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30-10-13.-Casi dos tercios de los miles de menores condenados a cadena perpetua son de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.La Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declaró inconstitucional en mayo esta pena a menores, pero 29 estados todavía lo establecen por ley.
Cristian Fernández se enfrentó una posible condena de cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su hermanastro de dos años. Librado al final de esta posibilidad, a cambio de una condena hasta 2018, Cristian escapó de unirse a un selecto grupo, el de los niños sentenciados a morir en una prisión norteamericana.
En la actualidad, 79 presos con menos de 14 años se encuentran cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, de los casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel, según cifras de Human Right Watch, un 16,4% del total de presos. Casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.
Una polémica que se reabre después de que la Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declarase en mayo de este año que la cadena perpetua a menores era inconstitucional. Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que tomaba el grupo de nueve magistrados: en 2005 abolió la pena de muerte para este colectivo, salvando a 50 niños del corredor de la muerte, y en 2010 declaró inválida la cadena perpetua para 130 menores sin delitos de sangre.
A pesar de ello, la histórica decisión no supone el fin de estas condenas, como ha quedado patente en el caso de Cristian Fernández. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema concluyó “que cualquier jurado o juez debe tener en cuenta los factores atenuantes que han llevado al joven a cometer el delito antes de imponer una condena que implique pasar toda la vida en prisión”.
El alto tribunal se pronunció respecto al caso concreto de dos menores de 14 años, Evan Miller y Kuntrell Jackson, aunque la sentencia sentó jurisprudencia. “Espero que la mayoría de los convictos tengan nuevas sentencias, y admito que esta nueva decisión por parte puede hacer que los Estados cambien las condenas por su cuenta o modifiquen sus leyes”, sostenía Bryan Stevenson, abogado de ambos menores, tras conseguir la rebaja para sus defendidos. EEUU dificulta la imposición de estas penas, pero no las prohíbe.
Los magistrados del Supremo dejaban claro que “la posibilidad de que estas condenas se den, va a ser muy baja”, aunque no imposible, al acogerse a la Octava Enmienda, que garantiza el derecho a no ser sometido a castigos inusuales o crueles, a la inmadurez e impulsividad de los condenados para adoptar penas menos rigurosas que a un adulto. Dejaba sin embargo la puerta abierta a la posibilidad de que sean juzgados como un mayor de edad, como es la situación de Cristian Fernández. Además, algunos de los miembros del alto tribunal expusieron sus reticencias a la decisión. «No hay nada en nuestra Constitución que autorice a esta Corte a cambiar esta decisión», aseguraba el juez Thomas.
La facción más conservadora formada por su presidente, John Roberts, y los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito se opuso rotundamente a la medida, argumentando que “las decisiones sobre las sentencias más apropiadas para los adolescentes asesinos tienen que ser tomadas por los legisladores y no por los tribunales”. 29 estados no diferencian entre homicidas adultos y menores Y es que en 29 estados norteamericanos, la ley todavía establece la cadena perpetua para el homicidio, con independencia de si el crimen ha sido cometido por un menor.
Los Estados tienen libertad para determinar su duración máxima, la mínima es de 10 años, aunque la mayoría todavía recoge la pena de por vida, sin libertad condicional, siendo el único país del mundo en aplicar esta severa pena contra los menores, según Amnistía Internacional. Varios tratados internacionales prohíben precisamente la imposición de estas condenas, como el artículo 37 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países salvo EEUU y Somalía. Por otro lado, la Convención Internacional de Derechos Civiles de 1966 fue firmada por EEUU a cambio de incluir una excepción a la prohibición para condenar a menores en “circunstancias excepcionales”.
Los menores con cadena perpetua se ha multiplicado por seis desde 1966 Entonces había 400 menores en esa situación, ahora son más de 2.500 los niños que podrían pasar el resto de su vida tras las rejas. Una situación que parece no tener fin, a pesar de las sentencias del Supremo norteamericano. De hecho, el Departamento de Justicia de EEUU reconoce hasta 29 casos de menores de 14 años que han cometido asesinatos en los últimos dos años. Cristian Fernández podría convertirse en unos meses en uno de esos menores que crezcan y envejezcan en prisión. La acusación de la Fiscalía para juzgarlo como un adulto por la gravedad de su crimen fue aceptada por el juez.
De nada sirvió una iniciativa popular que recogió más de 190.000 firmas en todo el país para que sea juzgado como lo que es, un menor. La fiscalía se opone a esta petición, que permitiría que Fernández quedase libre con 21 años. “Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo. Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy triste, pero es la única medida legal que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos”, aseguraban los responsables de la acusación contra el menor.