| Espionaje industrial y comercial realizado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) |
En entrevista con “Arsenal de ideas” el ingeniero y especialista argentino en propiedad intelectual e información tecnológica, Fabián Pena, nos responde a preguntas relacionadas con el espionaje industrial y comercial realizado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) por medio del programa de vigilancia electrónica PRISM que ha despertado un reclamo generalizado de varios países de la región y el Mundo.
En los últimos días recrudecieron las denuncias de espionaje electrónico a gobiernos y empresas, ¿qué nos puede decir sobre estas nuevas denuncias?
La novedad es que se está liberando información sobre el vasto sistema mundial de vigilancia electrónica desarrollado por los países centrales que de acuerdo a los documentos que Edward Snowden entregó a The Guardian y otros diarios, que se inició en respuesta a los atentados del 11-S, pero en realidad tiene otras finalidades como la apropiación de información política y económica sobre empresas públicas y privadas de los países en desarrollo, BRICS y Latinoamérica en especial, relacionada con el petróleo y otras industrias estratégicas para los Estados Unidos. Se estima que a nivel global se mueven casi 400.000 millones de dólares como consecuencia de los negocios realizados con la compra venta de información. Este modelo de obtención de información tecnológica es aplicado globalmente. En nuestra región se mencionaron los casos de PEMEX, PETROBRÁS y PDVSA, también podríamos incluir a YPF de Argentina. Fueron pinchados Calderón, Dilma, Chávez y Cristina, además de Evo y Correa.
A propósito de este último tema, Usted vinculó en un reciente artículo la vigilancia de los Estados Unidos con el uso de la propiedad intelectual. ¿En que consiste esta relación?
Son derivaciones del espionaje de guerra militar y económica entre empresas competidoras, optimizados ahora con la red global de internet y los programas de captación de megadatos. Lo escandaloso es la impunidad con la actúan y justifican su accionar. Sin embargo acusan al resto de los países de “piratería” y de no respetar las leyes de propiedad intelectual que afectan la “seguridad jurídica” de sus empresas en el exterior. Con estos argumentos impusieron los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPICs), intentaron (y casi lo logran) imponer el ALCA aunque consiguieron establecer tratados de libre comercio con algunos gobiernos aliados en la región como Chile, Colombia, México, Perú y países de Centroamérica, en esos TLC hay siempre un capítulo sobre propiedad intelectual. En el resto de los países las Embajadas de los Estados Unidos y sus empresas presionaron para modificar leyes de patentes medicinales y obtener protección legal sobre la propiedad de las semillas a través de la “Ley Monsanto” en Argentina, Chile, Paraguay y lo están intentando hasta en Venezuela.
¿Como se llega al conocimiento de esta vinculación?
Sucede que a partir de las denuncias de Julian Assange en sus documentos de Wikileaks filtrados en 2011 se sabe que 160 empresas de la industria de inteligencia de 25 países venden su tecnología a cualquier país del mundo se puede relacionar fácilmente al espionaje industrial con la propiedad industrial, es decir las patentes, las marcas comerciales y la transferencia de tecnología son una mercancía. La propia NSA registra sus propias marcas y patentes a partir de la información que obtiene de su vigilancia electrónica sobre empresas, aunque la mayor parte de la información la intercambia con el resto de las agencias gubernamentales que luego las negocian con las grandes empresas estadounidenses: Chevron, Halliburton, Monsanto, Pfizer, Dupont, Dow, Procter & Gamble, IBM, Microsoft, CNN o FOX NEWS. Es una gran industrial de espionaje industrial, comercial y comunicacional que tiene como principal función las ganancias de las empresas y la posición de dominio del gobierno de ese país, que trabaja junto a sus aliados Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, como nos estamos anoticiando en estos días.
Es una industria que recauda miles de millones de dólares pues la información tecnológica no revelada en las patentes y la información comercial confidencial o secreta de la que se apropian estas agencias representan buena parte del desarrollo industrial y comercial de varias ramas de actividad de los Estados Unidos. De esta forma y por medio del sistema de propiedad intelectual, las empresas que compran esa información luego registran sus patentes y marcas para desplazar a la competencia, tanto en sus propios mercados como en el resto de los países donde la leyes de propiedad intelectual los protegen. En general en todos los países de nuestra región, con honrosas excepciones, se siguen los lineamientos de la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, la OMC y la OMPI. Así logran monopolios en industrias alimenticias, farmacéuticas, automotrices, de comunicación, educativas y culturales.
¿Qué medidas deberían tomarse por parte de los gobiernos para contrarrestar el robo y patentamiento de tecnología?
Al menos puedo sugerir que no debieran hacer: a partir de estas develaciones no prestarse más al juego que proponen el gobierno y las empresas estadounidenses porque, dadas todas las evidencias, muy posiblemente sepan de ante mano las debilidades de los gobiernos al momento de negociar contratos de explotación o de transferencia de tecnología desde una posición de dominio frente a los funcionarios de gobiernos nacionales. Difícilmente puedan lograrse condiciones favorables frente a la asimetría de información que se plantea en una negociación con empresas norteamericanas.
La presidenta Dilma, por ejemplo, las excluyó de la subasta del yacimiento “Campo de Libra” luego de enterarse que ella misma y Petrobrás fueron vigilados por la NSA y probablemente no negocie la compra de aviones con las empresas de Estados Unidos. No sé que habrá ocurrido en el caso argentino de CHEVRON-YPF. Al mismo tiempo no tiene sentido proteger la propiedad intelectual de esas empresas que obtienen sus tecnologías realizando espionaje industrial, es antagónica esta posición: se protege la tecnología de quienes obtienen una información pirateada y además se la defiende estas leyes como buenas. Hay que revisar todas las leyes de propiedad intelectual en los países de la región en defensa de la soberanía y seguridad tecnológica y los recursos naturales de nuestros países.
¿Qué podemos esperar de aquí en adelante?
Ya se han lanzado comunicaciones e iniciativas desde el MERCOSUR, se realizó en Caracas -quien está a cargo de la presidencia Pro Tempore- una reunión de Cancilleres y Autoridades y Expertos en Seguridad Informática y de las Telecomunicaciones del MERCOSUR. Veremos, aunque cada país debe darse nuevas normativas y protocolos en materia de intercambio de información gubernamental y protección de datos. Si consideramos que los servidores de Google y Yahoo distribuidos por todo el mundo están intervenidos y “pinchados” en tiempo real, y desde las Embajadas de los Estados Unidos en 80 países se monitorean las comunicaciones telefónicas, suponemos que también habrá que reemplazar todas los programas privativos basados en Windows por software libre y a partir de allí darse una estrategia de “blindaje electrónico” con servidores de Estados nacionales, crear una red propia y proteger a los ciudadanos de la invasión electrónica lanzada por la NSA y el Departamento de Estado. Después de todo esto: cuál es ahora el sentido de defender un sistema de propiedad intelectual a la medida de las empresas de Estadas Unidos que protege la información industrial y comercial obtenida mediante espionaje.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176291