Emilio Marín
LA ARENA
Aunque cesaron en su aspecto práctico, los motines policiales siguen agitando aguas políticas. La polémica divide a quienes ponen el acento en el complot policial, de los que enfatizan la polarización social. Hoy habría que dar un empate entre ambos.
Como sucede cada fin de año, con hechos políticos conmocionantes, esta despedida de 2013 también aportó lo suyo. Es que la crisis provocada por los motines policiales y saqueos, no ha sido superficial. Ha dejado trece muertos en doce provincias que otros medios elevan a diecisiete, centenares de heridos y detenidos. Un inventario tentativo, de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), arrojó 1.900 comercios saqueados con pérdidas por 568 millones de pesos.
Hasta allí una lectura objetiva en lo que puede medirse en vidas y dinero; lo que se perdió en angustias y desesperación de millones de argentinos librados a su mala suerte por robos y peligros para sus familias, eso no se puede estimar matemáticamente. Fue de los peores días de los últimos años en un país que se preciaba de vivir razonablemente bien, pese a todo.
Y allí quedó servida la discusión. Lástima que muchos medios, sobre todo de TV, se quedaron en las imágenes de saqueos y las víctimas lógicamente alteradas. Eso siempre genera mayor rating.
La discusión opone a quienes enfatizan la existencia de un complot policial con connotaciones destituyentes, y quienes consideran a la desigualdad social como el factor decisivo. Cada postura no es una mera interpretación sociológica. La política mete la cuchara en el análisis y la conclusión porque hace a cómo se llegó hasta el fenómeno, cómo actuó cada quien en el mismo y, sobre todo, qué se hará de aquí en adelante.
Tesis K
La interpretación del gobierno nacional, enrolado en la visión del complot policial con ánimo desestabilizador, fue variando. Mientras todo se localizó en Córdoba, el 3 y 4 de diciembre, casi que lo balconeó, viéndolo como ajeno, como responsabilidad entera del opositor José M. de la Sota. Las malas políticas de éste habrían sido la causa del amotinamiento policial. Y como no se cumplió formalmente con los pedidos a la Nación, ésta no envió en tiempo la Gendarmería. Ya se sabe lo que pasó después. Fue el fin del principio y se incendiaron otros distritos en fuegos parecidos a los de «La Docta».
Entonces sí comenzaron a llegar a todas partes los Gendarmes y Prefectos, rápidos como lo bomberos pero no con agua sino con efectivos y armas de las que matan. Ya era tarde para impedir el drama, a lo sumo pudieron contenerlo, con el saldo ya descripto.
En ese momento, cuando su propio Chaco estaba calcinándose, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, desairada su interpretación cordobesa del asunto, tronó con que los policías «han promovido de forma directa o indirecta los saqueos».
La presidenta de la Nación plasmó definitivamente esa valoración en su mensaje del 10 de diciembre. Dijo que lo sucedido no obedecía a un contagio sino a «la planificación y ejecución quirúrgica» y criticó la «extorsión» de amotinados que habían «liberado zonas» para el delito. Los medios oficialistas, con los electrodomésticos robados hallados en la casa de un suboficial de policía de Concordia, creyeron dar con la piedra filosofal de esta historia.
Para atribuir culpas a la oposición política, el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, señaló al ex jefe de policía bonaerense, Salvador Baratta, concejal de Lanús del FPV y devenido massista, como un fogonero de motines y saqueos.
¿Acaso estas acusaciones del kirchnerismo son infundadas? No. Tienen su miga porque en efecto los autoacuartelamientos dejaron las calles libres para la comisión de todo tipo de delitos. También porque muchos saqueos se produjeron a metros de donde acampaban los policías, caso del supermercado Cordiez en Barrio Cerveceros de Córdoba, punta de lanza del motín. Fueron demasiadas casualidades juntas…
Desigualdad social
Pero aún cuando la tesis K fuera exacta -que no lo es porque deja fuera el factor desigualdad social, que lo involucra-, hay dos asuntos de su competencia. Uno: en la década ganada no hizo la depuración y cambios democratizadores de la institución policial, además de mantenerla con sueldos muy bajos. Y dos, producida la extorsión policial, cedió a ella mansamente. De la Sota le otorgó aumentos impagables pero también Scioli, Alperovich, Urtubey, Urribarri y otros gobernadores oficialistas.
Se estima que esos aumentos arrancados a punta de extorsión policial representarán para las cajas provinciales un mayor gasto por 20.000 millones de pesos en el año 2014, que se sumará a otros desequilibrios. La presidenta, curándose en salud, ya anunció por boca de Capitanich, que dará una recompensa a las fuerzas de seguridad nacionales que hicieron de bomberos. El monto se sabrá cuando Cristina Fernández regrese de El Calafate, pero será más dinero gastado sin mayores ingresos. El jefe de Gabinete había desalentado aumentos salariales o bonos navideños para los empleados públicos diciendo que las mejoras ya se habían dado.
Si De la Sota y los gobernadores dieron aumentos mayúsculos a los policías y CFK los replican a gendarmes y prefectos, ¿cómo pueden rechazar, en cambio, las demandas de los trabajadores estatales? Sólo en Córdoba un sindicato oficialista como el SEP decretó un paro de 48 horas y luego otro de 72 horas. La lógica de hierro de los gremios del sector es: si hubo plata para los policías debe haberla para nosotros. ¿Cómo fijar un salario de 9.000 pesos para un uniformado y mantenerlo en menos de la mitad para una maestra?
Argentina no es la peor del grado, como la ubicó el cínico Barack Obama cuando manifestó que no quería un destino de desigualdad social como el de este país y Jamaica. Sin embargo hay que admitir que aquí sigue habiendo dos mundos muy contrastantes. Alfredo Zaiat (Página/12, programas de la Televisión Pública) escribió hace un tiempo que el diez por ciento más rico del país se apropia del 28,7 por ciento de los ingresos totales, mientras que el diez por ciento más pobre apenas logra el 1,8 por ciento. No lo dice un desestabilizador massista ni macrista ni delasotista ni binnerista, sino un periodista especializado en economía y afín al kirchnerismo, en medios de la misma sintonía.
Difícil que la brecha se cierre
En una publicitada nota de su blog, el sociólogo Pablo Semán (su padre Elías, dirigente de Vanguardia Comunista fue desaparecido en El Vesubio en 1978) puso énfasis en la polarización social con el ejemplo del barrio de Nueva Córdoba, con estudiantes que gastan 20.000 pesos y veranean en Europa y el Caribe, hijos de sojeros. Lo contrastó con los «negrazones» de las villas expulsadas a las ciudades barrios, lejanos y periféricos. Escribió el sociólogo: «No reivindico el saqueo. Tampoco creo que sea sólo espontáneo, pero entiendo el carácter masivo del horror que emerge para todos lados cuando uno de los principales reaseguros de ese orden era la presencia constante, masiva, pedagógica, correctiva de una policía que desapareció de la ciudad. La Córdoba dividida y desigualada a la fuerza ha mostrado por un segundo la arquitectura y el dolor generalmente enmudecidos de su constitución social».
Tal antagonismo entre miles de potentados y millones de personas que viven mal o pésimo no es una fotografía mediterránea. Sucede en muchas otras ciudades e incluso fue ponderada por la presidenta en el último acto del día de la Bandera en Rosario, cuando elogió las Torres y nuevos emprendimientos inmobiliarios de la ciudad, vistos desde el aire (inmediatamente tuvo que admitir que también vio barrios muy humildes).
Es verdad que desde 2003 ha mejorado la performance económica y la situación de millones de argentinos, de asalariados, jubilados y otros sectores antes marginados. Sin embargo sigue existiendo un nivel de pobreza que no es el que mide el Indec, que el 29 de octubre pasado informaba, según su Encuesta Permanente de Hogares, que la pobreza había bajado a sólo el 4,7 por ciento de la población (1.2 millón de personas) y la indigencia el 1,4 por ciento (367.000 personas).
Poco más de un mes más tarde, el 3 y 4 de diciembre tal estadística fue desmentida sangrientamente por la realidad. Las personas pobres son cerca de 10 millones y de éstos casi 2 millones son indigentes.
Números y estadísticas al margen, lo peor es que si no hay una estimación más o menos acertada de la gravedad del problema se puede conjeturar que éste no tendrá un abordaje pleno.
Quizás lo más serio sea que con las políticas últimamente pergeñadas por el gobierno nacional, de firmar acuerdos con Chevron, indemnizar a Repsol, pagar los juicios en el CIADI, negociar con el Club de París, reformar las estadísticas con intervención del FMI, etc, difícilmente aquella brecha se cierre. En todo el mundo que se aplicaron esas políticas la herida sangró más. ¿Por qué debería ser la excepción la Argentina?
Esa brecha es la que quiere ampliar Paolo Rocca con sus diatribas contra el Estado hipertrófico que cobraría más impuestos a las empresas. Cristina Fernández le contestó que con ese crítico diagnóstico «parece que el problema soy yo». Y sí, a pesar de sus giros favorables al capital extranjero, Rocca -como Magnetto y la Sociedad Rural- quieren presidentes que sean empleados suyos o a lo sumo gerentes.