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El Senado de Argentina aprobó (13 de noviembre) por unanimidad la ley de Acceso a la Información Científica, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados.
El reglamento establece que quedará en el Sistema Nacional de Repositorios, con acceso abierto y gratuito, toda “la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos financiados total o parcialmente con fondos públicos de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado”.
“Hemos sido pioneros en este proyecto, que cuenta con pocos antecedentes, como el de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos”, explica a SciDev.Net Alejandro Ceccatto, secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, organismo responsable de aplicar la ley.
“La sanción de la ley fue unánime en ambas Cámaras, no recibió ninguna oposición formal al articulado ni a la fundamentación”.
Silvia Nakano
“La revista Nature se hizo eco de nuestro proceso el año pasado, pero comparó esta democratización del acceso a la información con la nacionalización de YPF y nosotros no estamos nacionalizando nada: lo que produce el Estado con fondos públicos ya está nacionalizado, pertenece a la sociedad, que lo financia con el pago de impuestos”, agrega.
Silvia Nakano, representante del Nodo Argentina en la Red Federada de Repositorios de Publicaciones Científicas LA Referencia, dice a SciDev.Net que “la tendencia al acceso abierto a la producción científica es mundial. La sanción de la ley fue unánime en ambas Cámaras, no recibió ninguna oposición formal al articulado ni a la fundamentación”.
En el ámbito privado la medida también recogió adhesión: “Es razonable que el auspiciador del estudio —en este caso el Estado Nacional— tenga el copyright y decida qué hacer con esos datos”, opina Alberto Alves de Lima, director de docencia e investigación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.
“Algunas grandes editoriales podrían percibir la iniciativa como una amenaza a sus intereses, pero el avance en el acceso libre a la información científica debe generar consensos y distintos tipos de reingenierías institucionales”, comenta el Jorge Atrio, del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Atrio advierte que la ley, por sí sola, no puede cambiar un contexto y una cultura muy arraigada. “Ahora hay que ver cómo se lleva adelante, y eso lleva tiempo”.
Para Alejandro Ceccatto, “la actitud de las editoriales no debería ser rígida, sino adaptarse a la tendencia a escala mundial”. Indica que la Argentina invierte US$20 millones anuales en un programa permanente de suscripción a 12.000 revistas científicas a las que tienen acceso las universidades y los organismos de ciencia y técnica, con casi cinco millones de descargas anuales, a un costo de aproximadamente US$4 cada una.
“Esta es una inversión muy conveniente comparada con el precio de compra individual de cada trabajo, que oscila entre US$30 y 50”, concluye.