Agencia Matriz del Sur
San José de Costa Rica, 18 de agosto de 2013.- Una falla en un pequeño incinerador ubicado en el complejo judicial de San Joaquín de Flores, Heredia, obligó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a quemar cocaína en Estados Unidos.
Según el Costa Rica Star, un Boeing C-17 Globemaster III proveniente de la Base Dover de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós el pasado sábado 27 de julio, cargó casi 24 toneladas de cocaína en contenedores y despegó hacia Miami, no sin antes detenerse en Nicaragua y Honduras.
Antecedentes
Desde el 2005, el Poder Judicial firmó un convenio con una empresa cementera ubicada en Cartago, para quemar cocaína y otras drogas en sus hornos.
El proceso se hizo normalmente, hasta que en diciembre del 2009, se descubrió que seis empleados de la empresa se apoderaron de 20 kilos de cocaína.
El OIJ informó en febrero del 2011 que 18 toneladas estaban saturando las bodegas en San Joaquín de Flores. Sin embargo, el 13 de junio de ese año, se anunció que el Poder Judicial ya tenía un pequeño incinerador con capacidad para quemar 300 kilos de cocaína por hora, que fue donado por la empresa Holcim.
El director del OIJ expresó ayer que luego de destruir alrededor de 30 toneladas, el incinerador se dejó de utilizar en febrero del 2012, pues comenzó a generar contaminación, que ponía en peligro la salud de las personas que laboran en el complejo judicial de Flores.
El funcionario explicó que la falla se produjo por el exceso de uso.
Este incinerador, con capacidad para quemar 300 kilos de cocaína por hora, fue inaugurado el 13 de junio del 2011. Fue sacado de servicio en febrero del 2012, porque generaba contaminación. Archivo
Otras opciones.
El jerarca de la Policía Judicial dijo que desde ese momento se comenzó a guardar la cocaína decomisada, lo que aseguró es un riesgo, pues algún grupo narcotraficante podría robarla.
Agregó que en procura de buscar un desahogo se pidió ayuda a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para quemar la droga en esa nación.
La coca decomisada casi en tres años de trabajos policiales a los fuertes grupos del narco salió de manos ticas en un abrir y cerrar de ojos, haciendo uso de dineros confidenciales otorgados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) que tanto el OIJ como el propio fiscal general de la República solicitaron hace un par de semanas.
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el OIJ le pidió a la Fiscalía su parte, con el fin de pagar el viaje y lo que cobró una empresa privada de Estados Unidos por incinerar la droga, cuyo nombre no fue revelado por los encargados del procedimiento, que nunca antes ocurrió en el país y tiene desconcertados a algunos diputados, que exigen respuestas serias.
Al parecer el monto pagado por las autoridades costarricenses sería de $24 mil aproximadamente (¢12 millones), luego de que un juez de la República supervisara la quema de coca que se presume tiene una pureza de un 95%.
Lo que nadie se explica aún es cómo, cuándo y dónde se acordó “exportar” tanto polvo blanco a Estados Unidos, y menos se realizó una contratación vía Controlaría General de la República, pues se trata de fondos públicos, aun cuando son de carácter confidencial deben ser consultados.
Los fondos confidenciales son otorgados por el ICD al Ministerio Público y el OIJ. Se presume que este último se habría gastado parte del rubro, por lo que se vio obligado a solicitar una “ayuda” a la policía judicial.
Francisco Segura comentó que están próximos a firmar un convenio con una empresa privada para destruir la droga en Costa Rica.
Precisó que en un plazo de dos años pretenden buscar presupuesto, con el fin de adquirir un incinerador con capacidad para quemar altas cantidades de droga.
Explicación del organismo judicial
Según un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica tradicionalmente se destruía la droga incautada en todo el país con la ayuda de la empresa cementera Holcim.
El organismo jdicial dirigido por Francisco Segura Montero expresó que «Por motivos fuera del control de dicha empresa y de nuestra institución, ese proceso debió dejarse de lado. No obstante Holcim con «gran conciencia social» donó al OIJ el incinerador, con el cual logramos destruir casi 23 toneladas de cocaína y marihuana. Sin embargo nos vimos en la necesidad de evitar el uso de dicho incinerador, hace aproximadamente año y medio, ya que se determinó que cabía la posibilidad de que estuviera contaminando en el ambiente, por lo que se realizó el cierre técnico».
A raíz de estos hechos, y en vista de que en este momento no contamos con el incinerador, y tomando en cuenta la alta efectividad en el decomiso de droga en Costa Rica, en este lapso de tiempo se volvió a acumular una cantidad parecida a la ya destruida.
La OIJ afirmó que: «Considerando el alto riesgo de mantener esas cantidades de droga almacenada, a pesar de las medidas de seguridad, nos dimos a la tarea de conversar con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA por sus siglas en inglés) para proceder a la destrucción de estas sustancias».
«Fue así como el pasado fin de semana el OIJ, junto con otras instituciones de Costa Rica y en coordinación con DEA, remitió a los Estados Unidos 23.7 toneladas de droga para su destrucción, propiamente a Miami.»
Sostiene el informe del organismo judicial que «La coordinación para el envío de dicha droga al país del norte estuvo a cargo del OIJ. Desde el traslado de dicha sustancia hasta su destino final fue supervisado y aprobado por un juez penal del Primer Circuito Judicial de San José, en compañía de 100 agentes del OIJ, de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Fuerza Pública. En Miami la droga fue custodiada por agentes judiciales, así como agentes de la DEA y recibida por la señora Ana Lorena Sánchez Urpí, Cónsul General de Costa Rica en Miami».
Para los trámites de este excepcional operativo se contó con el aval del Ministerio Público y adicionalmente, fueron informadas otras autoridades judiciales tales como la Sala Tercera, el Consejo Superior y la Presidencia de la Corte.
La droga partió hacia el país del norte el sábado a las 14:00 horas en un avión C17 de la Fuerza Aérea estadounidense. El traslado también se coordinó con la Sección Aérea del Ministerio de Seguridad Pública y la Seguridad Aeroportuaria.
Se descarta que este tipo de proceso de destrucción en otro país se vuelva a repetir a corto o mediano plazo.
Boeing C-17 Globemaster III, U.S. Air Force
OIJ ASEGURA QUE NO TIENE HORNOS
Gustavo Mata, subdirector del OIJ, manifestó que este tipo de gestiones no es normal, pero se realizó este fin de semana durante un megaoperativo en horas de la madrugada.
“Lo normal es que la quememos aquí mismo, pero el incinerador que tenemos terminó su vida útil, solo marihuana se puede. Tener esa cantidad de droga era un riesgo, por eso la mandamos a esa nación.
Ahora intentamos comprar dos incineradores, mientras tanto la medida era quemarla en otro país en coordinación con la Agencia Antidrogas (DEA), que nos ayudó”, explicó.
La acción contó con 200 agentes que fuertemente armados custodiaron desde la capital hasta el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, dos contenedores que llevaban la peligrosa carga de coca, valorada en ¢360 mil millones el mercado negro.
Mata contestó algunas de las inquietudes que nos deja esa “exportación”.
¿Qué problemas ve usted con almacenar grandes cantidades de droga?
– La capacidad de incinerar es nula en este momento por problemas de contaminación y la empresa amiga nos cerró las puertas por cuestiones de seguridad.
¿Quién autoriza la operación?
– De aquí se hace la solicitud a la Corte, un juez participa y los encargados nuestros de bodega hacen el resguardo de la droga hasta Miami, donde levantan las actas respectivas. El cónsul de Costa Rica da fe que la droga se destruyó donde se dijo.
¿Por qué a Estados Unidos?
– Es el país más seguro y la participación de la DEA nos da la tranquilidad de que no enfrentamos un contratiempo. Si hubiéramos tenido al oportunidad de hablar con otra agencia, igual lo trabajamos.
¿Existe algún fundamento legal que faculte exportar droga?
– No lo vemos desde esa perspectiva, es una colaboración. Mantener esa droga ahí es un problema de seguridad nacional y se hacen todos los requerimientos no para exportar sino para prestar ayuda.
¿Cómo hacen la cadena de custodia?
– Sale de San José, se hace la custodia debida con el juez que va viendo todo el cargamento en furgones, van los grupos tácticos, se hizo a una hora segura para nosotros. Las carreteras más disponibles, no poníamos en riesgo a la población y llegamos a Liberia, donde estaban unos agentes de la DEA y los nuestros, montan en el avión y jalan.
¿De noche es más peligrosa una emboscada?
– Se hizo una valoración que hicieron los jefes tácticos y vieron que era menos riesgoso hacerlo de noche, todo funcionó, nadie detectó el convoy.
¿Cuánta gente de seguridad participó en el megaoperativo?
– Unos 200 que vigilaban los dos tráileres y los carros tácticos los custodiaban. Teníamos dispositivos en carretera, donde se visualizaban cuando pasaban, todo el camino estaba mapeado.
¿Cuántos agentes del OIJ saben que esa droga permanecía en la bodega?
– Muy pocos, le puedo decir que los dedos de una mano me quedan cortos.
¿Cuánto representa esa droga en colones?
– Un kilo de coca pura colocada en Miami cuesta $30 mil (¢15 millones).
¿Por qué dejaron acumular tanta droga?
– Con el incinerador nuestro quemábamos 400 kilos, mientras en la empresa que nos colaboraba eran 2 o 3 toneladas, ahora no tenemos dónde quemar. Empezamos a buscar y nadie quiere alegando que es un problema.
DIPUTADOS PIDEN CUENTAS
Pese a las respuestas del subdirector judicial, tanto el diputado José María Villalta como la legisladora Carmen Muñoz quieren explicaciones del gobierno, pues ven improcedente un envío tan grande de coca al norte, menos que se pagó a una empresa privada para la aparente destrucción.
Villalta agregó que el avión no tenía permiso para ingresar a suelo nacional.
“El avión no pidió autorización en la Asamblea Legislativa y estamos investigando al gobierno qué pasó porque no hay ninguna ley que regule la exportación de droga. Es una situación inédita que ingrese un avión del ejército estadounidense”, explicó.
Muñoz cuestionó la presencia de la aeronave en suelo nacional.
“Don Francisco (Segura, director del OIJ) me dijo que fue su error, seguramente dio por entendido que el tema es así, entendieron que había un permiso, insiste en que todo está bien, que el convenio lo establece, pero me genera desconfianza”, detalló.
Consultados los diputados Luis Gerardo Villanueva y Luis Fishman, indicaron que la nave militar estaba autorizada, aunque no dieron registros que respalden esa información y tampoco en cuanto al envío del cargamento.
Villanueva aseguró que las naves deben estar artilladas para que no les den permiso de ingresar al espacio aéreo costarricense.
“No sabemos las circunstancias en las que vino al país, la Asamblea Legislativa no podía tramitar tantos permisos. Se habla de aeronaves artilladas y de tropas”, acotó.
Fishman comentó que es un alboroto dada la confusión cuáles naves pueden ingresar y cuáles no.
“La Constitución es muy clara, el avión debe tener armas, si no está artillado no tiene que pedir permiso, se evidencia ignorancia. Se ha hecho una confusión entre funcionarios del OIJ y del Poder Ejecutivo, de acuerdo a las cadenas de custodia debía entregar la droga a la aeronave, tal como se hizo”, relató.