Se trata de una cámara cada 9 ciudadanos cariocas
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México: ambientalistas denuncian que la construcción de una carretera podría dejar a Morelia sin agua
El abasto de agua de la ciudad de Morelia se encuentra en peligro por la construcción de la Segunda Etapa del Libramiento Sur Tramo Ramal Camelinas, una carretera que pone en riesgo el ecosistema de La Loma de Santa Maríay la Cuenca del Río Chiquito, los pulmones de la ciudad.
Así lo denuncian ambientalistas, ecólogos, académicos, y un sector de vecinos, que advierten que esta vialidad supone una amenaza.
La vialidad se construirá en lo que originalmente eran áreas protegidas debido a un decreto emitido en las últimas horas del 31 de diciembre de 2009, que dejó sin efecto la categoría de Área Natural Protegida de la Loma de Santa María, y redujo además el área de protección.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) alega en el Resumen Ejecutivo que, además de propiciar una mayor conectividad en beneficio de todas las colonias que hay en la parte alta de la Loma, la Segunda Etapa del Libramiento Sur favorecerá al medio ambiente, pues promete librar el tráfico que a diario atasca la zona, reducir las emisiones de gases contaminantes, ahorrar en combustible, y además mitigar el nivel de contaminación acústica.
Sin embargo, académicos insisten en que esos beneficios no compensarán el daño que se ocasionará al ecosistema, especialmente a los mantos feráticos de la Cuenca del Río Chiquito, los cuales nutren de agua a Morelia, evitan inundaciones, y ejercen una función vital en el sostenimiento del suelo en una zona potencialmente sísmica.
Además, en la Manifestación de Impacto Ambiental que permite la construcción de la obra, la SCT tampoco menciona cuál será el destino de las toneladas de desechos que genere la obra.
Por todos esos motivos, investigadores como Víctor Manuel Toledo, docente de la UNAM, califican la construcción de esta vialidad, cuyo trazo atraviesa hasta tres áreas naturales, como un “ecocidio”.
Chile: continúa el paro de trabajadores públicos y alcaldes aseguran que no afectará las elecciones
Los funcionarios públicos que protagonizaron un paro este jueves y viernes, el cual según sus organizadores superó el 90% de adhesión, están a la espera del comité polítco de La Moneda de este lunes, donde se definirá una cifra de contrapropuesta al reajuste exigido, de un 8.8%. Mientras, los trabajadores municipales se aproximan a su tercera semana de paro, situación compleja a pocos días de realizarse las elecciones.
Después de dos días de paro de advertencia, la Mesa del Sector Público seguía sin una contrapropuesta del gobierno al 8,8 % de reajuste salarial que solicitaron y la petición de que este tema se zanje antes de las elecciones del 17 de noviembre, solicitudes que se levantaron hace casi dos meses.
A la manifestación convocada durante este jueves y viernes concurrieron trabajadores de los ministerios, servicios de salud y otras reparticiones del Estado, como el INDH y según el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, la adhesión superaba el 90 por ciento, mientras el gobierno la fijó sólo en un 17 por ciento, manteniendo su posición de no negociar.
Sin embargo, este viernes los dirigentes llegaron acompañados de un gran número de manifestantes al Ministerio de Hacienda, donde fueron recibidos por asesores técnicos y luego de una conversación de alrededor de una hora, se llegó a una primera conclusión.
El lunes, (HOY) el Gobierno discutirá en un comité político extraordinario si se entrega una cifra de contrapropuesta para el reajuste salarial exigido por los trabajadores del sector público. Ese mismo día, los dirigentes de la mesa se reunirán para acordar una postura unitaria.
Los trabajadores celebraron el acuerdo y sostuvieron que la movilización de dos días les dobló la mano a las autoridades y las hizo retroceder de su posición.
Municipales continúan en paro
Por otro lado, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), Óscar Yáñez, confirmó que continúa el paro indefinido del gremio después de que se rechazara la propuesta del Gobierno con un 84,5 por ciento de los votos de los funcionarios a nivel nacional.
Recordemos que este jueves, después de una extensa reunión, el Ejecutivo realizó una oferta a los trabajadores a través del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, la que fue considerada insuficiente por los trabajadores.
“La materia y los argumentos y la fuerza que le ha colocado el gobierno no es suficiente ni satisfactoria para los trabajadores y trabajadoras municipales. En ese contexto, la movilización continúa en el ritmo con la que ha venido imprimiéndose día a día”, expresó el presidente de Asemuch, Oscar Yáñez.
Con esto, el paro de los funcionarios municipales se extiende ya por tres semanas, lo que no causó nada de gracia a las autoridades de gobierno. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, lamentó esta decisión e interpeló a los alcaldes, a los que acusó se motivar la paralización.
“Lamentamos hoy día la intransigencia y rigidez que condujo al rechazo de esta propuesta, que los propios dirigentes nacionales habían construido y aprobado en beneficio de todos los funcionarios municipales. Lamentablemente, también tenemos que rechazar la actuación irresponsable de algunos alcaldes que, olvidando su principal compromiso de atender las necesidades de los vecinos de sus comunas, lejos de colaborar con la solución del conflicto, han contribuido a agravarlo”, aseveró.
Además, dijo que “quedan bajo sanciones penales” aquellos alcaldes que no cumplan con la “responsabilidad legal de colaborar con los materiales y facilidades descritas en la ley de elecciones para la realización del próximo acto legal”.
Esto porque, a nueve días de los comicios, el foco del gobierno está en evitar que el paro de los funcionarios municipales, quienes prestan apoyo logístico durante el proceso, afecte su desarrollo normal. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se ha reunido desde el martes con el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, para afinar los detalles de un “Plan B” que aplicaría el gobierno en caso de que el paro se extienda.
Esta tarde, el Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades se reúne nuevamente con Santamaría para tratar el mismo tema.
Costa Rica: decenas de sindicatos y organizaciones realizan marcha nacional por diversas demandas
El movimiento sindical y organizaciones ciudadanas, como los foros regionales, integrantes del Foro Nacional, acudirán hoy desde las ocho de la mañana a movilizaciones por diversas demandas como alto costo de la vida, empleo digno y no al alza de las tarifas eléctricas.
Las protestas se realizarán en diversas regiones del país, y el Gobierno ha anunciado la movilización de miembros de la Fuerza Pública, oficiales de tránsito y cuerpos represivos especializados. Las principales manifestaciones se realizarán en San José.
“Rechazo tener que pagar más para que los empresarios paguen menos”, es una de las consignas del movimiento, encabezado por sindicatos y centrales de trabajadores.
“No acepto pagar más por el recibo de luz de mi casa. Rechazo que me cobren más por lo que pretenden dejar de pagar los grandes consumidores de electricidad”, es una de las justificaciones de los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Me manifestaré el lunes 11 de noviembre en la “Audiencia de la Calle” para que la Aresep y el Gobierno tomen nota de mi repudio. ¡Alto ya al crecimiento de la desigualdad en Costa Rica!”, precisa otros de los llamados.
“Formulamos un vehemente llamado a la clase trabajadora que representamos, y en términos generales, al pueblo costarricense y al conjunto de organizaciones sociales y civiles que defienden sus intereses desde diferente perspectivas; para que salgamos a la calle, en manifestación pacífica, el día lunes 11 de noviembre próximo, con la finalidad de expresar una rotunda oposición ciudadana a las pretensiones de los grandes consorcios empresariales y corporativos (muchos de ellos de naturaleza transnacional), de que se le rebaje los actuales niveles tarifarios que por el consumo de energía eléctrica vienen pagando tanto al ICE como a la CNFL, así como a cooperativas y empresas públicas distribuidoras de electricidad”, resalta el llamado de los trabajadores organizados.
Sobre las tarifas eléctricas que beneficiarán a los grandes consumidores sostienen que tanto la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), y el ICE sufrirían impactos graves en su situación financiera, si la indicada pretensión empresarial se concreta, de hasta un 30% menos de lo que pagan hoy en día.
“En conjunto habría una reducción de ingresos tarifarios por el orden de los 65 mil millones de colones anuales; cifra astronómica que deberá ser pagada por los hogares de la clase trabajadora, y por las micro, pequeñas y medianas empresas”, acusaron los organizadores de las protestas.
Por otra parte, manifiestan que todo el mundo reconoce que nuestro país vive un acelerado proceso de concentración de la riqueza y crecimiento sostenido de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías ciudadanas.
“Esta situación se agravará si a las mismas se les obliga a desembolsar una cifra como la indicada, producto de la reducción tarifaria a los grandes consorcios de negocios”, agregan.
Por otro lado, resaltan que es imprescindible destacar que este tipo de empresariado, ya viene pagando un precio por KW/hora menor al que pagamos en nuestros hogares.
Explican que en el caso de mediana tensión de provisión eléctrica, el precio del KW/hora para estas empresas arranca en 12 centavos US. Mientras que en una casa ubicada, en Hatillo, por ejemplo, y en un mismo marco de condiciones, ese mismo KW/hora parte de los 19 centavos US.
Sobre el caso del ICE, el impacto negativo de esta pretensión es de una mayor profundidad, considerando las gigantescas erogaciones a las que se ha visto obligado por un mayor uso de combustible, por demás, el más caro de Centroamérica y del mundo.
“Para que se note la magnitud del impacto negativo en sus finanzas, si la ARESEP accediera a las mencionadas pretensiones corporativas, a los 110 mil millones de colones que implica la factura por consumo de combustible de este año, habría que agregarle 35 mil millones de colones producto de la reducción en la tarifa empresarial de la cual venimos hablando. En tal escenario financiero negativo, no le quedará más opción al ICE que solicitar aumentos en la tarifa de electricidad para esas grandes mayorías populares”, afirman las organizaciones sindicales.
Para este lunes, las organizaciones se manifestarán desde el Hospital México, el ICE, Parque La Merced, desde la plaza de la Hispanidad, así como en diversas regiones como San Carlos, San Ramón, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Limón, entre otras.
Brasil: 700.000 cámaras vigilan Río de Janeiro camino a la Copa del Mundo
El Estado colocó otras mil en la vía pública. El mercado de la videovigilancia crece 10% por año, incentivado por los grandes eventos deportivos. Hay una cámara por cada nueve cariocas
Rio de Janeiro, que acogerá el Mundial-2014 de Fútbol y los Juegos Olímpicos en 2016, es vigilada por unas 700.000 cámaras de sistemas privados deseguridad, publicó este domingo el diario O Globo.
Basándose en un estudio del Sindicato de Empresas de Sistemas Electrónicos de Seguridad de Rio, el artículo señala que el mercado crece 10% al año y que la cantidad de cámaras ya llega a una por cada nueve cariocas.
En Rio hay, además, un millar de cámaras instaladas en las vías públicas por la alcaldía o el gobierno del estado de Rio, señaló la versión, que destaca que de cara a los grandes eventos deportivos también está expandiéndose la seguridad a cargo de las autoridades, con la instalación de más equipos.
«Hace 30 años la vigilancia electrónica era cosa de grandes empresas. Hoy, cualquier condominio tiene», señaló Denise Mury, presidenta del sindicato, citada en el diario.
Las 700.000 cámaras están instaladas en edificios corporativos o residenciales, así como también en casas o galpones.
En Sao Paulo, la ciudad más rica de Brasil con 11 millones de habitantes, hay una cámara por cada ocho paulistas, añadió el diario.
La utilidad de las cámaras fue un tema que ganó amplia repercusión periodística en julio, poco antes de la visita del Papa, cuando se redoblaron los controles y en ese contexto la policía mató al albañil Amarildo de Souza, un vecino de la favela Rocinha, cuyo cuerpo no fue hallado.
La investigación judicial demostró que los policías de la UPP de Rocinha, que están procesados y presos, desconectaron las cámaras de seguridad para ocultar el traslado del cuerpo del albañil De Souza luego de matarlo debido a las torturas a que fue sometido.
El artículo de O Globo señala que el fenómeno de la vigilancia total, al estilo «Gran Hermano», es un dato de la realidad en las grandes capitales brasileñas, que están bajo la mirada de cámaras, las cuales en su mayoría son operadas porempresas no siempre calificadas para esa tarea delicada.
Por su parte, el experto en Planificación Urbana, Rodrigo Firmino, recomienda establecer algunos límites a esta tendencia de las grandes urbes brasileñas.
Firmino señaló que las «clases medias» han instalado «cámaras en los perímetros de sus residencias, pero con ello no sólo monitorean sus propiedades sino también la vía pública, cuando la seguridad de la vía pública es algo que compete exclusivamente al Estado».
El especialista concluye formulando una pregunta: «¨Qué derecho tienen esos ciudadanos que instalan cámaras a monitorear las vías públicas de una manera privada?».