La negociación del gobierno argentino con Repsol, para cerrar el proceso de expropiación de YPF, enmarca en la ‘Razón Petrolera’, una lógica que privilegia los derechos adquiridos por la empresa sobre cualquier otro derecho.
A principios de 2012, en vísperas de la expropiación parcial de las acciones de YPF en poder de Repsol, la desinversión y fuga de capitales, sumado a los pasivos ambientales resultantes de la actividad de esta empresa, fueron presentados para respaldar una decisión, de por sí, soberana. Las denuncias de las comunidades directamente afectadas por la explotación de hidrocarburos en sus territorios, que desde los años ’90 habían sido desatendidas y criminalizadas, fueron utilizadas como argumento para minimizar la valoración del paquete expropiado. Guillermo Coco, ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén, proyectó en 1.500 millones de dólares el pasivo ambiental que tenía YPF-Repsol (Río Negro, 15/05/2012). En ese sentido trascendió que un inventario elaborado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz le atribuía a Repsol un pasivo ambiental valuado en 500 millones de dólares. El listado de irregularidades incluía unas 1.700 piletas mal desechos saneadas, sobre un total de 5.000 que la empresa tiene en la provincia. En tanto el ministro de Planificación, Julio De Vido, por esos días afirmaba: “Vamos a acogernos a lo que plantee la ley que fijará el valor (de la compañía). Pero el desastre en que dejaron la infraestructura de producción tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio ambiente no se rifa, tiene precio” (Revista 23, 25/04/2012).
Los daños socio-ambientales, externalizados a partir de políticas públicas que durante dos décadas redujeron al plano de lo simbólico la aplicación de normas ambientales, controles, sanciones y remediación, se transformaron en letra fuerte del relato del momento. Un relato que condenaba a Repsol pero que exculpaba a quienes desde la función pública, por acción u omisión, también debían responder por esos pasivos.
Poco después de consumada la expropiación los pasivos ambientales volvieron a las sombras, en la actual negociación con Repsol brillan por su ausencia y tampoco hay en marcha un plan de remediación. El relato actual apunta a dar señales al mercado, decirle que Argentina es un país que garantiza la seguridad jurídica y se ajusta a la ley –aunque todavía no está claro si el Tribunal de Tasación va a intervenir en determinar el monto indemnizatorio o será a través de una negociación entre las partes, ni tampoco si se va a dar intervención en la negociación a las provincias que integran el directorio de YPF.
Dar señales al mercado para que las inversiones lleguen al país y así resucitar Vaca Muerta, nivelar la balanza comercial energética, lograr el autoabastecimiento y generar saldos exportables; de eso se trata nuestra soberanía. Una soberanía que no se sonroja si para alcanzar esos objetivos se articula profundamente con las trasnacionales del sector hidrocarburífero.
En un contexto donde se pretende transformar a Argentina en un país petrolero, a partir del desarrollo masivo de yacimientos no convencionales, no sólo se le dice a las corporaciones que en el país se da seguridad al capital –más allá de cualquier discurso amenazante– sino también, que se garantiza la externalización de los impactos, es decir, la impunidad ambiental.