Alejandro Zampietro
Como tantas otras decisiones económicas adoptadas por el gobierno de Cristina Kirchner, una medida económica que puede ser considerada justa es llevada a cabo fuera del tiempo y ya no fue una virtud del gobierno sino una rectificación de medidas reaccionarias contra los trabajadores argentinos.
Decidir las subas de los mínimos no imponibles a los trabajadores asalariados formales fue el costo pagado por el gobierno luego de la catastrófica derrota electoral del pasado 11 de abril que hizo morder el polvo a los integrantes del Frente para la Victoria y sus aliados. Un duro golpe que puso fin al proyecto kirchnerista y catapultó a un ex funcionario del propio gobierno kirchnerista cual verdugo de su ex amo.
Una vez más, medidas reparadoras de propios errores no producen impacto social. La falta de conciencia política e ideológica de un gobierno de funcionarios ricos con poca formación y luces, carentes de sensibilidad social para resolver problemas elementales de la economía-política real, tecnócratas de universidades y consultoras que se enfrentan al peor de los fracasos electorales en elecciones de medio término. Un fracaso colectivo que dilapida capital político por falta de consistencia y contradicciones resueltas por derecha.
Ahora que no se descontará más lo que nunca debió descontarse de los salarios. Los votantes con ingresos formales de hasta 15 y 25.000 pesos podrán juzgar al gobierno el próximo 27 de octubre donde un 35% de los trabajadores no registrados también decidirán su voto.
Una nueva experiencia nacional y popular que comienza a ver el principio de un final anunciado, tras el zizagueo reptilesco de pactos oscuros con corporaciones petroleras, mineras y semillares ahora, no tan difíciles de comprender.