Gerardo Avalle
Lo que aquí proponemos es una lectura que se aleja de aquella otra que habla del caos, la furia y la paranoia. Lo que presentamos es también, otra lectura, también política, de los acontecimientos del 3 y 4 de diciembre en Córdoba.
Hay algo que dejar bien en claro dentro de lo que es el escenario político y social cordobés, y tiene que ver con lo que dijo el gobernador De La Sota: esto no fue un estallido social donde el hambre ocupó el primer lugar. Uno recorre los barrios, conoce a su gente, y no encuentra un escenario que se compare a 2001, en absoluto. Lo que si nota en esos mismos barrios es un fuerte sentimiento de indignación e injusticia que da cuenta del modelo excluyente y represivo que propone Unión por Córdoba para la ciudadanía cordobesa. Y por otro lado, al mismo tiempo, encuentra el efecto más nefasto que produjo esa política, que es el discurso racista y segregacionista de la clase media.
Nadie niega acá los hechos de violencia social que hemos vivido en estos dos días, pero pocos visibilizan la violencia cotidiana con que son tratados los sectores populares por parte de las fuerzas represivas. Ante tanta violencia institucional y control social, es previsible que en algún momento explote todo eso contenido. En ese sentido, lo vivido no deja de ser un síntoma que advierte sobre la poca libertad con que esos sectores atraviesan su cotidianeidad. Y lo hicieron en el momento que la política gubernamental lo permitió, que fue cuando su único dispositivo de seguridad estuvo desactivado, que es la policía. Lo que esto muestra, sin dudas, es que Córdoba tiene una política de seguridad operativizada sólo por la fuerza represiva.
Ello abre otro problema, y es la autonomización de la fuerza; el manejo de “cajas” paralelas para su propio financiamiento, la falta de control del funcionamiento interno, y las relaciones de poder que ahí se tejen. La narco-policía no es un negocio que le costó barato al delasotismo, tanto hacia dentro de su estructura de poder, como hacia la opinión pública. Y sectores internos de la misma policía han operado políticamente frente a esto, mostrando el resquebrajamiento de la disciplina y la jerarquía y la incapacidad política de dirigir a la fuerza policial. ¿Qué mejor lavado de cara que este, donde mostraron a trabajadores de la seguridad víctimas de la precarización existente en el empleo público?
Los episodios de estos días sin dudas deben ser leídos también en este registro, no debe desatenderse que la policía de Córdoba es una de las más cuestionadas del país, no debe dejar de advertirse sobre la gravedad de las declaraciones de uno de los acuartelados cuando levantaron la medida de fuerza, quien señaló “la ciudad es nuestra, vamos por ellos” y “la unión hace la fuerza, y nosotros somos la fuerza”. Expresiones más antidemocráticas de una institución no democrática, no elegida por la ciudadanía, y puesta al servicio de la ciudadanía, que la esgrimida por ese oficial presenta una gravedad institucional alarmante. Y sobre todo advierte lo que antes dijimos, la existencia de solo una política represiva y no de seguridad, que trae como consecuencia la autonomización –insubordinación a las instituciones republicanas- y la habilitación a un modo de proceder autoritario, como dueño y patrón de estancia. No debemos desconocer que la localización de los primeros saqueos fue en las zonas donde se produjeron los acuartelamientos, y una fuerza autonomizada es un actor que opera políticamente, y el rumor es una herramienta muy importante para la generalización de una acción.
Que en el marco de tanta indignación, haya habido sectores organizados, comandados, etc., es algo que no podemos negar. En todo evento de esta magnitud, el actor social que interviene no es único, ni mucho menos homogéneo, y en ese contexto, las posibilidades para los “oportunistas” es mayor. Se hizo mucho énfasis en los “motoqueros”, pero poco se dijo de los autos de alta gama que estaban apostados en grandes centros comerciales cargando tecnología de última generación, que también era saqueada.
Los saqueos no son solo caos, son un hecho político que denuncia la incapacidad de un régimen político de contener e incluir a esos sectores de la población. La autodefensa de la población también es un hecho político, y el resurgimiento de un discurso conservador muy preocupante asociado a la población armada haciendo “justicia” por mano propia, controlando el tránsito y la circulación, con una orientación altamente racial. Un racismo cultural altamente xenófobo.
Otra dimensión que aquí entra en juego es el resquebrajamiento del bloque de poder que representa el delasotismo, la pérdida de dirección política y la percepción por parte de los diferentes sectores que lo conforman que el proyecto político que proponía está perdiendo adhesión y efectividad, fuerza, y por lo tanto las disputas por la reconfiguración de esa trama de poder se hacen más visibles y viscerales. Y son, al mismo tiempo, extendidas al resto de la sociedad.
Un gobernador, que por tercera vez en una década y media está a cargo del ejecutivo provincial, y ya bajó dos veces su candidatura presidencial, tiene pocas chances de instalarse en el escenario político nacional como líder del peronismo. Y eso lo sabe y lo siente el peronismo local. Y la ciudadanía ya lo expresó en las últimas elecciones, no se puede decir que el peronismo delasotista tuvo una buena elección local, ni mucho menos en la ciudad, donde directamente perdió. Esa es información de coyuntura que no se puede obviar al momento de tratar de comprender la reconfiguración de la fuerza política local.
La primera reacción ante el discurso del gobernador la noche que volvió de su viaje al exterior, y el que pronunció a la mañana siguiente, es que intentó mostrarse fuerte, reafirmando su autoridad. Sin embargo, si uno ve detenidamente, lo que observa es un gabinete sin capacidad de decisión, la concesión de todas las demandas a la fuerza policial, y una incapacidad de autocrítica respecto del accionar del gobierno, que se tradujo en responsabilizar al gobierno nacional por su no intervención, apelando al “cordobesismo” tan particular que intentó instalar cuando ganó por tercera vez la gobernación. Ese discurso ya perdió efectividad, y luego de rechazar el envío de la gendarmería, al día siguiente solicitó que fuera puesta a disposición de la provincia.
Y finalmente, algo que no se puede desatender, es el nuevo escenario de oportunidades que abre al resto de los sectores del empleo público organizado, que con toda justeza y en un acto de igualdad están reclamando mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Esto, claramente, no deja de advertir sobre los serios problemas que enfrenta la fuerza política gobernante, y más preocupante aun, la salida represiva que esta puede presentar ante la incapacidad de proponer un proyecto político alternativo que contenga las demandas sociales.
Gerardo Avalle es Mgter. en Sociología, Politólogo. Integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”.