En ese sentido, el mandatario dominicano instó a los funcionarios encargados de la frontera a actuar sin excesos y no dejarse provocar ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. El ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez expresó las directrices dadas por el jefe de Estado dominicano respecto al tema: “El señor presidente dio instrucciones a todos los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, Interior y Policía y Migración de manejarse con mucho tacto respecto a lo que es el cumplimiento de la ley, así como también de evitar cualquier tipo de confrontación y tener una reacción rápida ante cualquier mala información que se pueda dar y que pueda afectar la imagen de la nación”, aclaró antes los medios de comunicación.
Sobre los mercados de carácter binacional que se celebran en comunidades cercanas a la frontera con Haití, el funcionario indicó que la mayoría se desarrollan bajo un ambiente de calma y normalidad; salvo en Jimaní, al oeste de la capital; donde se realizó de forma parcial y Elías Piña, en la misma zona; donde no se pudo organizar.
Algunos medios de comunicación especulan con la posibilidad de que la reunión también estuviese relacionada con la visita que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la nación caribeña desde el lunes hasta el próximo viernes; donde se plantea tratar la polémica ley que niega la nacionalidad a los hijos de haitianos en situación inmigratoria irregular.
Desde el jueves, República Dominicana comenzó un proceso de repatriación de ciudadanos haitianos, situación que tensó la relación diplomática entre ambas naciones, además de congelar el ingreso del país al Caricom, como medida de presión contra el cuerpo legal que atenta contra los derechos humanos de los deportados; según criterio de la ONU; organismo que sigue de forma atenta el avance del caso.
La medida tomada por las autoridades dominicana deja a más de 250 mil haitianos y sus hijos sin posibilidad de acreditarse la nacionalidad de esa nación; hecho que se presta para que sean contratados de forma irregular a cambio de bajos salarios y atenta contra su seguridad personal ante la alta conflictividad social que se ha desatado en contra de los inmigrantes de ese país en República Dominicana.