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El pasado lunes fueron encontrados en México los cuerpos de tres personas asesinadas, militantes del Partido Comunista y de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez).Los cadáveres fueron hallados en un terreno en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero, desde donde denuncian que la comisión de estos delitos no es un hecho aislado sino que se da en el marco de crímenes, persecuciones y agresiones contra militantes sociales y políticos.
“ Los cuerpos de nuestros camaradas se encontraron con impactos de bala y huellas de tortura (…)cerca de ahí se encontró el auto Tsuru blanco sin placas con rotulación de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (Cetig) en el que viajaban, el cual fue encontrado calcinado”, señalaron desde el Buró Político del Partido Comunista de México.
Las personas asesinadas son Raymundo Velázquez Flores, dirigente de Larsez y secretario general de Partido Comunista de México (PCM); Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional del PCM; y Miguel Solano.
Los militantes de la organización agraria luchaban por la entrega de recursos para proyectos productivos rurales, el cese de la persecución contra los campesinos y contra el desarrollo de proyectos mineros a gran escala. “Piensan los monopolios de la minería, canadienses o de cualquier nacionalidad -incluidos los mexicanos, los de Slim-, que así más fácilmente podrán avanzar en el despojo de tierras, en el saqueo de los recursos minero-energéticos, en la explotación del trabajo asalariado, y se equivocan”, denunciaron desde el PCM.
“Como sabemos en el estado de Guerrero no hay garantías para la acción política de los comunistas, los revolucionarios y los luchadores sociales. Este es un ataque directo de los tres niveles de gobierno en contra del Partido Comunista de México”, señalaron. En ese marco hicieron responsables de los homicidios al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Gobierno Estatal de Ángel Aguirre Rivero del Partido de la Revolución Democrática y el gobierno municipal de Ramiro Ávila Morales.
Persecución sistemática
Dos meses atrás fue asesinado el dirigente social de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona junto con dos compañeros – Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez – y hasta la fecha no hay responsables. Luego de estar desaparecidos, fueron encontrados sus cuerpos con signos de torturas y con “tiros de gracia”. Unidad Popular es un espacio que nuclea a campesinos, trabajadores estatales, mineros y metalúrgicos, entre otros.
Desde el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en el Estado de Guerrero repudiaron los asesinatos y los enmarcaron en violaciones a los derechos humanos. “Parecería increíble (…) que la criminalización de la protesta social afecte la integridad de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras la mal llamada delincuencia organizada, las organizaciones radicales del narco y paramilitares, mantienen el control político y económico de la entidad con la aquiescencia y colusión de las autoridades”, enfatizaron.
En el mismo sentido, el militante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Pablo Sandoval Cruz, consideró ante medios locales que los asesinatos eran un aviso para la lucha social en defensa de los pueblos. También sostuvo que la persecución era parte de “líneas impuestas desde Estados Unidos, para que el pueblo se siente cruzado de brazos, no proteste y esté tranquilo, es lo que quieren los inversionistas extranjeros, que quieren que no haya protestas, manifestaciones y que no haya rebeldía”.