrital de Bogotá, pero Petro impugnó las firmas, que debieron ser revisadas por el ente nacional.
Este proceso contra el alcalde de Bogotá, elegido para gobernar la capital colombiana entre 2012 y 2016, es impulsado por el parlamentario Miguel Gómez, cercano al expresidente derechista Alvaro Uribe (2002-2010), duro crítico de Petro.
Tras el anuncio de la validación de las firmas, la Registraduría dijo que procedería a solicitar los recursos para ejecutar el referendo y pediría que “dada la trascendencia de estas elecciones” se invitaran al país a observadores internacionales y a la misión de acompañamiento electoral de Unasur.
Para realizar la consulta electoral se requieren unos 28 millones de dólares.
Petro se encuentra este miércoles en Washington para sostener una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la sanción de destitución que le fue impuesta la semana pasada por la Procuraduría, que lo acusa de ‘irregularidades’ durante la reforma del sistema de recogida de basura de la ciudad.
Lo cierto es que con esta reforma, Petro terminó con los contratos a empresas privadas y creó un servicio público de limpieza, hecho que la Procuraduría considera que ‘pone en peligro el derecho a la libre empresa’.
Esa sanción contra Petro generó gran polémica en el país y desató manifestaciones en las calles de Bogotá durante toda la semana pasada.
El Alcalde ha enfrentado últimamente varias iniciativas paralelas en contra de su gestión. En torno a una de ellas, el Consejo de Estado decidió en octubre dejar en firme la habilitación de Petro para ejercer cargos públicos, descartando una demanda que buscaba su inhabilitación por una antigua condena por porte ilegal de armas en 1985.
Por su parte, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, volvió a arremeter en contra de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, contra Petro.
De hecho, para Garzón fue una equivocación y error darle tantos poderes en la Asamblea Nacional Constituyente al Procurador.
“Creo que todos los constituyentes de todos los partidos políticos nos equivocamos cuando les dimos plenos poderes al Procurador y a la Contralora y nos olvidamos de que un principio básico de los derechos humanos es que los servidores públicos que son objeto de sanciones disciplinarias, se les debe garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso”, sostuvo.
El cargo de Alcalde de Bogotá, una ciudad de siete millones de habitantes, es el segundo más importante en Colombia después de la Presidencia.